Cuatro candidatos no alcanzaron el umbral electoral para acceder a la reposición de votos, pero eso no significa que deban devolver automáticamente los anticipos recibidos. El CNE tendrá que revisar cómo se gastó cada peso de los recursos públicos.
El destino de $21.567 millones entregados por el Estado a cinco campañas presidenciales quedó bajo la lupa después de las elecciones de 2026. Los recursos fueron girados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la última semana de la contienda para ayudar a financiar los gastos electorales de los candidatos. Sin embargo, los resultados en las urnas abrieron una discusión sobre las condiciones para conservar ese dinero y los casos en los que podría exigirse su devolución.
Las campañas beneficiadas fueron las de Mauricio Lizcano, Santiago Botero, Sondra Macollins, Sergio Fajardo y Claudia López. De acuerdo con la información publicada, los desembolsos sumaron $21.567 millones y se realizaron mediante resoluciones expedidas por el organismo electoral en 2026.
El resultado electoral dejó una diferencia importante: de los cinco candidatos que recibieron los anticipos, únicamente Sergio Fajardo superó el umbral del 4 % de los votos válidos que permite acceder a la reposición de gastos por voto. Los otros cuatro quedaron por debajo de ese requisito.
A primera vista, esto podría llevar a pensar que quienes no alcanzaron el porcentaje exigido deben reintegrar la totalidad del dinero. Sin embargo, la legislación contempla una excepción para las campañas presidenciales: los recursos anticipados no tienen que devolverse si fueron gastados de conformidad con la ley.
Por eso, el debate no se limita al resultado electoral. También dependerá de la revisión de los informes financieros, los soportes de cada gasto y las auditorías que adelante el CNE.
¿Cuánto dinero recibió cada candidato?
Los anticipos fueron distribuidos entre cinco candidaturas. Según las resoluciones citadas, estos fueron los montos entregados:
| Candidato | Anticipo recibido |
|---|---|
| Mauricio Lizcano | $4.500 millones |
| Santiago Botero | $4.500 millones |
| Sondra Macollins | $4.500 millones |
| Sergio Fajardo | $4.067 millones |
| Claudia López | $4.000 millones |
| Total | $21.567 millones |
Fuente: información publicada por El Colombiano sobre las resoluciones de anticipos del CNE.
Estos recursos corresponden a financiación pública anticipada para cubrir gastos de las campañas. Su propósito es facilitar la participación electoral y reducir las barreras económicas para las candidaturas que no cuentan con grandes recursos propios o aportantes.
El anticipo no es simplemente una transferencia sin condiciones. Las campañas deben demostrar que utilizaron el dinero para los fines autorizados por la normativa electoral y que cumplieron los requisitos de reporte y justificación.
¿Por qué cuatro candidatos podrían conservar el dinero?
La discusión jurídica se centra en el artículo 22 de la Ley 1475 de 2011. Según el análisis de Transparencia por Colombia citado por El Colombiano, la norma establece una excepción específica para las campañas presidenciales: no habría obligación de devolver el anticipo cuando los recursos se hayan gastado conforme a la ley.
Esto significa que no superar el umbral electoral no obliga, por sí solo, a reintegrar todo el anticipo recibido. La condición determinante es la correcta ejecución de los recursos públicos.
En la práctica, las campañas deben demostrar que el dinero se destinó a gastos electorales permitidos, que los pagos fueron realizados de manera legal y que existen documentos que respaldan las operaciones.
La diferencia es importante: una campaña puede no alcanzar el porcentaje necesario para recibir reposición de votos y, aun así, no estar obligada a devolver el anticipo que gastó legalmente. En cambio, los recursos cuyo uso no pueda justificarse podrían ser objeto de devolución, según la revisión correspondiente.
Por eso, el resultado de las urnas y la auditoría financiera son dos asuntos relacionados, pero distintos. El primero determina el cumplimiento del umbral electoral; el segundo permite establecer si los recursos anticipados se utilizaron de acuerdo con las reglas.
¿Qué debe revisar el Consejo Nacional Electoral?
El siguiente paso es la revisión de los informes de ingresos y gastos que deben presentar las campañas ante el CNE. La autoridad electoral tiene que verificar que los recursos públicos estén respaldados y correspondan a actividades permitidas.
De acuerdo con la información divulgada, la distribución normativa del anticipo presidencial contempla un 68,6 % para propaganda electoral y un 31,4 % para otros gastos de campaña. Cada desembolso debe contar con los soportes respectivos, como contratos, facturas, cuentas de cobro y comprobantes de pago.
La revisión debe permitir establecer, entre otros aspectos:
- Si los recursos se destinaron a actividades autorizadas por la legislación electoral.
- Si los gastos reportados cuentan con documentación verificable.
- Si los pagos corresponden a servicios o bienes efectivamente contratados.
- Si los informes financieros reflejan correctamente el uso del dinero público.
- Si existen valores que no puedan justificarse o que deban ser reintegrados.
La sola presentación de facturas o contratos no significa que todos los gastos queden automáticamente aprobados. El organismo electoral debe revisar la documentación y determinar si cumple las condiciones legales.
Hasta que se conozcan las conclusiones de esa revisión, no es correcto afirmar que los cinco candidatos podrán conservar definitivamente todos los recursos ni que los cuatro que no superaron el umbral tendrán que devolverlos en su totalidad.
El caso de Sondra Macollins pone el foco en los gastos
Uno de los casos que ha generado atención es el de la campaña de Sondra Macollins. Según una investigación de La Silla Vacía, cerca de $3.200 millones del anticipo se habrían gastado a través de dos empresas señaladas de tener vínculos familiares con la candidata.
Una de las entidades mencionadas es la Corporación Partido Digital Colombiano, en la que Macollins aparecería como asociada, directora y presidenta. La otra es Integral Servicios Profesionales, cuyos propietarios serían los hijos de su esposo, según la información publicada por el medio.
Estos señalamientos plantean preguntas sobre la contratación y el destino de los recursos de esa campaña, pero deben tratarse con cuidado. La información consultada no reporta una decisión definitiva del CNE que haya declarado ilegales esos gastos.
La existencia de una relación familiar o de una contratación con una entidad determinada no demuestra por sí sola una irregularidad. Para establecer si hubo incumplimientos, es necesario revisar los contratos, los servicios prestados, los pagos efectuados, los soportes presentados y las reglas aplicables.
El caso, no obstante, ilustra la importancia de las auditorías: el organismo electoral debe determinar si los desembolsos correspondieron a gastos permitidos y si fueron ejecutados y reportados conforme a la ley.
Las dificultades para acceder a los anticipos
La controversia sobre el dinero público comenzó antes de los desembolsos. Durante la campaña, Claudia López manifestó dificultades para acceder al anticipo y presentó reclamos ante instancias de seguimiento electoral.
Según los antecedentes recopilados, uno de los obstáculos fue la exigencia de una póliza que respaldara la devolución de los recursos en caso de que la campaña no cumpliera las condiciones para acceder a la financiación. La candidata señaló que no había logrado conseguir una aseguradora que expidiera la garantía requerida y que solo pudo acceder al dinero cuando faltaba poco para terminar la campaña.
La dificultad no fue reportada únicamente por esa campaña. En mayo de 2026, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea advirtió sobre retrasos en la entrega de anticipos y cuestionó la capacidad del CNE para supervisar y hacer cumplir las reglas de financiación electoral.
La organización recomendó fortalecer la capacidad institucional para vigilar los recursos de las campañas. Su diagnóstico puso de relieve un problema de fondo: la financiación estatal puede contribuir a equilibrar la competencia política, pero su eficacia depende de que los procedimientos sean oportunos y de que existan mecanismos adecuados de control.
Así, la discusión tiene dos dimensiones. Por un lado, las candidaturas necesitan acceder a los recursos dentro de los plazos de campaña. Por otro, el Estado debe garantizar que los anticipos se entreguen bajo las condiciones legales y que su uso pueda verificarse posteriormente.
¿Existe un antecedente de devolución de anticipos?
El análisis recuerda un antecedente relacionado con Humberto de la Calle, quien recibió un anticipo durante la campaña presidencial de 2018 y no superó el umbral electoral.
En ese caso, el CNE contempló inicialmente exigir la devolución de los recursos, pero después revisó su posición. El episodio se convirtió en una referencia para explicar la excepción aplicable a los anticipos de campañas presidenciales cuando el dinero se ha gastado conforme a la ley.
El antecedente ayuda a entender por qué el resultado electoral no es el único factor para decidir si se devuelve el dinero. La revisión también debe establecer si los recursos se ejecutaron de forma legal y si existen gastos que no puedan acreditarse.
Sin embargo, cada caso requiere un análisis de su documentación y de las normas aplicables. Un antecedente no reemplaza la auditoría de las campañas de 2026 ni anticipa el resultado de las decisiones que deba adoptar el organismo electoral.
¿Qué puede pasar con los $21.567 millones?
El futuro de los recursos dependerá de la revisión que realice el CNE. Si las campañas demuestran que utilizaron los anticipos de manera legal y que los gastos están debidamente soportados, la excepción prevista para las elecciones presidenciales podría permitirles conservar el dinero gastado, incluso si no alcanzaron el umbral.
Si, por el contrario, se identifican valores que no puedan justificarse, gastos no permitidos o recursos que no fueron ejecutados conforme a la normativa, podría exigirse el reintegro de las sumas correspondientes, de acuerdo con las decisiones de la autoridad competente.
Por ahora, la cifra de $21.567 millones representa el total de los anticipos entregados a las cinco candidaturas, no una suma que necesariamente deba regresar íntegramente al Estado.
La discusión también tiene implicaciones para el control del dinero público. El resultado de las auditorías permitirá conocer si los recursos cumplieron el propósito de financiar la actividad electoral y si las campañas respetaron las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
El punto definitivo no será solamente quién ganó o perdió votos, sino qué logró demostrar cada campaña sobre el destino de los recursos recibidos. La revisión de los informes financieros será determinante para establecer si procede conservar los anticipos o devolver los montos que no cumplan las exigencias legales.
