El centro de estudios respalda la necesidad de ajustar las finanzas públicas, pero advierte que algunos cambios de la Ley de Rescate Fiscal podrían encarecer la contratación formal y reducir el recaudo por beneficios tributarios a grandes inversionistas.
La propuesta de Ley de Rescate Fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella continúa generando reacciones entre los expertos económicos. Esta vez, Fedesarrollo puso sobre la mesa varias advertencias relacionadas con los efectos que podrían tener algunos de sus componentes sobre el empleo formal, las empresas y los ingresos tributarios del país.
Aunque el centro de estudios considera necesario avanzar en un ajuste de las finanzas públicas, cuestiona dos elementos de la iniciativa: el aumento de los costos asociados a la contratación de trabajadores formales y los beneficios tributarios contemplados para atraer grandes proyectos de inversión.
El análisis plantea un debate sobre el equilibrio que debe existir entre la necesidad de recaudar recursos, estimular la actividad empresarial y evitar que las nuevas obligaciones terminen afectando la generación de empleo.
La discusión cobra relevancia porque el proyecto presentado por el Ejecutivo combina cambios en impuestos, aportes laborales e incentivos a la inversión. Por lo tanto, sus efectos podrían sentirse tanto en las empresas como en los trabajadores y consumidores.
¿Qué cuestiona Fedesarrollo de la reforma tributaria?
Fedesarrollo considera que el país necesita corregir el deterioro de sus finanzas públicas y evitar que el endeudamiento continúe creciendo. Sin embargo, advierte que no todos los mecanismos incluidos en la propuesta tendrían efectos favorables sobre la economía.
Uno de los principales reparos está relacionado con las modificaciones a las exenciones que actualmente tienen algunas empresas en los aportes a salud, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La iniciativa plantea reducir esos beneficios dependiendo del nivel salarial de los trabajadores. En términos generales, la exoneración se mantendría para empleados que ganen hasta dos salarios mínimos, sería parcial entre dos y tres salarios mínimos y desaparecería para quienes superen ese último límite.
Para Fedesarrollo, esta modificación podría aumentar el costo de contratar trabajadores formalmente y generar incentivos para que algunas empresas limiten nuevas vinculaciones.
El centro de estudios advierte que encarecer el empleo asalariado formal puede reforzar el trabajo por cuenta propia y la informalidad, sectores que enfrentan mayores dificultades de productividad y crecimiento.
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¿Cómo podría afectar la reforma al empleo formal?
El costo de contratación es uno de los puntos centrales del debate.
Cuando una empresa vincula formalmente a un trabajador, no solo debe pagar el salario, sino también asumir obligaciones relacionadas con seguridad social y contribuciones parafiscales.
Si se reducen las exenciones existentes, algunas empresas tendrían que asumir mayores aportes por determinados empleados. Esto podría modificar sus decisiones de contratación, especialmente en actividades donde los costos laborales representan una proporción importante de los gastos operativos.
Fedesarrollo considera que esta medida podría ir en contravía de los esfuerzos realizados durante años para promover la formalización laboral.
El centro de pensamiento recuerda que la reducción de los costos no salariales implementada desde 2014 buscaba facilitar la contratación formal. Por esa razón, advierte que revertir parcialmente ese alivio podría dificultar la creación de empleos con todas las garantías legales.
La preocupación también se extiende a los trabajadores independientes, pues el proyecto contempla modificaciones en sus aportes al sistema de salud.
En este escenario, el debate no se limita a cuánto dinero podría recaudar el Estado, sino a las consecuencias que tendrían las nuevas obligaciones sobre las oportunidades de empleo y los ingresos de los hogares.
Fedesarrollo también cuestiona los beneficios tributarios para grandes inversiones
La segunda advertencia está relacionada con el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), mecanismo incluido en la propuesta para atraer inversiones de gran tamaño mediante condiciones tributarias preferenciales.
Entre los beneficios contemplados se encuentran mecanismos como la depreciación acelerada de activos y tarifas reducidas para determinados nuevos negocios.
La depreciación acelerada permite que las compañías descuenten más rápidamente el valor de sus inversiones al calcular sus utilidades gravables. Esto puede disminuir el impuesto que pagan durante los primeros años de operación.
Aunque estos incentivos buscan estimular la llegada de capital y promover nuevos proyectos, Fedesarrollo advierte que podrían representar un sacrificio de recaudo para el Estado.
Otro punto de preocupación es la duración de las condiciones preferenciales. El proyecto contempla mantener determinadas reglas durante 16 años, lo que, según el análisis del centro de estudios, podría comprometer ingresos tributarios durante un periodo prolongado.
La discusión está en determinar si los beneficios fiscales realmente producirán nuevas inversiones suficientes para compensar los recursos que dejaría de recibir el Estado.
Fedesarrollo también plantea que los incentivos tributarios no resuelven por sí solos obstáculos estructurales para invertir en Colombia, como las dificultades de infraestructura, la inseguridad, las brechas educativas y la falta de innovación.
¿Qué aspectos de la reforma sí respalda Fedesarrollo?
Las observaciones del centro de estudios no representan un rechazo completo a la iniciativa. Por el contrario, Fedesarrollo considera que es necesario realizar ajustes fiscales y respalda algunos de los cambios propuestos por el Gobierno.
Entre ellos se encuentra la ampliación de la base del impuesto al valor agregado (IVA), que busca reducir la cantidad de bienes y servicios excluidos o gravados con tarifas inferiores a la general del 19 %.
El proyecto contempla que más productos pasen a esa tarifa, mientras se implementan mecanismos de devolución y compensación para los hogares de menores ingresos.
El Gobierno calcula que esta modificación podría incrementar el recaudo en cerca de un punto del producto interno bruto (PIB).
Sin embargo, Fedesarrollo advierte que las devoluciones posteriores pueden generar dificultades para los hogares vulnerables, especialmente si deben asumir primero el costo adicional de los impuestos antes de recibir la compensación.
Por eso, el centro de estudios plantea analizar alternativas que permitan conservar tratamientos especiales para ciertos productos, en lugar de depender exclusivamente de devoluciones posteriores.
También respalda los cambios al impuesto de renta de las personas naturales, con los que se busca aumentar la contribución de los hogares de mayores ingresos al sostenimiento de las finanzas públicas.
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¿Qué podría pasar con la reforma de Abelardo de la Espriella?
La propuesta de Ley de Rescate Fiscal deberá avanzar en el Congreso, donde sus disposiciones pueden ser discutidas, modificadas o rechazadas.
Las observaciones de Fedesarrollo se suman al debate sobre quiénes asumirían los costos del ajuste fiscal y qué efectos tendría la iniciativa sobre la economía.
Por una parte, el Gobierno busca obtener recursos adicionales, modificar la distribución de las cargas tributarias y ofrecer incentivos para atraer inversiones. Por otra, los expertos advierten que algunos cambios podrían elevar los costos laborales y comprometer ingresos futuros del Estado.
El resultado dependerá del trámite legislativo y de los ajustes que se realicen durante la discusión.
Por ahora, es importante precisar que las disposiciones mencionadas hacen parte de un proyecto de ley y no deben confundirse con obligaciones tributarias que ya estén vigentes.
Un debate entre recaudo, inversión y generación de empleo
Las advertencias de Fedesarrollo ponen sobre la mesa uno de los principales desafíos de la política económica: encontrar una fórmula que permita sanear las finanzas públicas sin generar mayores obstáculos para la contratación formal ni reducir innecesariamente los ingresos del Estado.
La discusión también tiene consecuencias para los ciudadanos, porque los cambios en los aportes laborales, el impuesto de renta y el IVA pueden modificar tanto los costos de las empresas como el dinero disponible de los hogares.
El Gobierno deberá defender los objetivos de su propuesta ante el Congreso y responder a las inquietudes de los sectores económicos.
La pregunta que queda abierta es si la Ley de Rescate Fiscal logrará equilibrar el recaudo, la inversión y el empleo formal, o si algunos de sus mecanismos terminarán trasladando nuevos costos a las empresas y los trabajadores.
