Ajuste fiscal es la estrategia que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió este miércoles 18 de noviembre ante las comisiones económicas del Congreso, asegurando que los bienes básicos, los agroinsumos y la medicina prepagada quedarán completamente excluidos de nuevas cargas tributarias. El funcionario expuso las metas de la iniciativa gubernamental ante los legisladores.
Detalles del recorte y los bienes protegidos
La propuesta oficial busca sanear las cuentas estatales mediante una reducción del gasto público calculada en $23,7 billones. Esta contención de recursos comprende una disminución sostenida de aproximadamente ocho billones de pesos anuales en los gastos de funcionamiento del Estado hasta el año 2030, con el fin de corregir los desbalances presupuestales acumulados.
Dentro del esquema de ajuste fiscal, la administración nacional planea aplicar una reducción del 50 % en la contratación por prestación de servicios en las distintas entidades del Estado. Asimismo, se contempla una disminución cercana al 20 % en los gastos correspondientes a nómina pública, con la excepción expresa de las áreas destinadas a la defensa y a la seguridad.
Para complementar estas medidas, el Ministerio de Hacienda plantea una revisión integral sobre 189 transferencias que ejecuta el Estado actualmente. El plan incluye la posibilidad de fusionar o suprimir dependencias estatales, junto con la venta organizada de bienes e inmuebles públicos que permanecen en desuso y no aportan a la gestión gubernamental.
De esta manera, la denominada Ley de Rescate concentra sus esfuerzos de ahorro en el funcionamiento interno del aparato estatal sin alterar el régimen de los elementos esenciales de consumo. El ministro enfatizó que mantener fuera del gravamen a los alimentos cotidianos, los suministros agropecuarios y los servicios médicos prepagados es una decisión orientada a proteger el bienestar de la ciudadanía durante este periodo de ajuste fiscal.
¿Por qué el Gobierno plantea un ajuste fiscal?
Durante su comparecencia, Gómez Martínez explicó que Colombia ha mantenido un crecimiento económico promedio de apenas 1,6 % anual en el transcurso de los últimos cuatro años. Este bajo dinamismo se ha desarrollado en un entorno caracterizado por presiones inflacionarias constantes, mayores costos crediticios a escala global y niveles de inversión debilitados.
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Uno de los motivos centrales detrás del desequilibrio fiscal radica en que el nivel de gasto estatal no retornó a los parámetros previos a la emergencia sanitaria. El ministro argumentó que la estructura estatal conservó el escalón superior de erogaciones que se adoptó durante la pandemia, lo cual impidió un regreso natural a los balances financieros ordinarios.
A este panorama se suma el comportamiento de los ingresos del Estado, que experimentaron un repunte temporal en los años 2023 y 2024 antes de retornar a sus niveles habituales. Si no se consolida un ajuste fiscal oportuno mediante la Ley de Rescate, la brecha entre los recursos disponibles y las erogaciones elevará peligrosamente la deuda del país y las obligaciones por intereses.
El ministro advirtió ante los congresistas que una falta de acción dejaría la corrección en manos de los mercados internacionales. Gómez Martínez sostuvo que, de ocurrir un ajuste desordenado, se podrían desencadenar impactos críticos como la pérdida de más de medio millón de empleos, junto con un descenso en el ingreso per cápita y un aumento de la pobreza.
Estabilización de las finanzas y fomento a la inversión
El jefe de la cartera económica dejó en claro que este esfuerzo macroeconómico tiene como meta frenar el avance del endeudamiento y no reducirlo de forma absoluta. El ajuste fiscal proyectado representa el equivalente al 4,7 % del PIB para el año 2030, una meta concebida para estabilizar las obligaciones soberanas en torno al 64 % del producto interno bruto.
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Para impulsar la actividad productiva de forma paralela a la reducción del gasto público, el proyecto incorpora el Régimen Unificado de Grandes Empresas. Este mecanismo prevé otorgar una estabilidad tributaria durante un periodo de 16 años, sumada a tarifas especiales en el impuesto de renta para aquellas corporaciones que ejecuten desembolsos de capital en el territorio nacional.
Según las estimaciones oficiales, este incentivo corporativo permitiría movilizar recursos frescos por un valor superior a $27 billones, cifra que excede el 1,4 % del PIB. Con estas herramientas, la propuesta legislativa pretende dinamizar los sectores estratégicos mientras se avanza en la consolidación de este ajuste fiscal.
Medidas de control tributario y próximos pasos en el debate
El fortalecimiento institucional también forma parte de las prioridades contenidas en el articulado. La iniciativa otorga facultades adicionales a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para intensificar la fiscalización contra la evasión fiscal, la elusión y el contrabando, además de acelerar la recuperación de la cartera morosa que adeudan diversos contribuyentes.
Estas acciones de cobro y supervisión pretenden asegurar que el proceso de ajuste fiscal cuente con un respaldo efectivo en los ingresos corrientes del Estado. Al optimizar la gestión de cobro y evitar las fugas de recursos, las autoridades fiscales esperan garantizar que la deuda del país no supere los umbrales de sostenibilidad proyectados hacia el cierre de la década.
El debate legislativo continuará en el Congreso, donde las distintas bancadas deberán evaluar el alcance de los artículos planteados por el Ministerio de Hacienda. Gómez Martínez enfatizó que el país se encuentra ante una oportunidad decisiva para estabilizar su economía y crear condiciones sostenibles de crecimiento, reiterando que la Ley de Rescate busca evitar un deterioro financiero de proporciones mayores.
Fuente: elcolombiano.com