El Frente Jaime Martínez, el Frente 57 Yair Bermúdez y el ELN aparecen en el escenario de riesgo advertido por la entidad. La población enfrenta amenazas, reclutamiento de menores y restricciones a la movilidad.
Jamundí, bajo la amenaza de una nueva confrontación armada
La situación de seguridad en Jamundí, Valle del Cauca, encendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo ante el riesgo de una disputa territorial entre estructuras armadas ilegales. La entidad advirtió que la expansión de estos grupos podría intensificar las confrontaciones y agravar las afectaciones contra las comunidades rurales y urbanas.
La alerta quedó consignada en la Alerta Temprana 023 de 2026, que identifica como principales actores en este escenario al Frente Jaime Martínez, vinculado al Estado Mayor Central (EMC), al Frente 57 Yair Bermúdez y a estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De acuerdo con la Defensoría, el Frente Jaime Martínez mantiene una posición de control territorial que podría verse amenazada por los intentos de expansión del Frente 57 y por el tránsito de integrantes del ELN en la zona. Esta dinámica aumenta el riesgo de enfrentamientos y de nuevas vulneraciones de derechos humanos.
La advertencia busca que las autoridades adopten medidas preventivas antes de que las tensiones se traduzcan en una escalada de violencia con mayores consecuencias para la población civil.
Los corregimientos donde se concentra la preocupación
La Defensoría señaló que, desde comienzos de 2024, el Frente Jaime Martínez ha avanzado hacia las zonas planas y periurbanas de los corregimientos de Robles, Potrerito y Timba.
Según el análisis de la entidad, uno de los objetivos de esta expansión sería consolidar un corredor de comunicación con la región del Naya y el Pacífico. El control de estas áreas tiene implicaciones para la movilidad de los habitantes, las actividades económicas y la presencia de las instituciones estatales.
La llegada del Frente 57 Yair Bermúdez a Jamundí, reportada en mayo de 2026, incrementó las preocupaciones por una posible confrontación entre estructuras armadas. La Defensoría advirtió sobre escenarios que podrían incluir asesinatos, masacres, ataques contra vehículos y enfrentamientos en sectores habitados.
Se trata de riesgos identificados por la entidad, no de hechos que necesariamente ocurrirán. La alerta busca precisamente anticipar posibles escenarios de violencia y activar respuestas institucionales para proteger a las comunidades.
Amenazas, extorsiones y restricciones a la población
Uno de los aspectos más preocupantes de la alerta es la imposición de mecanismos de control social por parte del Frente Jaime Martínez.
Según la Defensoría, esta estructura exige carnés veredales, instala puntos de cobro ilegal y restringe el tránsito de misiones médicas. Estas prácticas pueden limitar la libertad de movimiento de los habitantes y dificultar el acceso a servicios esenciales.
La entidad también advirtió sobre intimidaciones contra juntas de acción comunal, cabildos indígenas y consejos comunitarios. De acuerdo con el informe, algunos de estos actores comunitarios estarían bajo presión para actuar como intermediarios de los grupos armados o verse involucrados en situaciones de confrontación.
A este panorama se suman amenazas, retenciones y atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Las presiones sobre quienes representan a las comunidades pueden debilitar los procesos organizativos y dificultar la denuncia de abusos.
La Defensoría también reportó afectaciones relacionadas con la minería ilegal en los ríos de la zona plana y desplazamientos de pequeños núcleos familiares. Aunque estos movimientos no necesariamente corresponden a desplazamientos masivos, reflejan el impacto del conflicto sobre la permanencia de las personas en sus territorios.
Drones con explosivos y minas cerca de escuelas
La alerta también llama la atención sobre el uso de nuevas herramientas en las confrontaciones armadas. Según la Defensoría, el Frente Jaime Martínez ha utilizado drones equipados con cargas explosivas en ataques que han afectado sectores urbanos de Robles, Potrerito y Timba.
El empleo de estos dispositivos representa un riesgo adicional cuando los ataques ocurren cerca de viviendas, espacios comunitarios o instalaciones frecuentadas por civiles.
La entidad también advirtió sobre la instalación de minas antipersonal en entornos escolares. Esta situación genera preocupación por la seguridad de estudiantes, docentes y familias, así como por la posibilidad de que las actividades educativas se vean interrumpidas.
Otro de los riesgos identificados es el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Según la Defensoría, el Frente Jaime Martínez utilizaría ofrecimientos de celulares o motocicletas, contactos a través de redes sociales y actividades relacionadas con el manejo de drones para atraer a menores.
La prevención del reclutamiento requiere acciones coordinadas de las autoridades, las instituciones educativas, las familias y las organizaciones comunitarias, con especial atención a los entornos donde los grupos armados tienen mayor capacidad de influencia.
Toda la actualidad, también en redes.
Comunidades indígenas y afrodescendientes, entre las más expuestas
El documento identifica riesgos específicos para comunidades indígenas, afrodescendientes, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.
Entre las comunidades indígenas mencionadas están los cabildos Kwethe Fxinxis Sek Naw y Sxabuse Yu Lux de la Meseta, así como el resguardo Kwe’sx Kiwe Nasa. La Defensoría señaló que integrantes de la Guardia Indígena han recibido amenazas relacionadas con sus labores de control territorial y protección comunitaria.
La entidad también alertó sobre las afectaciones que enfrentan 15 consejos comunitarios de la zona plana. Entre las problemáticas descritas están la minería ilegal, las dificultades relacionadas con las consultas previas para el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí (Cojam) y las presiones derivadas de la presencia de actores armados.
Además, la alerta identifica a 19 firmantes del Acuerdo de Paz que residen en el municipio y podrían quedar expuestos a nuevas afectaciones en medio de la confrontación.
El personal sanitario tampoco está al margen de los riesgos. Según la Defensoría, se han reportado retenciones y cobros extorsivos contra trabajadores de la salud, mientras que los hostigamientos contra subestaciones rurales de Policía pueden dificultar la presencia de funcionarios y la prestación de servicios institucionales.
Defensoría emitió 36 recomendaciones a las autoridades
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo formuló 36 recomendaciones dirigidas a distintas autoridades para prevenir nuevas vulneraciones y fortalecer la protección de la población.
Las medidas propuestas incluyen mejorar la coordinación entre instituciones, responder a las amenazas, fortalecer las investigaciones y facilitar el acceso a la justicia. También contemplan acciones para reducir la vulnerabilidad de las comunidades afectadas y el acompañamiento de la Procuraduría.
La efectividad de estas recomendaciones dependerá de su implementación, del seguimiento institucional y de la capacidad de las autoridades para responder a los riesgos identificados.
La alerta no solo expone la presión que ejercen los grupos armados sobre Jamundí, sino también los desafíos para garantizar los derechos de quienes habitan sus zonas rurales y urbanas.
¿Qué puede pasar en Jamundí?
El principal desafío es evitar que la disputa por el control territorial derive en una escalada de violencia. Para ello, las autoridades deberán evaluar los riesgos señalados, fortalecer la protección de las comunidades y garantizar que los servicios esenciales puedan operar sin intimidaciones.
La situación exige especial atención a los menores de edad, los líderes sociales, las comunidades étnicas, los firmantes del Acuerdo de Paz y el personal sanitario, quienes aparecen entre los grupos expuestos a las amenazas descritas.
La Alerta Temprana 023 de 2026 constituye un llamado preventivo para que las instituciones actúen antes de que el escenario de riesgo se agrave. El reto será convertir las recomendaciones en medidas concretas que protejan a la población y reduzcan la capacidad de los grupos armados para imponer su control sobre el territorio.
