María José Pizarro afronta una posible vinculación formal a un proceso penal por presuntas irregularidades en contrataciones estatales, luego de que salieran a la luz declaraciones contradictorias entregadas a la justicia. La situación cobró relevancia tras conocerse testimonios que comprometen a la excongresista en supuestas gestiones indebidas para favorecer laboralmente a terceras personas.
Versiones contrapuestas sobre la vinculación laboral
El caso tomó fuerza a partir de las diferencias evidentes entre los pronunciamientos públicos y las diligencias oficiales. Inicialmente, María José Pizarro manifestó mediante un comunicado que no tenía conocimiento alguno sobre una relación íntima entre Deicy Jiménez y el expresidente Gustavo Petro. En ese mismo documento, la exfuncionaria sostuvo que su relación con la contratista se limitó al ámbito institucional, señalando que la conoció directamente en la Vicepresidencia.
Sin embargo, esta postura pública contrasta de manera directa con las declaraciones entregadas bajo juramento ante las autoridades judiciales. Según reveló la periodista D’Arcy Quinn en la emisora La FM, la versión rendida ante los estrados judiciales plantea un escenario distinto acerca de cómo se gestionó dicho ingreso laboral en la administración pública.
De acuerdo con lo expuesto en las diligencias, Deicy Jiménez aseguró que fue el propio mandatario quien intervino de forma directa para gestionar su contratación. En su relato, indicó que el entonces presidente envió personalmente su hoja de vida y sostuvo conversaciones específicas con María José Pizarro para asegurar su vinculación laboral, comunicaciones que habrían quedado registradas mediante llamadas y mensajes electrónicos presenciados por la propia testigo.
¿Qué implicaciones judiciales tiene María José Pizarro?
El panorama legal de la dirigente política podría complejizarse en los próximos días debido a las determinaciones que adopten los magistrados a cargo del expediente. Fuentes cercanas al proceso han señalado que la congresista podría terminar vinculada formalmente a una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias, una conducta que sanciona el uso indebido de funciones o relaciones para obtener beneficios laborales en entidades del Estado.
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Ante este escenario, María José Pizarro optó por solicitar formalmente que la escuche la Corte Suprema de Justicia para exponer sus propios argumentos y controvertir los señalamientos formulados en su contra. La corporación judicial deberá valorar la consistencia de los testimonios recopilados antes de definir el rumbo procesal de la exsenadora.
En el marco de estas mismas actuaciones, las autoridades también recibieron la versión de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia. Durante el interrogatorio, los investigadores indagaron por otra mujer vinculada a varias entidades estatales, a quien tanto Rodríguez como la contratista reconocieron como parte de un círculo cercano al expresidente, por lo que se prevé que también sea citada a declarar.
El testimonio de Deicy Jiménez y el material forense
Una de las jornadas más extensas de esta etapa procesal se desarrolló en la Fiscalía, donde Deicy Jiménez permaneció durante 15 horas y 45 minutos rindiendo su versión y respondiendo preguntas. La compareciente salió de la sede judicial pasada la medianoche y posteriormente publicó un mensaje en redes sociales junto a una fotografía tomada al culminar la diligencia.
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En su pronunciamiento, la declarante aclaró que la controversia no gira en torno a la vida íntima de las personas, sino a la existencia de una presunta red institucional de la cual decidió no formar parte. Indicó además que desde el instante en que se negó a participar sabía que debía denunciar la situación, aunque manifestó que en su momento carecía de garantías suficientes para hacerlo sin temor a represalias, añadiendo que no asistió a la diligencia para crear un espectáculo ni se detendrá por presiones.
Las autoridades judiciales lograron incorporar elementos materiales de prueba que resultan determinantes respecto al papel que habría desempeñado María José Pizarro en el trámite contractual:
- La entrega formal del dispositivo móvil de la declarante a los peritos de la Fiscalía.
- La extracción forense de la información contenida en el teléfono celular incautado.
- El traslado de copias digitales auténticas a la defensa técnica y a las partes del proceso.
- La recopilación de conversaciones en las que figuraría el envío de hojas de vida a distintos despachos oficiales.
Próximos pasos en el avance de las indagaciones
El avance de la causa judicial dependerá del análisis técnico que efectúen los investigadores y de las valoraciones jurídicas que determine la Corte Suprema de Justicia. La confrontación entre los registros digitales extraídos del teléfono celular y las declaraciones juramentadas servirá para esclarecer lo manifestado por María José Pizarro frente al contenido de las comunicaciones atribuidas a los involucrados.
La eventual vinculación de María José Pizarro por tráfico de influencias abriría una etapa procesal orientada a clarificar si existieron presiones o direccionamiento indebido en el nombramiento de personal estatal. Mientras se definen nuevas comparecencias de testigos, los despachos judiciales continúan recopilando evidencias documentales para sustentar sus decisiones institucionales.
Fuente: lafm.com.co
