Los notarios subsidiados advierten que los problemas presupuestales y los retrasos en algunos pagos amenazan la continuidad del servicio, especialmente en municipios rurales y regiones apartadas.
Cerca de 500 notarías subsidiadas de Colombia estarían en riesgo de dejar de prestar sus servicios debido a dificultades financieras y retrasos en la asignación de recursos. La alerta fue presentada por los Notarios Subsidiados de Colombia, que solicitaron al Gobierno Nacional y a la Superintendencia de Notariado y Registro adoptar medidas para evitar el cierre de estas oficinas.
Según informó el 13 de octubre de 2026, la situación está relacionada con problemas de planeación presupuestal y la falta de pago de las mesadas 13 y 14. La preocupación se concentra en las notarías de municipios de sexta categoría, cuyos ingresos son insuficientes para sostener su funcionamiento sin apoyo económico.
El eventual cierre afectaría principalmente a comunidades rurales, poblaciones de municipios pequeños y territorios incluidos en los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y en las zonas más afectadas por el conflicto, conocidas como ZOMAC. En estos lugares, una notaría puede representar uno de los pocos puntos de acceso cercano a servicios esenciales para la ciudadanía.
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¿Por qué están en riesgo las notarías subsidiadas?
De acuerdo con el gremio, la crisis se relaciona con dificultades en la planeación de los gastos del Fondo Cuenta Especial del Notariado, mecanismo que administra recursos destinados, entre otros propósitos, a respaldar a las notarías con ingresos insuficientes.
Los representantes del sector sostienen que la falta de disponibilidad oportuna de esos recursos compromete la sostenibilidad de las oficinas beneficiarias. Por ello, solicitan que se revisen los pagos pendientes y se adopten medidas presupuestales que permitan garantizar la continuidad del servicio.
Amed Velásquez, notario subsidiado del municipio de Marulanda, en Caldas, pidió al Gobierno atender la situación y evitar que las oficinas de las regiones apartadas tengan que suspender sus actividades por falta de financiación.
El gremio también señaló que el Fondo Cuenta Especial del Notariado cuenta con recursos propios y que, por esa razón, la solución debería centrarse en la planeación y administración de esos fondos, sin afectar otras partidas del Presupuesto General de la Nación. Esta es la posición expresada por los notarios subsidiados y no equivale, por sí sola, a una conclusión de auditoría sobre la gestión presupuestal.
El impacto sería mayor en las zonas rurales
La principal preocupación de los notarios es que la suspensión de sus servicios no afectaría únicamente a las oficinas y a sus trabajadores. También podría dificultar el acceso de miles de personas a trámites que requieren atención presencial.
En los municipios pequeños, las distancias y las dificultades de transporte hacen que acudir a otra localidad pueda representar varias horas de desplazamiento. Para campesinos y habitantes de zonas apartadas, perder la notaría de su municipio podría significar mayores gastos y tiempo para realizar diligencias.
Entre los servicios notariales se encuentran actuaciones relacionadas con escrituras públicas, reconocimiento de documentos y diferentes trámites de carácter civil. La disponibilidad de estas oficinas resulta especialmente importante para quienes tienen dificultades para desplazarse hasta centros urbanos de mayor tamaño.
Por eso, el gremio advierte que un eventual cierre tendría consecuencias sociales e institucionales: las comunidades más alejadas podrían enfrentar nuevas barreras para acceder a servicios que forman parte de su vida cotidiana.
El Fondo Cuenta Especial del Notariado, en el centro de la discusión
El Fondo Cuenta Especial del Notariado tiene entre sus objetivos apoyar a los notarios de ingresos insuficientes y financiar otras actividades relacionadas con el servicio notarial. La Superintendencia de Notariado y Registro administra sus recursos, mientras que el Ministerio de Justicia participa en su estructura de dirección.
En marzo de 2025, el Ministerio de Justicia informó que el consejo asesor del fondo no había logrado un acuerdo inicial sobre una nueva política de subsidios para notarías con ingresos insuficientes. Las diferencias incluían el porcentaje de incremento de los subsidios, los rangos para clasificar a las notarías y el valor total requerido para financiar las ayudas.
Posteriormente, en abril de ese año, el Ministerio anunció que el consejo asesor había aprobado una política de subsidios para 2025, con un incremento del 3,5 % para las notarías que cumplieran los criterios establecidos.
Estos antecedentes muestran que la financiación de las notarías con ingresos insuficientes ha sido objeto de discusión institucional. Sin embargo, los acuerdos adoptados en 2025 no permiten establecer por sí solos cuáles son las causas específicas de los retrasos denunciados en octubre de 2026. Esa situación requiere una explicación actualizada de las entidades responsables.
¿Qué le piden los notarios al Gobierno?
Los Notarios Subsidiados de Colombia solicitaron la intervención del Gobierno Nacional, de los ministerios correspondientes y de la Superintendencia de Notariado y Registro para encontrar una solución a las dificultades financieras.
Su petición busca que se atiendan los pagos pendientes, se revise la planeación presupuestal y se aseguren los recursos necesarios para mantener abiertas las oficinas que prestan servicios en municipios con bajos ingresos.
La preocupación se centra en evitar que las dificultades administrativas se conviertan en una interrupción de la atención para las comunidades rurales. Por ahora, la alerta corresponde al gremio y no significa que las 500 notarías hayan cerrado ni que exista una orden general de clausura.
¿Qué puede pasar con las notarías en Colombia?
La continuidad de estas oficinas dependerá de las medidas que adopten las entidades responsables de administrar y asignar los recursos del fondo. Una respuesta oportuna permitiría atender las obligaciones financieras y reducir el riesgo de interrupciones en el servicio.
También será importante que las autoridades expliquen el estado de los pagos, las causas de las dificultades presupuestales y las acciones previstas para garantizar la sostenibilidad de las notarías subsidiadas.
Mientras se conoce una respuesta oficial sobre las medidas que se tomarán, el gremio insiste en que el problema debe resolverse antes de que las comunidades más vulnerables pierdan el acceso cercano a los servicios notariales.
El debate, por tanto, no se limita a la financiación de unas oficinas: también involucra la presencia institucional del Estado en territorios donde las distancias y las dificultades económicas hacen más complejo acceder a trámites básicos.
