El despliegue de la Fuerza Pública y la presencia del presidente Abelardo De La Espriella marcaron la respuesta del Gobierno ante la alteración del orden público en Santa Marta.
¿Qué está pasando en Santa Marta?
Santa Marta atraviesa una situación de seguridad marcada por el paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructura también conocida como Los Pachenca. La crisis se desencadenó después de una operación de la Fuerza Pública en la que murió José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de esa organización.
Tras ese operativo, las autoridades reportaron afectaciones en distintos puntos de Santa Marta y otros sectores del Caribe. Se registraron cierres de establecimientos comerciales, interrupciones en el transporte y restricciones para actividades cotidianas, mientras aumentaba la presencia de soldados y policías en las calles.
La respuesta del Gobierno Nacional incluyó el refuerzo de la presencia militar y policial en la capital del Magdalena. Presidencia informó que la instrucción fue proteger a la población, recuperar el control territorial y utilizar las capacidades de la Fuerza Pública dentro del marco constitucional y legal.
¿Por qué comenzó el paro armado?
El origen inmediato de la crisis está relacionado con la operación realizada contra integrantes de las ACSN.
De acuerdo con el reporte, durante el operativo murieron siete presuntos integrantes de la organización, entre ellos alias ‘Cholo’, y posteriormente el grupo anunció un paro armado de 48 horas que afectó a Santa Marta, la Troncal del Caribe y la zona bananera.
La situación se produjo después de otros golpes contra la estructura criminal. Semanas antes había muerto alias ‘Bendito Menor’, otro de los integrantes señalados como parte de la dirección de las ACSN.
El Gobierno de De La Espriella había decidido previamente terminar los procesos de diálogo que se adelantaban con esta organización. Presidencia informó el 30 de agosto que fueron terminados los espacios de conversación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, al considerar que no existían condiciones para continuar con ese proceso.
De esta manera, el escenario pasó de los acercamientos sociojurídicos a una nueva etapa de confrontación entre la estructura armada y la Fuerza Pública.
¿Qué hizo el Gobierno ante la crisis?
La reacción oficial incluyó el refuerzo inmediato de la presencia militar y policial en Santa Marta.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que viajaría personalmente a la ciudad para acompañar las operaciones y participar en el consejo de seguridad. Desde allí reiteró que el Gobierno no aceptaría que grupos armados restringieran la movilidad o las actividades de la población.
La Presidencia señaló que la instrucción a la Fuerza Pública consistía en “blindar la región”, recuperar el control territorial y utilizar las capacidades legítimas del Estado contra las estructuras criminales.
La medida tuvo como consecuencia una mayor presencia de uniformados en zonas urbanas y corredores estratégicos.
Durante una de sus visitas a Santa Marta, el mandatario también apareció patrullando junto a integrantes de la Fuerza Pública y portando un arma en el cinturón. La imagen generó discusión pública sobre el papel del presidente durante un operativo de seguridad y sobre la forma en que el Gobierno está comunicando su estrategia contra las organizaciones criminales. El Colombiano registró este episodio como uno de los elementos centrales de la respuesta oficial.
¿Por qué la presencia del presidente armado generó debate?
La aparición de De La Espriella con un arma durante su recorrido por Santa Marta se convirtió rápidamente en uno de los aspectos más comentados de la crisis.
La imagen fue difundida mientras el presidente acompañaba el despliegue de seguridad y recorría sectores de la ciudad junto a militares y miembros de su esquema de protección.
El hecho abrió una discusión política y pública sobre la exposición del mandatario en escenarios de riesgo, el mensaje que transmite la presencia de un jefe de Estado durante una operación de seguridad y la utilización de imágenes de este tipo como parte de la comunicación gubernamental.
El Gobierno, por su parte, ha presentado la ofensiva como una respuesta institucional frente a las amenazas de las organizaciones criminales.
En declaraciones oficiales, De La Espriella ha insistido en que las operaciones deben desarrollarse dentro de la Constitución y la ley, al tiempo que ha defendido el uso de las capacidades de la Fuerza Pública para recuperar el control territorial.
¿Qué delitos afectan a Santa Marta y la región?
La crisis no comenzó con el paro armado. El artículo señala que Santa Marta y Riohacha llevan años enfrentando la presencia de las ACSN y diferentes formas de criminalidad asociadas a esta estructura.
Según cifras citadas en ese informe, durante el primer semestre de 2026 se registraron 62 casos de extorsión y 400 amenazas en Santa Marta, mientras que el Gaula reportó 254 capturas relacionadas con este delito en operaciones contra estructuras como las ACSN y el Clan del Golfo.
La extorsión constituye una de las principales fuentes de financiación señaladas para estas organizaciones. Comerciantes, transportadores, trabajadores y personas vinculadas al turismo aparecen entre los sectores afectados por este tipo de prácticas.
La situación también tiene una dimensión territorial. Las ACSN mantienen presencia en sectores urbanos y rurales de Santa Marta, zonas de la Sierra Nevada y corredores hacia La Guajira, aunque el nivel de control no es necesariamente uniforme en todos esos territorios.
La disputa con otras organizaciones criminales, entre ellas el Clan del Golfo, añade complejidad al escenario de seguridad regional.
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¿Qué pasó con los diálogos entre las ACSN y el Gobierno?
Las ACSN habían sido incluidas durante el Gobierno anterior en procesos de acercamiento sociojurídico.
Según información publicada por Presidencia, el Gobierno actual decidió terminar estos procesos en agosto de 2026 y dejar sin efecto los reconocimientos y designaciones que permitían la participación de representantes de estas estructuras en los espacios de diálogo.
El Ejecutivo argumentó que los procesos no habían producido resultados suficientes y que no existían condiciones para justificar su continuidad.
Después de esa decisión se intensificaron las operaciones contra las ACSN. La muerte de alias ‘Cholo’ el 21 de septiembre fue uno de los principales golpes registrados contra la estructura y posteriormente se produjo el paro armado.
Este contexto permite entender que la crisis de Santa Marta no corresponde únicamente a un episodio aislado, sino a una confrontación que se desarrolla después de varios cambios en la estrategia estatal frente a la organización.
¿Qué consecuencias ha tenido el paro armado para los ciudadanos?
Uno de los principales efectos ha sido la alteración de actividades económicas y sociales.
Durante los momentos más críticos se reportaron establecimientos comerciales cerrados, interrupciones en el transporte público y una reducción considerable de la actividad en las calles. También se presentaron hechos violentos y ataques contra vehículos, según los reportes conocidos durante la emergencia.
La presencia militar aumentó en sectores estratégicos con el objetivo de proteger a comerciantes, transportadores y habitantes.
Sin embargo, el retorno a la normalidad depende no solamente del número de uniformados desplegados, sino también de la capacidad institucional para evitar nuevos ataques y garantizar que la población pueda desarrollar sus actividades sin amenazas.
En las últimas horas, las autoridades locales y departamentales comenzaron a acompañar la reapertura de establecimientos y pidieron a los ciudadanos retomar gradualmente sus actividades. El Colombiano reportó que comerciantes empezaron a regresar a sus negocios mientras continuaba la presencia de la Fuerza Pública.
¿Qué viene para Santa Marta?
El desafío inmediato es mantener la protección de la población y evitar que las ACSN vuelvan a imponer restricciones mediante amenazas o acciones violentas.
La respuesta del Gobierno también será observada en términos de resultados sostenidos. La operación contra alias ‘Cholo’ representa un golpe contra la estructura, pero la existencia de redes, fuentes de financiación y presencia territorial significa que la situación no se resuelve necesariamente con la caída de uno de sus dirigentes.
La crisis también pone a prueba la estrategia de seguridad anunciada por el nuevo Gobierno y su promesa de recuperar el control territorial en zonas donde operan estructuras criminales.
Por ahora, Santa Marta avanza entre el despliegue de la Fuerza Pública, la reapertura progresiva de actividades y la incertidumbre sobre la capacidad de las organizaciones criminales para mantener o repetir acciones de intimidación.
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Preguntas frecuentes
¿Qué grupo está detrás del paro armado en Santa Marta?
Las autoridades y el Gobierno atribuyeron el paro armado a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como Los Pachenca.
¿Por qué comenzó el paro armado?
El paro ocurrió después de una operación de la Fuerza Pública en la que murió José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de las ACSN.
¿Qué medidas tomó el Gobierno?
El Gobierno ordenó reforzar la presencia militar y policial en Santa Marta y anunció acciones para proteger a la población y recuperar el control territorial.
¿Qué pasó con los diálogos entre el Gobierno y las ACSN?
El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció en agosto de 2026 el fin del proceso de diálogo con las ACSN y dejó sin efecto los reconocimientos de sus representantes.
¿La crisis de seguridad ya terminó?
Los reportes más recientes muestran una reapertura progresiva de actividades en Santa Marta, aunque la Fuerza Pública continúa desplegada y las autoridades mantienen medidas de seguridad en la ciudad.
