El caso de Álvaro Uribe continuará, por ahora, en manos de la Fiscalía, luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional se declarara inhibida para resolver el conflicto de competencia con la Comisión de Acusación de la Cámara.
La Corte Constitucional se abstuvo de tomar una decisión de fondo sobre qué entidad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con grupos paramilitares y posibles responsabilidades en hechos violentos ocurridos en Antioquia durante la década de 1990. Por ahora, el expediente seguirá en la Fiscalía General de la Nación, autoridad que venía adelantando las diligencias.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena el 9 de noviembre de 2026. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, la votación fue de siete magistrados a favor de declararse inhibidos y dos en contra. Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto.
La ponencia estuvo a cargo de la magistrada Paola Meneses, presidenta de la Corte. El tribunal consideró que no estaban configurados los presupuestos necesarios para resolver el conflicto de competencia planteado entre la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Esto significa que la Corte no definió de fondo cuál de las dos instituciones tiene la competencia definitiva para asumir el expediente. La investigación permanece en la Fiscalía mientras se aclara el panorama jurídico.
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¿Por qué existe una disputa por el caso de Álvaro Uribe?
La controversia comenzó cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitó que la Fiscalía le entregara el expediente contra el exmandatario.
El 26 de agosto de 2026, la Comisión pidió formalmente la remisión de la investigación. Su argumento se relaciona con la condición de aforado constitucional que tuvo Uribe durante su periodo como presidente de Colombia, entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010.
La Comisión sostuvo que algunos de los hechos investigados habrían ocurrido hasta 2003 y que, por esa razón, tendría competencia para conocer aquellos relacionados con el periodo en el que Uribe ejerció la Presidencia.
El presidente de esa corporación, el representante Carlos Alberto Cuenca Chaux, explicó que la solicitud también estaba relacionada con la hipótesis de una presunta participación del exmandatario en el delito de concierto para delinquir, por hechos vinculados con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente fue conocido como Bloque Metro.
Según la Comisión, el régimen de aforados establece un procedimiento especial para investigar a quienes han ocupado determinados cargos públicos, entre ellos la Presidencia de la República.
¿Qué respondió la Fiscalía?
La Fiscalía se opuso a entregar el expediente. Su posición es que las conductas investigadas habrían ocurrido antes de que Álvaro Uribe llegara a la Presidencia y cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
Por ese motivo, el ente investigador considera que le corresponde continuar con el proceso bajo las disposiciones de la Ley 600 de 2000.
En su respuesta, la Fiscalía señaló que la investigación se relaciona con presuntos vínculos de Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con hechos que habrían ocurrido durante su administración departamental.
La entidad también sostuvo que tiene la asignación para continuar con la etapa de instrucción y adoptar las decisiones que correspondan conforme avance la investigación.
De esta manera, las dos instituciones expusieron interpretaciones distintas sobre qué autoridad debe conocer el expediente, especialmente por la diferencia entre los hechos que habrían ocurrido durante la Gobernación de Antioquia y aquellos que podrían ubicarse en el periodo presidencial.
Los hechos que hacen parte de la investigación
El expediente está relacionado con episodios de violencia registrados en Antioquia durante la década de 1990 y con las hipótesis investigativas sobre la conformación y el accionar de estructuras paramilitares.
Entre los hechos mencionados se encuentran:
- Masacre de El Aro: ocurrida en el municipio de Ituango.
- Masacre de La Granja: también registrada en Ituango.
- Hechos relacionados con San Roque: asociados a la conformación de grupos de autodefensas y a la Hacienda Guacharacas.
- Asesinato de Jesús María Valle Jaramillo: defensor de derechos humanos que denunció la violencia paramilitar en Antioquia.
La Fiscalía adelanta indagaciones por presuntos delitos como concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Las hipótesis apuntan a establecer si Uribe habría facilitado o promovido el accionar de estructuras armadas ilegales.
Es importante precisar que se trata de hechos materia de investigación y de señalamientos que deben ser examinados por las autoridades judiciales. La existencia de una investigación no equivale a una declaración de responsabilidad penal.
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¿Qué sigue para el proceso contra el expresidente?
La decisión de la Corte Constitucional no representa un cierre de la investigación ni una absolución del expresidente. Tampoco significa que la Comisión de Acusación haya perdido definitivamente la posibilidad de reclamar el expediente.
Lo que ocurrió es que el alto tribunal se abstuvo de resolver el conflicto de competencia en esta oportunidad. Por ahora, la Fiscalía continúa al frente de las diligencias, mientras el debate jurídico sobre la autoridad competente permanece sin una definición de fondo.
El caso cobra relevancia porque involucra hechos relacionados con la violencia paramilitar en Antioquia y la posible responsabilidad de un exmandatario en episodios ocurridos durante su trayectoria política.
La evolución del proceso dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes y de los resultados que arrojen las diligencias judiciales.
