Gobierno De la Esprilla denuncia presentada ante la Fiscalía cuestiona la contratación, los pagos y los soportes de ejecución de un contrato de prestación de servicios firmado en 2024 con el caricaturista Julio César González.
El Gobierno del presidenteDe la Espriella presentó una denuncia penal contra el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de prestación de servicios celebrado en 2024 con el Fondo Colombia en Paz.
La información fue revelada, que conoció el documento radicado ante la Fiscalía General de la Nación por Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y consejero comisionado de paz encargado.
La denuncia solicita investigar posibles irregularidades en la contratación directa, la estructuración del acuerdo, su ejecución, supervisión y los pagos realizados. El documento hace referencia al Contrato de Prestación de Servicios 1937 de 2024, firmado el 11 de octubre de ese año entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, como administrador del patrimonio autónomo, y González.
El caso abre interrogantes sobre los procedimientos utilizados para seleccionar al contratista, la documentación que respaldó los desembolsos y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
Los cinco delitos que plantea la denuncia
Según el documento divulgado por medios, la denuncia solicita investigar la posible comisión de cinco delitos: peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
Estas conductas aparecen como hipótesis que deberán ser examinadas por la Fiscalía. La presentación de la denuncia no significa que Matador haya sido declarado responsable ni que los delitos estén demostrados.
Para determinar si existe responsabilidad penal, los investigadores deberán evaluar los documentos contractuales, los soportes de ejecución, los procedimientos de supervisión y las actuaciones de las personas que intervinieron en el proceso.
Errores en el contrato y cuestionamientos sobre el IVA
Uno de los puntos señalados por el denunciante es un error en la identificación del contratista dentro de una consideración del contrato. Allí habría aparecido el nombre “Julio César Rodríguez Quiceno”, mientras que en el resto de la documentación y en el Registro Único Tributario (RUT) figura como Julio César González Quiceno.
De acuerdo con la denuncia, esa inconsistencia ameritaría revisar si la justificación para contratar directamente a Matador fue elaborada de manera individualizada y si se verificaron adecuadamente sus cualidades como contratista.
Otro cuestionamiento se refiere al componente del impuesto sobre las ventas (IVA). El contrato habría incluido pagos mensuales de $3.420.000 por ese concepto, para un total de $41.040.000 durante los doce meses de ejecución. Sin embargo, el RUT que hacía parte de la documentación registraba al contratista como no responsable de IVA.
El documento sostiene que la inconsistencia fue corregida mediante un otrosí, aproximadamente dos meses después del inicio de la ejecución. La Fiscalía deberá determinar el alcance de esa diferencia documental y si tuvo alguna consecuencia jurídica.
También cuestionan el lugar de ejecución y los informes
La denuncia plantea reparos sobre el lugar de ejecución del contrato. Según el documento, el acuerdo establecía Bogotá como lugar de cumplimiento, pese a que algunas obligaciones supuestamente requerían desplazamientos a otros territorios.
El otrosí mencionado en la denuncia habría reconocido que la cláusula correspondiente no contemplaba esos desplazamientos. Para el denunciante, esta situación constituye otro elemento que merece revisión dentro del análisis de la estructuración contractual.
Además, el documento señala posibles inconsistencias en los informes de ejecución y sus soportes. Entre los puntos cuestionados están las diferencias entre los periodos cobrados, las fechas de las actividades y los productos entregados.
La denuncia también solicita examinar la actuación de Gloria Cuartas, señalada como supervisora del contrato, particularmente en relación con la revisión de los informes y la autorización de los desembolsos.
Sin embargo, las observaciones sobre documentos, fechas o procedimientos administrativos no demuestran por sí solas la comisión de un delito. Será necesario verificar cada soporte, establecer qué obligaciones se cumplieron y determinar la participación de las personas involucradas.
¿Qué papel tuvo el Fondo Colombia en Paz?
El contrato fue celebrado con el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, que actuaba como vocero y administrador del patrimonio autónomo Fondo Colombia en Paz.
Este tipo de acuerdos requiere documentación que respalde la selección del contratista, las obligaciones establecidas, la supervisión y los pagos. Cuando se presentan dudas sobre alguno de esos componentes, las autoridades pueden examinar si se cumplieron las reglas aplicables.
En este caso, el denunciante sostiene que existen elementos que justifican una investigación sobre distintas etapas del contrato. Entre ellos menciona la justificación de la contratación directa, las inconsistencias documentales y los soportes utilizados para certificar la ejecución.
La Fiscalía tendrá que establecer si esas situaciones corresponden a errores administrativos, incumplimientos contractuales o hechos que puedan encajar en alguna de las conductas penales señaladas.
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¿Qué sigue en el proceso contra Matador?
La denuncia pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía, entidad que deberá valorar la información aportada y decidir qué actuaciones investigativas corresponden.
Entre las tareas que podrían resultar relevantes están la revisión integral del contrato, sus modificaciones, los informes de supervisión, las facturas o documentos de cobro y los soportes de las actividades reportadas.
También será necesario establecer las responsabilidades individuales. La eventual existencia de fallas en un contrato no implica automáticamente que el contratista, el supervisor o cualquier otro participante haya cometido un delito.
Por ahora, lo divulgado corresponde a los argumentos del denunciante y a los cuestionamientos consignados en el documento. No equivale a una decisión judicial sobre la responsabilidad de Matador ni de las demás personas mencionadas.
El desarrollo del caso dependerá de las pruebas que examine la Fiscalía y de las determinaciones que adopten las autoridades competentes. La investigación deberá esclarecer si hubo irregularidades y si estas tienen consecuencias penales, respetando el debido proceso de todos los involucrados.
