La exsenadora aseguró que el Decreto 0765 de 2026 amplía las facultades de la Agencia Nacional de Tierras y advirtió que podría generar afectaciones sobre la propiedad privada antes de ser revisado por la justicia.
La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia cuestionó el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al asegurar que la norma representa un riesgo para la propiedad privada en Colombia. A través de sus redes sociales, la dirigente del Centro Democrático afirmó que el documento amplía de manera indebida las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y podría generar efectos jurídicos que, según su interpretación, exceden lo establecido por la ley.
Las declaraciones se conocen cuando restan pocos días para la finalización del mandato de Petro y en medio del debate nacional sobre el alcance de las medidas relacionadas con la reforma agraria impulsada por el Ejecutivo.
¿Qué cuestiona Paloma Valencia del decreto?
Según explicó Valencia, el Decreto 0765 modifica aspectos relacionados con el saneamiento de predios adquiridos o transferidos a la Agencia Nacional de Tierras para los fines previstos en la Ley 160 de 1994.
La exsenadora sostiene que la reglamentación permite que la ANT adopte decisiones que, en su criterio, corresponden a otras autoridades y podrían afectar derechos de los propietarios.
Entre los puntos que cuestionó se encuentran la posibilidad de cancelar determinados gravámenes, realizar procesos de posesión administrativa sobre predios y producir efectos registrales a partir de documentos relacionados con promesas de compraventa.
Para Valencia, estas disposiciones “exceden de forma peligrosa las facultades de la ley” y modifican aspectos del régimen registral mediante un decreto reglamentario.
El contenido del Decreto 0765 de 2026
La norma, expedida por el Ministerio de Agricultura, adiciona disposiciones a varios decretos reglamentarios relacionados con el sector agropecuario, la administración de justicia y la gestión de la propiedad rural.
Uno de los artículos establece que la Superintendencia de Notariado y Registro deberá crear un código registral especial destinado a identificar los predios declarados de utilidad pública para fines de reforma agraria o aquellos sobre los cuales la Agencia Nacional de Tierras tenga una promesa de compraventa acompañada del acta de entrega correspondiente.
De acuerdo con el texto oficial, dicho código tendría un carácter exclusivamente publicitario y no implicaría, por sí mismo, una limitación del derecho de dominio sobre los inmuebles.
Valencia cuestionó la rapidez con la que fue expedida la norma
Además del contenido del decreto, la dirigente política criticó el procedimiento utilizado para su expedición.
Según manifestó, el proyecto estuvo disponible para comentarios ciudadanos durante pocos días antes de ser firmado el pasado 15 de julio.
En su pronunciamiento aseguró que la rapidez con la que se adelantó el trámite podría convertirse en un elemento de discusión jurídica si la norma llega a ser demandada ante el Consejo de Estado.
Valencia afirmó que, de prosperar acciones judiciales contra el decreto, podrían generarse efectos difíciles de revertir sobre procesos relacionados con la transferencia y administración de tierras.
Debate sobre la reforma agraria
Las declaraciones de la exsenadora reactivan la discusión política sobre el alcance de la reforma agraria impulsada durante el Gobierno Petro.
Mientras sectores cercanos al Ejecutivo han defendido la necesidad de agilizar los procesos para facilitar el acceso a la tierra y fortalecer la política rural, voces de oposición consideran que algunas medidas podrían generar incertidumbre jurídica respecto a la propiedad privada.
El debate cobra especial relevancia porque el decreto fue expedido pocas semanas antes del cambio de gobierno y podría convertirse en uno de los temas que deberá analizar la nueva administración.
La discusión podría trasladarse a los tribunales
Aunque Paloma Valencia aseguró que la norma sería inconstitucional e ilegal, hasta el momento no existe una decisión judicial que determine la validez del Decreto 0765 de 2026.
En caso de presentarse demandas contra el acto administrativo, corresponderá al Consejo de Estado evaluar si el Gobierno actuó dentro de las facultades otorgadas por la ley o si, como sostiene la exsenadora, el decreto modificó aspectos que solo podrían ser regulados mediante una norma de mayor jerarquía.
Mientras tanto, el documento continúa vigente y mantiene abierto un nuevo frente de discusión política y jurídica sobre el futuro de la reforma agraria y la protección del derecho a la propiedad privada en Colombia.