El sector formal advierte que el volumen de oro registrado cayó 16,8 % entre 2023 y 2025 y pide al Gobierno cruzar información oficial para determinar qué está pasando con el metal que dejó de ingresar al circuito legal.
Una alerta del sector formal de comercialización de metales preciosos puso nuevamente el foco sobre el mercado del oro en Colombia.
Comercializadores y exportadores solicitaron al Gobierno investigar la reducción del volumen de oro que está pasando por los canales legales del país y pidieron contrastar sus cifras con los registros oficiales de entidades como la Dian, el Dane y la Agencia Nacional de Minería.
La preocupación surge porque, mientras el precio internacional del oro ha alcanzado niveles elevados y las exportaciones colombianas mantienen un importante valor económico, el volumen físico del metal registrado por los canales formales viene disminuyendo.
De acuerdo con las cifras recopiladas por los empresarios del sector, el oro registrado pasó de 68,49 toneladas en 2023 a 67,02 toneladas en 2024 y 57,01 toneladas en 2025.
Eso representa una reducción de 11,47 toneladas en dos años, equivalente aproximadamente al 16,8 %.
El sector pide saber dónde está ese oro
La principal preocupación de los comercializadores no consiste únicamente en la reducción de las toneladas registradas.
El interrogante es qué ocurrió con el metal que dejó de aparecer dentro de los canales formales.
Los empresarios sostienen que no existe actualmente una estadística oficial consolidada que permita determinar cuánto oro estaría saliendo por circuitos ilegales.
Por eso, solicitaron al Gobierno realizar un cruce de información entre las diferentes entidades encargadas de registrar la producción, comercialización y exportación del mineral.
La petición fue incluida en una carta enviada al presidente Abelardo De La Espriella, en la que representantes del sector formal plantearon la necesidad de investigar el fenómeno.
Según la información entregada por los empresarios, vienen observando esta situación desde hace aproximadamente dos años y consideran que durante el último mes habría presentado una nueva aceleración.
Entre 500 kilos y una tonelada por semana
Uno de los datos que más preocupación genera dentro del sector corresponde a una estimación que los comercializadores quieren que sea verificada por las autoridades.
Según información recopilada por participantes del mercado, entre 500 kilogramos y una tonelada de oro podrían estar movilizándose semanalmente por circuitos informales.
La cifra no corresponde a una estadística oficial ni constituye una medición judicial del contrabando.
Se trata de información que el sector formal solicita investigar y contrastar con los registros de las entidades públicas.
Precisamente por eso, los empresarios piden que las autoridades determinen si existe una diferencia significativa entre el oro producido en el país y el que finalmente aparece en las operaciones legales de comercialización y exportación.
Toda la actualidad, también en redes.
Medellín, Cúcuta y la frontera aparecen entre las zonas mencionadas
Dentro de la información recopilada por los participantes del mercado aparecen Medellín, Cúcuta y la frontera con Venezuela como posibles puntos que deberían ser revisados.
También se menciona a Surinam como una posible ruta adicional.
Sin embargo, estos lugares forman parte de las hipótesis planteadas por los comercializadores y requieren verificación oficial.
El sector no está señalando que exista una ruta de contrabando comprobada en esos puntos. Su solicitud es que las autoridades investiguen si efectivamente están siendo utilizados para sacar oro del circuito legal.
También se pidió analizar posibles mecanismos utilizados para movilizar el metal, incluyendo intermediarios, grandes cantidades de efectivo, vehículos y flotas.
Estas afirmaciones tampoco constituyen hechos judicialmente establecidos.
Piden investigar posibles fallas en la cadena
La carta enviada al Gobierno también plantea otra preocupación.
Los empresarios solicitaron establecer si pudo existir facilitación, omisión o corrupción de funcionarios en algún punto de la cadena relacionada con el oro.
Los firmantes aclararon que no están acusando directamente a personas o instituciones específicas.
Por el contrario, solicitaron que cualquier eventual irregularidad sea examinada mediante una investigación independiente y reservada antes de establecer responsabilidades.
Esta precisión resulta especialmente importante debido a la dimensión económica del mercado del oro y a los riesgos asociados con la minería ilegal y el comercio informal.
La minería ilegal también está creciendo
La alerta de los comercializadores coincide con un escenario más amplio de expansión de la explotación de oro de aluvión.
Según el informe Evidencias de Explotación de Oro de Aluvión 2025, elaborado por el Gobierno Nacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia registró 118.410 hectáreas con evidencia de explotación de oro de aluvión en 2025.
La cifra representó un aumento de 4,5 % frente a las 113.310 hectáreas identificadas en 2024.
El informe señala además que el 75 % de esa actividad era ilícita, mientras que el 21 % contaba con permisos técnicos y/o ambientales y el 4 % estaba en tránsito hacia la legalidad.
El panorama es particularmente complejo en territorios donde confluyen minería, economías ilegales y presencia de grupos armados.
El mismo estudio señala que el 85,6 % de los municipios donde se registra esta actividad tienen presencia de al menos un grupo armado ilegal.
El oro también representa ingresos para el Estado
La reducción del volumen que circula por canales formales tiene otra consecuencia: puede afectar los ingresos fiscales relacionados con esta actividad.
Los empresarios estiman que los impuestos y cargas asociados a la producción y comercialización formal representan aproximadamente 8,9 % del valor de cada gramo de oro.
Bajo sus cálculos para 2026, el sector formal podría generar alrededor de $140.947 millones mensuales para el Estado, equivalentes a cerca de $1,7 billones al año.
Estos cálculos corresponden a las estimaciones presentadas por el propio sector y son parte de los argumentos utilizados para solicitar una investigación sobre la reducción del comercio formal.
El precio sube, pero el volumen formal cae
Una de las particularidades del mercado actual es que el comportamiento del valor y el volumen del oro no necesariamente van en la misma dirección.
El precio internacional del metal ha aumentado considerablemente, lo que puede hacer que el valor de las exportaciones se mantenga elevado incluso cuando la cantidad física comercializada disminuye.
Por eso, los empresarios consideran insuficiente analizar únicamente los ingresos obtenidos por las exportaciones.
La propuesta es observar simultáneamente cuántas toneladas se producen, cuántas se comercializan y cuántas terminan siendo exportadas a través de canales legales.
El Dane, por ejemplo, registra dentro de sus estadísticas de comercio exterior variables como kilos brutos, kilos netos y valor FOB de las exportaciones.
El cruce de esa información con los datos mineros y tributarios podría ayudar a determinar dónde se presentan las principales diferencias.
Colombia también trabaja en trazabilidad
El Gobierno ya ha planteado mecanismos para fortalecer el seguimiento de la cadena del oro.
En abril de 2026, la Agencia Nacional de Minería anunció una plataforma tecnológica para rastrear en tiempo real el recorrido del oro desde su extracción hasta su comercialización o exportación.
La herramienta busca fortalecer la trazabilidad y permitir una mayor verificación del origen del mineral.
La existencia de esta herramienta podría convertirse en un elemento importante para contrastar la alerta planteada ahora por los comercializadores.
El desafío será determinar si las diferencias observadas por el sector pueden explicarse por cambios en la producción, movimientos del mercado, dificultades de formalización u otras dinámicas, o si efectivamente existe una desviación significativa hacia circuitos informales.
El sector también reclama condiciones para operar
Los empresarios formales señalaron otros problemas que afectan al mercado legal del oro.
Entre ellos mencionaron dificultades para acceder y permanecer en el sistema financiero, restricciones para monetizar recursos provenientes de exportaciones y diferencias tributarias frente a otros mercados de la región.
También plantearon dificultades para diferenciar a las compañías que cumplen las normas de aquellas vinculadas con actividades de minería ilegal.
El sector considera que estas situaciones pueden terminar afectando la competitividad de quienes operan dentro del marco legal.
El Gobierno deberá contrastar las cifras
La principal solicitud de los comercializadores ahora está en manos de las autoridades.
Los empresarios quieren que sus datos sean contrastados con la información oficial de la Dian, el Dane, la Agencia Nacional de Minería y otras entidades.
El objetivo es establecer qué ocurrió con el oro que dejó de aparecer en los canales formales.
La respuesta requiere revisar toda la cadena: desde la producción y extracción hasta la comercialización y posterior exportación.
El Banco de la República, por ejemplo, mantiene entre sus funciones la compra del oro de producción nacional que le sea ofrecido y participa como un agente más dentro de un mercado que en Colombia es libre.
Una alerta que todavía necesita respuestas
Por ahora, no existe una cifra oficial que permita afirmar cuánto oro estaría saliendo ilegalmente del país.
Lo que sí está documentado es la reducción del volumen registrado por el sector formal entre 2023 y 2025 y la solicitud de los empresarios para que las autoridades investiguen las posibles causas.
También está documentado el crecimiento de la explotación de oro de aluvión y el alto porcentaje de actividad clasificada como ilícita en el informe gubernamental de 2025.
El siguiente paso será determinar si ambos fenómenos están relacionados y, de ser así, en qué magnitud.
Mientras eso ocurre, el sector formal insiste en que Colombia necesita mirar el mercado del oro no solo desde el valor de las exportaciones, sino también desde la cantidad física del metal que se produce, comercializa y exporta.
La investigación que ahora solicitan los empresarios podría permitir establecer si las toneladas que dejaron de pasar por los canales legales corresponden a cambios normales del mercado o si, como advierten, existe una creciente desviación hacia circuitos informales y posibles rutas de contrabando.
