El organismo de control ordenó una inspección y solicitó documentos para establecer cómo se realizaron las vinculaciones contractuales de Deicy con entidades estatales. La revisión busca identificar a los responsables de autorizar y supervisar esos contratos.
La contratación de Deicy Jiménez con entidades públicas continúa generando actuaciones de los organismos de control. En medio de las denuncias que dieron origen al caso, la Procuraduría General de la Nación adelanta una indagación previa y solicitó información sobre los contratos y las vinculaciones que habría tenido la mujer con diferentes instituciones del Estado.
La actuación incluye requerimientos al Congreso de la República, a través de su Dirección General Administrativa, para conocer los documentos relacionados con posibles contratos de prestación de servicios y establecer quiénes participaron en su trámite, aprobación y supervisión.
El propósito es verificar si las vinculaciones respondieron a necesidades institucionales, cuáles fueron las actividades asignadas y si las obligaciones contractuales se cumplieron.
La revisión se produce después de que Deicy Jiménez entregara declaraciones a la revista Semana, en las que denunció presuntas irregularidades relacionadas con la obtención de contratos estatales. Sus afirmaciones motivaron actuaciones de las autoridades, pero los señalamientos todavía deben ser verificados.
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¿Qué busca establecer la Procuraduría sobre los contratos?
La Procuraduría solicitó a cinco entidades estatales información sobre posibles contratos, órdenes de prestación de servicios u otras formas de vinculación de Deicy Jiménez desde 2019.
Las instituciones requeridas son:
- Congreso de la República, por medio de la Dirección General Administrativa.
- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
- Ministerio del Interior.
- Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
- Superintendencia Nacional de Salud.
En caso de encontrar contratos o vinculaciones, las entidades deberán aportar certificaciones, copias de los documentos, valores, hojas de vida y detalles de las funciones desarrolladas.
También se busca conocer quiénes suscribieron los contratos, quiénes ejercieron labores de supervisión y cuál es el estado de cada vinculación.
Esta información permitirá reconstruir el recorrido administrativo de los acuerdos y establecer si existen elementos que ameriten avanzar en las investigaciones disciplinarias.
Los contratos de Deicy Jiménez que fueron identificados
Una de las revisiones públicas sobre el caso fue presentada por la concejal de Bogotá Sandra Forero, quien aseguró haber identificado diez contratos de prestación de servicios relacionados con Deicy Jiménez, suscritos entre 2021 y 2026.
Según la información divulgada por la cabildante, siete contratos corresponderían al Congreso de la República, dos al Ministerio del Interior y uno a la Superintendencia de Vigilancia.
Forero indicó que el valor acumulado de los contratos alcanzaría aproximadamente los $133 millones y anunció que presentó denuncias ante la Procuraduría y la Contraloría para que se revisaran las condiciones de esas vinculaciones.
Entre los documentos mencionados se encuentra un contrato con el Ministerio del Interior por $30.457.000, con vigencia entre el 30 de enero y el 31 de diciembre de 2026, cuyo objeto estaba relacionado con actividades de apoyo a la gestión.
La concejal planteó interrogantes sobre las labores realizadas, los informes entregados y las personas que autorizaron los pagos. Sin embargo, corresponde a las autoridades establecer si existieron irregularidades y si los servicios contratados fueron efectivamente prestados.
¿Quiénes firmaron y supervisaron los contratos?
Uno de los puntos centrales de la revisión es determinar qué funcionarios participaron en cada proceso contractual.
No basta con establecer que existieron contratos o conocer sus valores. Los organismos de control también buscan identificar quién solicitó los servicios, quién aprobó las vinculaciones, quién verificó el cumplimiento de las obligaciones y quién autorizó los pagos.
Por esta razón, la Procuraduría pidió información sobre los contratantes y supervisores, así como detalles de las funciones que cada uno tenía a su cargo.
La revisión también permitirá establecer si las actividades desarrolladas por Jiménez correspondían a los objetos contractuales registrados y a las necesidades de las entidades.
La revista Semana también deberá entregar información
Dentro de las diligencias, la Procuraduría solicitó a la revista Semana una copia completa de la entrevista publicada el 25 de octubre de 2026, en la que Deicy Jiménez expuso sus denuncias.
El organismo de control también requirió los datos de contacto de la mujer para avanzar en las verificaciones y conocer directamente su versión de los hechos.
Además, la actuación contempla la revisión de posibles irregularidades administrativas en la contratación, presunta extralimitación de funciones y eventuales conductas de acoso y violencia de género contra mujeres que habrían sido vinculadas mediante contratos estatales.
La entidad busca individualizar a los posibles responsables y precisar cuáles conductas podrían tener relevancia disciplinaria.
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¿En qué etapa está la investigación?
Por ahora, la Procuraduría adelanta una indagación previa contra funcionarios por determinar de las entidades requeridas.
Esta etapa tiene como finalidad verificar la información disponible, establecer si ocurrieron las conductas denunciadas e identificar a las personas que eventualmente podrían tener responsabilidad.
Es importante precisar que la apertura de una indagación previa no significa que los funcionarios mencionados sean responsables de una falta disciplinaria. Tampoco demuestra que los contratos hayan sido utilizados de manera irregular.
La existencia de contratos públicos, por sí sola, no prueba las circunstancias denunciadas por Jiménez. Para llegar a conclusiones será necesario examinar los expedientes, las obligaciones pactadas, los soportes de ejecución y las actuaciones de los funcionarios que intervinieron.
¿Qué sigue en el caso de Deicy Jiménez?
Las respuestas de las entidades y los documentos solicitados serán fundamentales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
La Procuraduría deberá analizar si las vinculaciones se ajustaron a las necesidades del servicio público, si las actividades contratadas fueron ejecutadas y si los funcionarios encargados cumplieron sus deberes.
Paralelamente, la revisión de los contratos identificados por la concejal Sandra Forero podría aportar elementos para determinar si existen aspectos administrativos o fiscales que requieran actuaciones adicionales.
El caso mantiene la atención sobre los mecanismos de contratación estatal y los controles que deben garantizar que los recursos públicos se utilicen para cumplir funciones institucionales.
La pregunta central ahora es qué revelarán los expedientes: quién autorizó los contratos, qué servicios se prestaron y qué responsabilidades podrían establecer los organismos de control.
