El exjefe de la Contraloría acudió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a la Fiscalía para solicitar que se investiguen los presuntos perfilamientos realizados durante el Gobierno Petro.
El excontralor general Carlos Felipe Córdoba presentó denuncias contra el expresidente Gustavo Petro para que las autoridades investiguen su presunta relación con los seguimientos y perfilamientos que habría realizado la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante su administración.
La información fue revelada, que conoció las denuncias radicadas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General de la Nación. El exfuncionario busca que se esclarezca quién habría ordenado estas actividades, quiénes participaron y si se utilizaron recursos de inteligencia estatal para obtener información sobre personas críticas del Gobierno.
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¿Por qué denunció Carlos Felipe Córdoba a Gustavo Petro?
Según la publicaciónes, Córdoba sustentó sus denuncias en las revelaciones sobre presuntos seguimientos y perfilamientos a dirigentes políticos, periodistas y funcionarios de organismos de control durante el Gobierno Petro, entre 2022 y 2026.
El nombre del excontralor aparecería entre las personas que habrían sido objeto de estas actividades. La investigación periodística señala que la DNI habría recopilado información sobre personas consideradas opositoras o críticas de la administración.
En la denuncia presentada ante la Comisión de Acusaciones, Córdoba citó los hallazgos divulgados por el medio y solicitó investigar si Petro tenía conocimiento de las actuaciones y si existió una utilización indebida de información reservada.
El excontralor también pidió que se examinen posibles conductas relacionadas con el uso irregular de información privilegiada y un eventual concierto para delinquir. Estas son hipótesis que deberán ser evaluadas por las autoridades competentes y no constituyen, por sí mismas, una declaración de responsabilidad penal.
¿Qué papel habría tenido la Dirección Nacional de Inteligencia?
La DNI es el organismo estatal encargado de desarrollar actividades de inteligencia estratégica para el Estado colombiano. Sin embargo, las denuncias divulgadas cuestionan si sus capacidades se habrían utilizado para recopilar información sobre opositores políticos y personas consideradas incómodas para el Gobierno.
Según los reportajes publicados, una auditoría forense habría identificado información sobre seguimientos, consultas en bases de datos y posibles intervenciones de comunicaciones relacionadas con diferentes figuras públicas.
Entre los nombres mencionados en esas publicaciones aparecen el exfiscal general Francisco Barbosa, la exvicefiscal Martha Mancera, la exprocuradora Margarita Cabello, los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, el excontralor Carlos Felipe Córdoba y la periodista Vicky Dávila, entre otros.
Las revelaciones han motivado solicitudes para que se investigue el origen de las órdenes, la legalidad de los procedimientos y el destino de la información recopilada. No obstante, la existencia de menciones en informes o denuncias no demuestra por sí sola que cada persona haya sido objeto de una actuación ilegal ni establece quién habría impartido instrucciones.
¿Qué solicitan las denuncias contra el expresidente?
Córdoba busca que las autoridades establezcan si Gustavo Petro conocía los presuntos seguimientos y si tuvo alguna participación en las decisiones que habrían permitido estas actividades.
La denuncia también plantea que se investigue la posible utilización de información reservada y la eventual existencia de una estructura coordinada para recopilar datos sobre determinadas personas.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara tiene competencias relacionadas con las investigaciones contra altos dignatarios del Estado, mientras que la Fiscalía debe evaluar los hechos que correspondan a su ámbito de actuación. La determinación de las responsabilidades dependerá de las pruebas que se recauden y de las decisiones que adopten las autoridades.
Hasta que se establezcan judicialmente los hechos, las acusaciones deben entenderse como señalamientos sujetos a investigación. La presentación de una denuncia no equivale a una condena ni demuestra que el denunciado haya cometido los delitos mencionados.
Un escándalo que involucra a figuras políticas y organismos de control
La denuncia de Córdoba se suma a las reacciones de otras personas que aparecen en los reportajes sobre los presuntos seguimientos de la DNI.
El exfiscal Francisco Barbosa también solicitó investigar las revelaciones, mientras que otros dirigentes y exfuncionarios han reclamado que se esclarezca quién habría ordenado las actuaciones, qué información se obtuvo y a quién pudo llegar.
Uno de los puntos centrales de la controversia es determinar si las capacidades de inteligencia estatal se utilizaron conforme a la ley o si existieron actuaciones dirigidas a recopilar información con fines políticos.
El debate también pone sobre la mesa la protección de la privacidad, los límites de las labores de inteligencia y los controles que deben existir para impedir posibles abusos de poder.
¿Qué sigue en el caso?
Las denuncias presentadas por Córdoba buscan activar la revisión de las autoridades y esclarecer las responsabilidades que puedan surgir de las revelaciones periodísticas.
La investigación deberá determinar si los presuntos seguimientos ocurrieron, qué procedimientos se utilizaron, si contaban con autorización legal y quiénes habrían participado en las decisiones operativas.
También será necesario establecer si hubo uso indebido de información reservada y si existen elementos que permitan vincular a funcionarios o exfuncionarios con conductas penalmente relevantes.
Por ahora, el caso se encuentra en una etapa en la que las denuncias y los hallazgos divulgados deben ser contrastados con pruebas. El avance de las actuaciones será determinante para conocer el alcance de las presuntas irregularidades y establecer si existe responsabilidad individual.
La denuncia de Carlos Felipe Córdoba suma un nuevo capítulo a la controversia por el manejo de la inteligencia estatal durante el Gobierno Petro. El punto central será establecer, con evidencia y decisiones judiciales, quién ordenó las actuaciones denunciadas, cómo se ejecutaron y si se vulneraron los derechos de las personas mencionadas.
