El Instituto Anticorrupción y la Red de Veedurías de Colombia acudieron a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para solicitar que se examinen los señalamientos divulgados por Deicy Jiménez. Las denuncias buscan establecer si hubo irregularidades en la contratación pública y utilización de recursos estatales para fines particulares.
Una nueva denuncia contra Gustavo Petro llegó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, luego de las revelaciones realizadas por Deicy Jiménez sobre un supuesto intercambio de favores sexuales por contratos con entidades del Estado.
La acción fue presentada el 25 de octubre de 2026 por el Instituto Anticorrupción, dirigido por Camilo Enciso Vanegas, y también fue remitida a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que las autoridades determinen qué actuaciones corresponden a sus competencias.
La denuncia solicita investigar posibles irregularidades en la contratación estatal, el eventual uso de recursos públicos para fines particulares y otras conductas que podrían tener relevancia penal.
Los señalamientos se originan en el testimonio de Jiménez publicado por SEMANA, en el que aseguró que habría existido una relación entre encuentros sexuales y la adjudicación o continuidad de contratos públicos.
Es importante aclarar que estas afirmaciones todavía deben ser verificadas por las autoridades. La presentación de una denuncia no demuestra que los hechos hayan ocurrido ni establece la responsabilidad de las personas mencionadas.
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¿Qué denuncia presentaron contra Gustavo Petro?
El Instituto Anticorrupción solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación que examine las declaraciones de Deicy Jiménez y establezca si existen elementos para adelantar una investigación por posibles irregularidades en la contratación pública.
De acuerdo con el documento, la denuncia plantea que presuntamente se habrían utilizado contratos estatales para favorecer intereses particulares y que podrían existir conductas relacionadas con el tráfico de influencias y el uso indebido de recursos públicos.
La organización también pidió establecer qué autoridad debe investigar los hechos, teniendo en cuenta que los señalamientos hacen referencia a diferentes periodos de la trayectoria política de Petro, tanto cuando ejercía como congresista como durante su etapa presidencial.
El documento menciona posibles delitos que deben ser examinados, entre ellos:
- Peculado por apropiación.
- Interés indebido en la celebración de contratos.
- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
- Tráfico de influencias.
- Cohecho.
- Concusión.
- Posibles delitos contra la libertad e integridad sexual.
La inclusión de estas conductas corresponde a hipótesis jurídicas planteadas en la denuncia y no significa que hayan sido demostradas o que exista una imputación por cada una de ellas.
Deicy Jiménez: el origen de los señalamientos
El caso tomó relevancia pública después de que Deicy Jiménez entregara una entrevista a SEMANA, en la que relató presuntas irregularidades relacionadas con contratos estatales y encuentros sexuales con Gustavo Petro.
Según su testimonio, habría existido una red de mujeres, intermediarios y encuentros en los que supuestamente se ofrecían contratos públicos. También mencionó posibles amenazas y represalias.
Jiménez aseguró que los hechos estarían relacionados con entidades como el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
La denuncia del Instituto Anticorrupción solicita que estas declaraciones sean contrastadas con documentos oficiales, expedientes contractuales y testimonios de personas que puedan aportar información.
La veracidad de las afirmaciones deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes y el análisis de las pruebas que sean incorporadas a los expedientes.
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¿Qué contratos y entidades piden revisar?
Uno de los puntos centrales de la denuncia es determinar si los contratos mencionados por Jiménez cumplieron los requisitos legales y si los servicios contratados fueron efectivamente prestados.
Por esa razón, el Instituto Anticorrupción solicitó revisar documentación relacionada con procesos contractuales en el Congreso, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Entre los elementos que pide examinar están:
- Los contratos y sus modificaciones.
- Los estudios previos y documentos de selección.
- Las hojas de vida y soportes de experiencia de las personas contratadas.
- Los informes de supervisión y productos entregados.
- Los pagos realizados con recursos públicos.
- Los documentos disponibles en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
La intención es establecer si existieron irregularidades en la contratación, si los recursos se utilizaron conforme a su finalidad y si hubo posibles conflictos de interés o intervención indebida de funcionarios.
La denuncia también solicita recibir declaraciones de personas mencionadas en el testimonio, entre ellas la senadora María José Pizarro y el ministro Armando Benedetti. Su mención en el documento no implica que exista responsabilidad comprobada.
¿Qué otras autoridades investigan las denuncias?
El caso no se limita a la Comisión de Investigación y Acusación. La Fiscalía General de la Nación anunció una indagación relacionada con las posibles irregularidades en la contratación de mujeres durante el anterior Gobierno.
Según la información divulgada por el ente acusador, fueron citadas a entrevista las exdirectoras del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez y Laura Sarabia, para que entreguen información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.
La Fiscalía también precisó que los señalamientos relacionados con el periodo en el que Petro ejerció como congresista corresponden a la competencia de la Corte Suprema de Justicia, mientras que los relacionados con su etapa presidencial deben tramitarse ante la Comisión de Investigación y Acusación, conforme a las competencias constitucionales.
Por otra parte, el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, presentó una denuncia adicional ante la Comisión. En ella solicitó que se examinen posibles responsabilidades políticas, disciplinarias y penales a partir de las revelaciones conocidas públicamente.
Así, distintas autoridades deberán determinar qué hechos les corresponde investigar y si existen elementos suficientes para avanzar en actuaciones judiciales o disciplinarias.
¿Qué se sabe de los contratos de Deicy Jiménez?
La FM informó que, al consultar registros del Portal Anticorrupción de Colombia, identificó diez contratos de Jiménez con entidades estatales entre 2021 y 2026.
Según esa información, siete estarían relacionados con entidades del Congreso, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Uno de los contratos reportados fue suscrito con el Ministerio del Interior el 21 de enero de 2026, por un valor de $30.457.000 y con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de ese año.
El objeto contractual estaba relacionado con actividades de apoyo a la consolidación de informes para hacer seguimiento a proyectos financiados o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
La existencia de contratos no demuestra por sí misma que se hayan cometido irregularidades. Las autoridades deberán establecer si los procesos cumplieron las normas, si los servicios fueron prestados y si existió alguna relación indebida entre la contratación y los hechos denunciados.
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¿Qué sigue para la denuncia contra Petro?
El siguiente paso consiste en que las autoridades revisen el contenido de las denuncias, determinen su competencia y establezcan qué pruebas deben recopilar para verificar los señalamientos.
Entre las diligencias solicitadas por el Instituto Anticorrupción están recibir una declaración formal de Deicy Jiménez, identificar a otras posibles afectadas, revisar los expedientes contractuales y escuchar a funcionarios o personas que puedan aportar información.
También se solicitó evaluar medidas de protección para posibles testigos y preservar el material probatorio, respetando las garantías legales y la reserva de las fuentes periodísticas.
Por ahora, el caso se encuentra en una etapa de verificación e investigación. No existe una decisión judicial que establezca que Gustavo Petro haya intercambiado favores sexuales por contratos estatales.
Las actuaciones de la Comisión de Acusación, la Fiscalía y la Corte Suprema serán determinantes para establecer si las declaraciones divulgadas tienen respaldo probatorio y si existen responsabilidades que deban ser examinadas por la justicia
