Una denuncia del representante Mauricio Toro abrió el debate sobre el cronograma, la financiación y las condiciones de la concesión del nuevo estadio de Bogotá. La Alcaldía y Sencia defienden que las obras comenzaron tras cumplir los requisitos establecidos.
La construcción del nuevo estadio El Campín volvió al centro de la discusión pública en Bogotá. El proyecto, que busca transformar uno de los principales escenarios deportivos de la capital, enfrenta cuestionamientos por los cambios en su calendario, la ampliación de su capacidad y las posibles consecuencias económicas para la ciudad.
El 30 de septiembre de 2026, la Alcaldía de Bogotá anunció oficialmente el inicio de la construcción y confirmó que la entrega, prevista inicialmente para finales de 2027, se trasladó al cierre de 2028. Además, el diseño pasó de contemplar 46.500 espectadores a proyectar una capacidad superior a los 60.000.
Estos cambios motivaron preguntas del representante a la Cámara Mauricio Toro, quien pidió aclaraciones sobre los tiempos de ejecución, los recursos para las obras complementarias y las posibles consecuencias de las modificaciones.
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¿Por qué se habla de retrasos en El Campín?
Uno de los principales puntos de desacuerdo está en la fecha que debe tomarse como inicio de la construcción. Para Mauricio Toro, las obras integrales debieron comenzar desde el anuncio del proyecto, realizado el 4 de marzo. Bajo esa interpretación, el desarrollo acumularía al menos siete meses de retraso.
El congresista señaló que es necesario diferenciar las intervenciones preliminares de la construcción del nuevo escenario. También cuestionó los trámites relacionados con la movilidad y manifestó inquietudes sobre los recursos disponibles para una vía de acceso que, según su versión, no tendría financiación suficiente para concluirse.
La Alcaldía de Bogotá sostiene una posición distinta. El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la construcción formal no podía comenzar mientras la licencia no estuviera en firme. Según el mandatario, el documento quedó en firme el 19 de junio, después de que se presentaran recursos contra la licencia y se surtieran los procedimientos correspondientes.
Desde la administración distrital, el tiempo transcurrido se explica por el cumplimiento de esos requisitos y no por una suspensión de una obra que todavía no había iniciado formalmente.
Sencia explica las condiciones para iniciar la construcción
Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, empresa encargada del proyecto, también rechazó que la construcción hubiera estado pausada. Según explicó, el inicio dependía de varias condiciones contractuales: el cierre financiero, el estudio de tránsito, la licencia en firme, los diseños aprobados por la interventoría y la firma del contrato con el constructor.
Hoyos aseguró que esos requisitos ya se cumplieron y que por esa razón comenzaron los trabajos de pilotaje. El directivo también señaló que el cierre financiero fue presentado y aprobado por el Distrito, y negó que existiera el otrosí mencionado en las inquietudes del congresista.
Con el inicio de los trabajos, la discusión se concentra ahora en el cumplimiento del nuevo cronograma y en la manera en que se desarrollará el proyecto durante los próximos años.
La ampliación del estadio también genera preguntas económicas
El aumento de capacidad es otro de los asuntos que alimentan el debate. El nuevo diseño contempla más de 60.000 espectadores, una cifra superior a los 46.500 previstos inicialmente.
Hoyos afirmó que el costo adicional de esa ampliación será asumido por Sencia y sus accionistas. Según sus declaraciones, el 100 % de la inversión corresponde a la empresa y no se utilizarán recursos del Estado para financiarla.
Sin embargo, Toro planteó dudas sobre los posibles efectos indirectos de los cambios. El representante advirtió que, aunque no exista un desembolso directo del Distrito para ampliar el estadio, podría haber consecuencias económicas si se modifica el periodo de explotación del escenario.
La concesión está planteada inicialmente por 29,2 años. Hoyos señaló que, por ahora, no existe un cambio contractual relacionado con el aumento de capacidad, aunque reconoció que las condiciones podrían modificarse ante circunstancias contempladas en el contrato.
¿Qué falta por aclarar sobre el nuevo El Campín?
Además de los plazos y la ampliación, la controversia incluye preguntas sobre las obras de movilidad y el impacto que podrían tener los ajustes del proyecto. Toro solicitó conocer cuánto podría costar el retraso y qué sanciones se aplicarían en caso de que se presenten incumplimientos.
Las declaraciones de las partes muestran que existe una diferencia de interpretación sobre cuándo debía comenzar la construcción y cómo deben evaluarse los tiempos del proyecto. Mientras el congresista considera que el retraso debe medirse desde el anuncio inicial, la Alcaldía y Sencia sostienen que la construcción formal dependía de condiciones que solo se completaron recientemente.
Por ahora, el nuevo plazo anunciado apunta al cierre de 2028. El avance de las obras permitirá observar si el cronograma se cumple y si la ampliación del estadio y las condiciones de la concesión generan cambios adicionales.
La discusión sobre El Campín no se limita a la infraestructura deportiva: también involucra la gestión de los tiempos, las responsabilidades contractuales y la transparencia sobre los efectos económicos de un proyecto de gran escala para Bogotá.
