Una tutela presentada en Bogotá llevó a un juzgado a ordenar al presidente abstenerse de participar, durante el ejercicio de sus funciones, en actos religiosos que impliquen una identificación del Estado con una confesión determinada.
¿Qué ordenó el juez a Abelardo De La Espriella?
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela presentada contra el presidente Abelardo De La Espriella y estableció una restricción relacionada con su participación en actos religiosos mientras ejerza como jefe de Estado.
La orden establece que el mandatario deberá abstenerse de participar, en ejercicio de sus funciones, en actos religiosos que impliquen una adhesión o identificación del Estado con una determinada confesión religiosa.
La decisión fue adoptada después de estudiar una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó que se habían vulnerado sus derechos a la libertad de conciencia y a la libertad de cultos, además del principio de laicidad del Estado.
El fallo no establece una prohibición general para que el presidente tenga creencias religiosas o participe en actividades privadas de carácter religioso. La orden está relacionada específicamente con su actuación en calidad de presidente y en ejercicio de sus funciones oficiales.
¿Qué originó la acción de tutela?
El proceso judicial se originó por la participación del mandatario en una jornada realizada en la Plaza de Bolívar de Bogotá, denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”.
La actividad fue convocada por el Gobierno Nacional después del terremoto registrado en Colombia el 10 de agosto de 2026 y tenía como propósito acompañar a las personas afectadas y promover acciones de solidaridad.
Durante esa jornada, De La Espriella participó en un acto relacionado con una imagen de la Virgen de Fátima. Según lo expuesto por el accionante, la actuación del presidente fue más allá de un acompañamiento institucional y representó una identificación oficial con una determinada confesión religiosa.
Ese argumento fue llevado ante los tribunales mediante una acción de tutela.
El ciudadano pidió que se protegieran sus derechos fundamentales y que se establecieran medidas para evitar que el jefe de Estado volviera a participar, desde sus funciones oficiales, en actos de carácter confesional.
¿Qué dijo el juez sobre la neutralidad religiosa?
Uno de los elementos centrales del fallo es el principio de laicidad y neutralidad religiosa del Estado colombiano.
La decisión judicial se apoyó, entre otros elementos, en jurisprudencia de la Corte Constitucional. El fallo cita la Sentencia T-124 de 2021, relacionada con los límites que deben observar las autoridades públicas cuando participan en asuntos de carácter religioso.
Según la argumentación recogida en la decisión, los funcionarios públicos deben actuar con especial prudencia frente a asuntos religiosos para garantizar la libertad de las diferentes creencias y convicciones.
El principio de laicidad implica que el Estado no puede establecer una religión oficial ni identificarse formalmente con una iglesia o confesión determinada.
A partir de esa consideración, el juzgado concluyó que la participación del presidente en el acto cuestionado debía ser analizada no solamente como una expresión personal de fe, sino teniendo en cuenta su condición de jefe de Estado.
¿La decisión prohíbe al presidente tener una religión?
No.
Este es uno de los puntos que resulta importante diferenciar.
El fallo no establece una prohibición sobre las creencias personales de Abelardo De La Espriella ni impide que el mandatario practique una religión en su ámbito privado.
La restricción está relacionada con su participación oficial en actos religiosos cuando dicha participación implique que el Estado se identifique o adhiera a una confesión específica.
Por lo tanto, la decisión se refiere al ejercicio de las funciones presidenciales y no a la libertad religiosa individual del mandatario.
El principio de libertad de cultos protege tanto a quienes profesan una religión como a quienes no tienen una creencia religiosa, y el fallo analiza precisamente la necesidad de preservar esa neutralidad desde las instituciones públicas.
¿Qué pasó con la ceremonia de la Virgen de Fátima?
El episodio que dio origen a la tutela ocurrió durante la jornada de solidaridad realizada en Bogotá.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en el proceso, el presidente participó directamente en la coronación de una estatua de la Virgen de Fátima.
El accionante consideró que este acto tenía un carácter inequívocamente religioso y que la participación del presidente, en su condición de jefe de Estado, podía comprometer el principio de neutralidad religiosa.
El juzgado acogió el argumento relacionado con la protección de la libertad de conciencia, libertad de cultos y laicidad estatal y concedió el amparo solicitado en ese punto.
La decisión, sin embargo, no significa que el juez haya cuestionado la realización de la jornada de solidaridad en sí misma.
El debate judicial estuvo concentrado en la participación específica del mandatario en el acto religioso.
¿Qué otras solicitudes hizo quien presentó la tutela?
La tutela no se limitó a pedir que el presidente se abstuviera de participar en actos religiosos de carácter oficial.
El accionante también solicitó medidas de reparación simbólica, entre ellas una declaración pública relacionada con el respeto a la neutralidad religiosa del Estado.
Además, pidió que se informara a la Procuraduría General de la Nación para que se evaluara la posibilidad de adelantar investigaciones disciplinarias.
El juzgado no concedió esas solicitudes adicionales.
En otras palabras, el fallo sí estableció una orden dirigida al presidente sobre su participación futura en determinados actos religiosos oficiales, pero no ordenó las otras medidas solicitadas por el ciudadano.
¿Qué significa que el fallo sea de primera instancia?
La decisión todavía puede ser impugnada.
Esto significa que el fallo del Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá no necesariamente constituye la última palabra dentro del proceso de tutela.
El presidente y las partes involucradas cuentan con los mecanismos procesales correspondientes para controvertir la decisión ante la instancia competente.
Por esta razón, el escenario jurídico podría cambiar si la decisión es impugnada y posteriormente revisada.
Mientras tanto, la orden establecida en primera instancia constituye la decisión judicial conocida hasta este 24 de septiembre de 2026.
¿Por qué el caso volvió a generar debate sobre la religión y el Estado?
La controversia se suma a otras discusiones surgidas alrededor de la participación de De La Espriella en ceremonias religiosas desde el comienzo de su mandato.
Durante la posesión presidencial del 7 de agosto también se realizó una ceremonia con componentes religiosos, situación que posteriormente fue objeto de otra controversia judicial.
En septiembre, además, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, ofreció disculpas públicas por la inclusión de un acto religioso durante la sesión de posesión presidencial y señaló que en futuras actividades oficiales se garantizaría la neutralidad religiosa del Estado.
Estos antecedentes ayudan a explicar por qué la nueva decisión judicial adquiere relevancia dentro del debate sobre los límites de la participación de los funcionarios públicos en actividades religiosas.
¿Qué diferencia existe entre una actividad privada y un acto oficial?
La diferencia está en el contexto en el que participa el funcionario.
Un presidente, como cualquier ciudadano, conserva sus derechos fundamentales, incluida la libertad de conciencia y de religión.
Sin embargo, cuando actúa como jefe de Estado representa institucionalmente al país. Por ello, el fallo considera que sus actuaciones oficiales deben respetar la neutralidad frente a las diferentes confesiones religiosas.
El punto central de la decisión no es determinar qué religión puede profesar una persona, sino establecer cuáles son los límites de una autoridad pública cuando participa en actividades religiosas utilizando o ejerciendo sus funciones oficiales.
Esta distinción resulta fundamental para entender el alcance de la tutela.
¿Qué viene ahora para De La Espriella?
El siguiente paso dependerá de si la decisión judicial es impugnada.
Si el fallo queda en firme, la orden establecida por el juzgado deberá ser observada durante el ejercicio de las funciones presidenciales.
En particular, el mandatario deberá evitar participar oficialmente en actos religiosos que impliquen una adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.
Mientras tanto, el debate sobre la separación entre las instituciones públicas y las diferentes confesiones religiosas continuará formando parte de la discusión jurídica y política del país.
La decisión también establece un precedente inmediato sobre la forma en que las actuaciones del jefe de Estado pueden ser examinadas cuando involucran manifestaciones religiosas dentro de eventos oficiales.
Una decisión sobre los límites del cargo presidencial
El fallo conocido este 24 de septiembre no elimina la libertad religiosa del presidente ni establece una prohibición general sobre sus creencias personales.
La orden judicial se concentra en otro aspecto: la manera en que puede participar en actos religiosos cuando actúa como jefe de Estado.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia consideró que determinadas actuaciones oficiales pueden comprometer el principio de neutralidad religiosa y, por esa razón, ordenó al presidente abstenerse de participar en actos que impliquen una adhesión o identificación del Estado con una confesión.
El fallo es de primera instancia y puede ser impugnado, por lo que todavía podría ser objeto de revisión.
Preguntas frecuentes
¿Qué le ordenó el juez a Abelardo De La Espriella?
Le ordenó abstenerse, en ejercicio de sus funciones como presidente, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una determinada confesión religiosa.
¿Por qué se presentó la tutela?
El ciudadano Julio Jair Mizger Díaz alegó que la participación del mandatario en un acto religioso vulneró la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.
¿Qué acto originó el proceso?
La tutela se relacionó con la participación de De La Espriella en la “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, realizada en la Plaza de Bolívar, donde participó en la coronación de una imagen de la Virgen de Fátima.
¿El presidente ya no puede participar en ninguna actividad religiosa?
La orden no establece una prohibición general sobre sus actividades religiosas personales. Se refiere a su participación, en ejercicio del cargo, en actos que impliquen una adhesión o identificación del Estado con una confesión.
¿El fallo es definitivo?
No necesariamente. Se trata de una decisión de primera instancia que puede ser impugnada.
¿El juez ordenó que De La Espriella ofreciera disculpas?
En esta decisión, el juzgado no concedió la solicitud de reparación simbólica o declaración pública de respeto a la neutralidad religiosa planteada por el accionante.
