El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó un borrador que modificaría el protocolo para atender manifestaciones. La propuesta contempla nuevas condiciones para la intervención policial, pero todavía no es una norma definitiva.
El Gobierno Nacional presentó un proyecto de decreto para modificar las reglas que regulan la actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones en Colombia.
La iniciativa, elaborada por el Ministerio del Interior, busca modificar y adicionar disposiciones del Decreto 003 de 2021, norma que actualmente establece el protocolo para la actuación de las autoridades durante las protestas y para la protección del derecho a la manifestación pacífica.
Uno de los cambios que más atención ha generado es la posibilidad de que la Policía intervenga directamente en determinadas circunstancias, incluso cuando los mecanismos de diálogo y mediación todavía estén desarrollándose.
El Gobierno sostiene que el propósito es establecer reglas más claras para diferenciar entre una manifestación pacífica y situaciones en las que se presenten hechos violentos o riesgos para otras personas.
Sin embargo, hay un elemento fundamental para entender la noticia: por ahora se trata de un borrador. El documento se encuentra en etapa de comentarios y, según la información publicada, el plazo para presentar observaciones está previsto hasta el 4 de octubre de 2026.
¿Qué cambiaría con el nuevo decreto?
El proyecto plantea modificar el procedimiento mediante el cual las autoridades deben actuar durante las manifestaciones.
Actualmente, el Decreto 003 de 2021 establece la primacía del diálogo y la mediación como elementos centrales de la actuación de las autoridades. La norma señala que estos mecanismos deben mantenerse incluso cuando se haya llegado a una etapa en la que pueda utilizarse la fuerza bajo las condiciones previstas.
El nuevo borrador plantea precisar las circunstancias en las que la Fuerza Pública podría intervenir de manera más inmediata.
Uno de los escenarios contemplados sería aquel en el que desde el comienzo de una concentración o movilización se presenten actos violentos, utilización de armas o explosivos, ataques contra terceros o situaciones que representen un riesgo grave.
En esos casos, la propuesta permitiría que las autoridades actúen sin tener que esperar a que se agoten todas las etapas previas de diálogo.
¿Significa que la Policía podrá intervenir cualquier protesta?
No.
La propuesta no establece que cualquier manifestación pueda ser intervenida automáticamente.
El punto central está en diferenciar una protesta pacífica de una concentración en la que se presenten determinadas conductas violentas o situaciones de riesgo.
De hecho, el propio Gobierno ha señalado públicamente que la protesta pacífica continuará siendo protegida.
El presidente Abelardo De La Espriella afirmó previamente que su administración garantizaría la protesta ejercida dentro del marco constitucional y legal, mientras que las autoridades deberían actuar frente a hechos de violencia, destrucción de infraestructura, ataques contra la Fuerza Pública o la población civil.
Por tanto, el debate del proyecto está principalmente relacionado con cuándo y bajo qué condiciones puede intervenir la autoridad.
El diálogo seguiría existiendo
Uno de los aspectos que puede generar confusión es pensar que el proyecto elimina el diálogo durante las protestas.
El borrador mantiene mecanismos de diálogo y mediación, pero plantea que estos puedan desarrollarse de manera paralela a determinadas actuaciones de la Fuerza Pública cuando existan hechos que justifiquen una intervención.
La Silla Vacía explicó que, bajo el nuevo planteamiento, el diálogo seguiría siendo la primera opción, pero no necesariamente tendría que agotarse antes de una intervención cuando desde el inicio existan hechos como violencia con armas, uso de explosivos, ataques a terceros o toma de rehenes.
Este cambio modifica la relación entre las etapas de diálogo y la intervención policial.
¿Qué situaciones permitirían intervenir?
De acuerdo con los detalles conocidos del borrador, la intervención podría producirse frente a situaciones que excedan el ejercicio pacífico de la manifestación.
Entre los escenarios mencionados aparecen:
- Actos de violencia desde el comienzo de la concentración.
- Uso o presencia de armas o explosivos.
- Ataques contra otras personas.
- Situaciones que representen un peligro grave.
- Toma de rehenes.
- Ataques contra integrantes de la Fuerza Pública.
- Daños o destrucción de infraestructura.
- Circunstancias que puedan configurar alteraciones extraordinarias del orden público.
La propuesta busca que las autoridades tengan criterios más definidos para determinar cuándo una situación deja de corresponder a una manifestación pacífica y requiere una respuesta policial.
¿Qué pasa con quienes participan pacíficamente?
El proyecto mantiene la protección del derecho a la protesta pacífica.
Esto es importante porque el borrador no plantea eliminar el derecho constitucional de reunión y manifestación.
El Decreto 003 de 2021, que se pretende modificar, establece expresamente que las actuaciones policiales deben garantizar el ejercicio de estos derechos y que las autoridades deben respetar los principios relacionados con la participación democrática y el pluralismo.
El Gobierno de De La Espriella ha reiterado esa distinción.
La Presidencia señaló que la administración busca garantizar la protesta pacífica, pero establecer mecanismos para actuar frente a hechos que impliquen violencia o afectaciones al orden público.
Una de las novedades: individualizar a quienes cometan actos violentos
Otro elemento planteado en el nuevo marco es la posibilidad de individualizar a las personas que promuevan o participen en actos violentos o vandálicos.
El propósito sería diferenciar a quienes ejercen legítimamente su derecho a manifestarse de quienes incurran en conductas que puedan constituir infracciones o delitos.
Esta distinción resulta relevante en manifestaciones multitudinarias, donde pueden coexistir personas que participan pacíficamente y otras que protagonizan hechos violentos.
El borrador busca establecer herramientas para que la respuesta estatal pueda dirigirse hacia quienes estén involucrados en esas conductas específicas.
La Policía tendría una presencia más definida
El proyecto también plantea modificaciones relacionadas con la presencia policial durante las movilizaciones.
Según la información conocida del documento, se contempla un acompañamiento policial constante, con uniformados ubicados a determinada distancia de las manifestaciones.
El Espectador reportó que el borrador de 24 artículos plantea una presencia policial de aproximadamente cuatro metros de distancia durante estos escenarios.
El objetivo planteado es que las autoridades puedan hacer seguimiento al desarrollo de las movilizaciones y responder ante situaciones que requieran intervención.
¿Qué relación tiene esto con las universidades?
La discusión sobre las protestas también está relacionada con las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno para las universidades públicas.
En septiembre, el presidente De La Espriella anunció la creación de un protocolo para establecer las circunstancias en las que la Policía podría ingresar a universidades cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo o situaciones extraordinarias de orden público.
El mandatario sostuvo que la autonomía universitaria continuará vigente, pero planteó que esta no impediría la actuación de las autoridades frente a hechos relacionados con el orden público.
El nuevo proyecto de decreto sobre manifestaciones forma parte de ese contexto más amplio de cambios en los protocolos de seguridad y actuación policial.
¿Qué norma se quiere modificar?
El documento presentado por el Gobierno modifica el Decreto 003 de 2021.
Esta norma fue expedida para establecer un protocolo denominado “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.
El decreto actualmente vigente establece diferentes principios para la actuación de las autoridades, entre ellos:
- Protección de los derechos fundamentales.
- Garantía de la manifestación pública y pacífica.
- Primacía del diálogo.
- Mediación.
- Uso de la fuerza bajo principios establecidos.
- Coordinación entre las autoridades.
El nuevo Gobierno busca modificar algunas de esas reglas para precisar cuándo la Policía puede intervenir.
¿Ya está aprobado el nuevo protocolo?
No.
Este es uno de los datos más importantes de la noticia.
El documento conocido actualmente es un proyecto de decreto que se encuentra en etapa de comentarios.
El Gobierno abrió el texto para recibir observaciones y el plazo informado para participar en ese proceso llega hasta el 4 de octubre de 2026.
Por lo tanto, el contenido todavía puede ser objeto de modificaciones antes de que eventualmente se expida una versión definitiva.
Esto significa que los detalles conocidos actualmente corresponden a la propuesta y no deben confundirse con nuevas reglas que ya estén vigentes.
¿Por qué el Gobierno quiere modificar las reglas?
La administración de Abelardo De La Espriella ha planteado que necesita establecer una diferencia más clara entre protesta legítima y hechos violentos.
El Gobierno sostiene que la manifestación pacífica debe continuar protegida, pero considera necesario fortalecer las herramientas de las autoridades cuando durante una protesta se presenten ataques contra personas, infraestructura o integrantes de la Fuerza Pública.
La iniciativa también llega después de que el presidente anunciara cambios en los protocolos relacionados con las universidades públicas.
De esta manera, el proyecto forma parte de una política más amplia del actual Gobierno para modificar la respuesta estatal frente a situaciones de alteración del orden público.
¿Qué podría pasar después del 4 de octubre?
Una vez termine el periodo de comentarios, el Gobierno deberá revisar las observaciones recibidas.
A partir de ese proceso podría mantener el texto, introducir modificaciones o ajustar algunos de los artículos antes de expedir una versión definitiva.
Por eso, todavía es necesario esperar para conocer qué disposiciones quedarán finalmente incorporadas.
También será relevante observar cómo se aplicarán las nuevas reglas en la práctica y cuáles serán los mecanismos de control frente a las actuaciones de la Fuerza Pública.
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El debate está entre protesta y seguridad
El proyecto vuelve a poner en el centro una discusión que ha acompañado a Colombia durante diferentes ciclos de movilización social: cómo garantizar el derecho a protestar y, al mismo tiempo, responder frente a hechos de violencia que ocurran durante una manifestación.
El Gobierno plantea que las autoridades necesitan mayor claridad para intervenir rápidamente en determinadas circunstancias.
El marco actualmente vigente, por su parte, establece la prioridad del diálogo y la mediación como elementos centrales de la actuación policial.
La modificación propuesta busca cambiar parte de esa relación, permitiendo que en determinadas circunstancias la intervención pueda ocurrir mientras continúan abiertos los mecanismos de diálogo.
Lo que se sabe hasta ahora
El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó un proyecto para modificar las reglas que regulan la actuación policial durante las protestas.
La propuesta contempla mayores facultades de intervención en determinados escenarios, especialmente cuando existan hechos violentos, armas, explosivos, ataques contra terceros o riesgos graves.
Al mismo tiempo, el Gobierno afirma que la protesta pacífica continuará protegida y que el diálogo seguirá formando parte del protocolo.
La diferencia principal estaría en que, bajo el nuevo esquema propuesto, las autoridades no necesariamente tendrían que esperar a que se agoten todas las etapas de diálogo antes de intervenir cuando se presenten determinadas situaciones.
Pero todavía no se trata de una norma definitiva.
El borrador está abierto a comentarios hasta el 4 de octubre, por lo que el texto puede cambiar antes de una eventual expedición.
El siguiente paso será conocer la versión definitiva y las condiciones concretas que establecerá el Gobierno para la actuación de la Policía durante las manifestaciones en Colombia.
