Subtítulo: Personas mencionadas en un informe de auditoría forense solicitaron a las autoridades esclarecer quién ordenó, ejecutó y tuvo acceso a las operaciones de inteligencia señaladas durante el gobierno de Gustavo Petro.
Nuevas revelaciones sobre presuntos seguimientos y perfilamientos realizados desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro generaron solicitudes para que las autoridades judiciales investiguen el origen y alcance de esas actuaciones.
El tema fue expuesto por Semana, que informó sobre los resultados de una auditoría forense realizada dentro de la entidad. Según el medio, el informe identificó actividades de recolección de información sobre diferentes personas, entre ellas dirigentes políticos de oposición y figuras relacionadas con la campaña presidencial de Iván Cepeda.
Las personas que aparecen en el reporte han pedido establecer quién dio las instrucciones, quién ejecutó las acciones y qué destino tuvo la información recopilada. Estas son solicitudes y señalamientos que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
¿Qué encontró la auditoría sobre la DNI?
Según la publicación de Semana, la auditoría forense fue ordenada durante los primeros días del gobierno de Abelardo De La Espriella y revisó actuaciones desarrolladas durante administraciones anteriores de la DNI.
El organismo estuvo dirigido durante el gobierno Petro por Carlos Ramón González, Jorge Lemus y Wilmar Mejía. El informe mencionado por Semana señala que se habrían realizado labores de recolección de información sobre un grupo de personas, entre ellas figuras de la oposición al Gobierno.
Entre los nombres mencionados aparecen los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, el exfiscal Francisco Barbosa, la exvicefiscal Martha Mancera, el exdirector del DAS Ramiro Bejarano y la abogada Jenny Rozo.
También aparece el nombre del senador Miguel Uribe Turbay, quien murió en agosto de 2025 después de sufrir un atentado sicarial.
Francisco Barbosa presentó una denuncia
Uno de los primeros en reaccionar fue el exfiscal general Francisco Barbosa, quien pidió que se investiguen los hechos.
Barbosa presentó una denuncia ante las autoridades judiciales el 5 de octubre de 2026. En sus declaraciones sostuvo que las labores de inteligencia y seguimiento con fines políticos deben ser examinadas por la justicia.
El exfiscal también hizo referencia a las restricciones legales existentes para las interceptaciones de comunicaciones y sostuvo que ninguna entidad administrativa o de inteligencia puede realizar este tipo de actuaciones sin las autorizaciones correspondientes.
La denuncia será ahora uno de los elementos que deberán ser valorados dentro de las investigaciones que adelanten las autoridades.
Víctor Forero relacionó el caso con la investigación contra Nicolás Petro
Otro de los nombres que reaccionó fue Víctor Forero, exinvestigador del CTI, quien tuvo participación en la primera etapa de la investigación contra Nicolás Petro Burgos por la financiación irregular de la campaña presidencial de 2022.
Forero aseguró que había informado sobre la utilización de capacidades y recursos de diferentes organismos estatales, entre ellos la DNI, la UIAF, la Policía y el Ejército.
También manifestó que desde la judicialización de Nicolás Petro había experimentado diferentes situaciones que, según su apreciación, debían ser puestas en conocimiento de la investigación.
Estas afirmaciones hacen parte de los elementos que el exinvestigador pidió que fueran considerados por las autoridades.
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David Luna asegura que ya había advertido sobre posibles irregularidades
El exsenador y exprecandidato presidencial David Luna también recordó un debate de control político realizado años atrás.
Según Luna, en esa oportunidad citó a Carlos Ramón González para preguntarle por presuntas irregularidades relacionadas con la DNI.
Entre los asuntos que mencionó estaban equipos de inteligencia, un software para interceptar WhatsApp, inmuebles arrendados cerca de las viviendas de periodistas y la información que presuntamente se recopilaba sobre opositores y críticos del Gobierno.
Luna afirmó que González negó esas acusaciones bajo juramento.
La existencia de esas declaraciones previas podría formar parte del contexto que deberán revisar las autoridades al determinar qué ocurrió dentro de la entidad.
El caso de Miguel Uribe también aparece en las revelaciones
Uno de los puntos más delicados está relacionado con Miguel Uribe Turbay.
De acuerdo con Semana, los hallazgos de la auditoría se suman a publicaciones anteriores sobre la presunta obtención y entrega de información relacionada con los movimientos del entonces senador durante los primeros meses de 2025.
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Uribe Turbay, pidió conocer toda la información que pueda estar relacionada con el caso.
Entre los documentos que busca revisar están órdenes de trabajo, seguimientos, interceptaciones, consultas en bases de datos, informes de inteligencia, reportes financieros e intercambios de información entre la DNI, la UIAF y otras entidades estatales.
La solicitud busca establecer quién habría ordenado determinadas actuaciones, quién las ejecutó, quién tuvo acceso a los datos obtenidos y a quién fueron entregados.
María Fernanda Cabal también pidió llegar hasta los responsables
La exsenadora María Fernanda Cabal, quien aparece entre las personas que, según el informe citado por Semana, fueron objeto de perfilamientos y seguimientos, también reaccionó a las revelaciones.
Cabal pidió que la Fiscalía investigue hasta establecer quién impartió las órdenes y quiénes participaron en las actuaciones cuestionadas.
Por su parte, Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia durante el gobierno de Iván Duque, señaló que se debe establecer quién ordenó, quién ejecutó y quién encubrió las actuaciones denunciadas.
Estas declaraciones corresponden a las posiciones de las personas mencionadas y no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidades.
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¿Qué deberá establecer la investigación?
Las solicitudes presentadas coinciden en varios puntos. El principal es determinar si las actividades de inteligencia señaladas contaban con fundamento legal y quién tomó las decisiones correspondientes.
También será necesario establecer:
- Quién impartió las órdenes de seguimiento o recolección de información.
- Qué funcionarios participaron en las actuaciones.
- Qué información fue recopilada y mediante qué mecanismos.
- Quiénes tuvieron acceso a los datos obtenidos.
- A quién fue entregada esa información.
- Si existieron autorizaciones legales para las actividades señaladas.
- Cuál fue el destino final de los documentos y datos recopilados.
La respuesta a estos interrogantes dependerá de las investigaciones oficiales, los documentos que puedan ser incorporados a los procesos y los análisis técnicos que realicen las autoridades.
La DNI queda nuevamente bajo escrutinio
Las revelaciones abren un nuevo capítulo en las discusiones sobre el funcionamiento de los organismos de inteligencia en Colombia y los límites que deben tener sus actuaciones.
El caso también pone sobre la mesa la necesidad de establecer controles sobre el uso de información reservada y sobre las condiciones bajo las cuales pueden realizarse labores de inteligencia.
Por ahora, las personas que aparecen relacionadas con los seguimientos y perfilamientos han solicitado que las autoridades investiguen el caso y determinen responsabilidades individuales.
La Fiscalía y las demás autoridades competentes tendrán que establecer, a partir de las pruebas disponibles, si se cometieron irregularidades, quiénes participaron y qué responsabilidades podrían derivarse.
Mientras avanzan esas actuaciones, las revelaciones sobre la DNI mantienen abierto el debate sobre el uso de las capacidades de inteligencia del Estado y la necesidad de esclarecer qué ocurrió durante el periodo investigado.
