La anulación de la tasa de seguridad en el Valle del Cauca despertó dudas sobre el cobro que comenzó este año en Antioquia. Expertos explican las diferencias jurídicas y advierten que aún existen demandas contra el tributo departamental.
La decisión del Consejo de Estado de anular la ordenanza que permitía cobrar la tasa de seguridad a través de las facturas de energía en el Valle del Cauca abrió un nuevo debate en Antioquia, donde este mismo mecanismo comenzó a aplicarse recientemente para financiar proyectos de seguridad impulsados por la Gobernación.
Aunque ambos casos involucran un cobro destinado a fortalecer la seguridad ciudadana, especialistas en derecho público consideran que existen diferencias legales importantes entre las dos medidas, por lo que, por ahora, no puede afirmarse que la tasa de seguridad en Antioquia vaya a ser anulada.
¿Por qué el Consejo de Estado anuló la tasa de seguridad en el Valle del Cauca?
El alto tribunal concluyó que la Asamblea Departamental del Valle del Cauca no contaba con una habilitación legal suficiente para crear el tributo mediante la ordenanza expedida en 2016.
Además, la sentencia señaló que la norma tampoco definía de manera adecuada aspectos esenciales del impuesto, como el sujeto pasivo y la metodología para calcular la tarifa, elementos indispensables para la creación de un tributo.
¿La situación jurídica de Antioquia es diferente?
Según expertos consultados sobre el tema, el caso antioqueño cuenta con un respaldo normativo distinto.
La Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, promovida por el gobernador Andrés Julián Rendón, fue aprobada por la Asamblea Departamental con fundamento en normas posteriores a las utilizadas por el Valle del Cauca.
Entre ellas se encuentran:
- La Ley 2272 de 2022.
- La Ley 2200 de 2022.
- La Sentencia C-363 de 2023 de la Corte Constitucional.
Estas disposiciones habilitan a las asambleas departamentales para crear tasas destinadas a financiar fondos de seguridad y permiten vincular el cobro a la prestación de servicios públicos domiciliarios bajo determinadas condiciones.
Por esa razón, varios juristas consideran que la situación jurídica de Antioquia presenta diferencias frente al caso decidido por el Consejo de Estado.
¿La tasa de seguridad en Antioquia podría ser anulada?
Aunque algunos especialistas consideran que el cobro tiene un respaldo legal más sólido, la posibilidad de que sea revisado por la justicia sigue abierta.
Actualmente existen cinco demandas que buscan determinar la legalidad de la ordenanza que creó la tasa de seguridad en Antioquia.
Será la jurisdicción contencioso-administrativa la encargada de decidir si la medida cumple plenamente con los requisitos constitucionales y legales.
La polémica aumentó por las vigencias futuras
Mientras avanzan esos procesos judiciales, la Asamblea Departamental aprobó vigencias futuras por más de 176.000 millones de pesos, recursos que permitirán anticipar inversiones previstas dentro de la estrategia de seguridad del departamento.
La decisión también generó críticas desde algunos sectores políticos.
El diputado Luis Peláez advirtió que existe un riesgo fiscal si finalmente los jueces llegaran a declarar ilegal la tasa de seguridad, ya que los recursos comprometidos dependen de un recaudo cuya estabilidad todavía está siendo discutida en los tribunales.
¿Quiénes pagan la tasa de seguridad en Antioquia?
La contribución comenzó a cobrarse este año a través de las facturas de energía.
El tributo aplica para:
- Usuarios residenciales de estratos 4, 5 y 6.
- Sector comercial.
- Sector industrial.
Según la Gobernación, los recursos se destinarán a fortalecer la infraestructura, la tecnología, la movilidad y el equipamiento de la Fuerza Pública para combatir la criminalidad en el departamento.
¿Qué puede pasar ahora?
Por el momento, la tasa de seguridad continúa vigente y debe seguir pagándose, mientras los jueces resuelven las demandas presentadas contra la ordenanza.
La decisión adoptada por el Consejo de Estado en el Valle del Cauca no implica automáticamente que el mismo resultado vaya a producirse en Antioquia, debido a las diferencias en el sustento jurídico de ambos tributos.