La exsenadora solicitó que su declaración sobre el reclutamiento y la utilización de niños y niñas en las antiguas Farc se realice mediante respuestas escritas, en lugar de una diligencia presencial. Su defensa pidió un plazo de 30 días para responder el cuestionario que prepare la jurisdicción.
A pocas horas de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Sandra Ramírez solicitó modificar las condiciones de la diligencia en la que deberá entregar su versión sobre el reclutamiento y la utilización de menores de edad durante el conflicto armado colombiano.
La exsenadora del partido Comunes fue citada para este miércoles 4 de noviembre de 2026, a las 8:00 de la mañana, dentro del Caso 07, que investiga las prácticas de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de las antiguas Farc.
Sin embargo, mediante una solicitud presentada por su defensa, Ramírez pidió que la diligencia presencial sea reemplazada por un cuestionario escrito. La petición plantea que la JEP le entregue las preguntas relacionadas con los hechos investigados y le conceda un plazo de 30 días para preparar y remitir sus respuestas.
La solicitud deberá ser estudiada por la magistratura, que tendrá que determinar si acepta el cambio de metodología o mantiene la diligencia en las condiciones inicialmente previstas.
¿Qué le pidió Sandra Ramírez a la JEP?
La defensa de la exsenadora solicitó que la jurisdicción le remita un cuestionario que reúna los principales interrogantes relacionados con la investigación.
La propuesta contempla incluir las preguntas sobre la hipótesis investigativa, las menciones que aparecen en el expediente, las demandas de verdad formuladas por las víctimas acreditadas y los interrogantes de la Procuraduría Delegada.
Además, pidió que se le conceda un plazo de al menos 30 días hábiles para responder, contados a partir de la entrega del cuestionario y de que estén dadas las condiciones para preparar su declaración.
En otras palabras, la defensa busca que Ramírez entregue su versión por escrito, en lugar de hacerlo durante la audiencia presencial programada para el 4 de noviembre.
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La defensa argumentó amenazas y estigmatización
Entre las razones expuestas para solicitar el cambio de metodología, los abogados señalaron que Sandra Ramírez estaría enfrentando amenazas de muerte, hostigamientos mediáticos y una campaña de estigmatización pública.
Según la defensa, estas circunstancias podrían afectar su seguridad y su integridad personal, por lo que considera necesario modificar las condiciones de su comparecencia ante la JEP.
Los representantes jurídicos también citaron antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados con la estigmatización y las amenazas contra personas que participan en escenarios políticos.
Adicionalmente, argumentaron que la metodología de respuestas escritas ya ha sido utilizada por la propia jurisdicción en otras diligencias y que permitiría organizar las preguntas y las respuestas de manera estructurada.
La petición no elimina la obligación de comparecer ni de aportar información sobre los hechos investigados. Lo que busca es que la declaración se realice mediante un procedimiento diferente.
¿Por qué Sandra Ramírez debe responder ante la JEP?
La diligencia hace parte del Caso 07, uno de los macrocasos de la JEP, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado por parte de las antiguas Farc.
La jurisdicción busca esclarecer cómo funcionaron estas prácticas, quiénes participaron, qué responsabilidades existieron dentro de la estructura guerrillera y qué ocurrió con las personas reclutadas cuando eran menores de edad.
En el caso de Sandra Ramírez, la Sala de Reconocimiento de Verdad busca escuchar su versión sobre su posible conocimiento e intervención en hechos relacionados con la vida dentro de las filas guerrilleras, incluidos señalamientos sobre violencia sexual y reproductiva.
La exsenadora fue compañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, conocido como alias Tirofijo, fundador y máximo comandante de las Farc. Esa relación y su posición dentro de la organización hacen parte del contexto que la JEP busca examinar.
Víctimas han señalado a Sandra Ramírez en sus testimonios
Uno de los elementos que tendrá en cuenta la jurisdicción son los relatos de las víctimas acreditadas dentro del macrocaso.
Entre ellos está el testimonio de Deisy Dorelly Guanaro, quien ha denunciado públicamente presuntos hechos de violencia sexual y utilización de niñas dentro de las antiguas Farc.
En declaraciones entregadas a SEMANA, Guanaro relató que cuando tenía 12 años fue trasladada a San Vicente del Caguán y que, según su testimonio, Sandra Ramírez habría reunido a varias menores y las habría obligado a desfilar frente a integrantes del Secretariado de las Farc.
La mujer también hizo señalamientos sobre presuntos abusos sexuales cometidos por comandantes de esa organización y afirmó que Ramírez habría tenido conocimiento de esas situaciones.
Estos señalamientos hacen parte de los testimonios que deberán ser contrastados por la JEP con las versiones de los comparecientes, los documentos y los demás elementos probatorios del expediente. No constituyen, por sí solos, una decisión judicial sobre la responsabilidad de la exsenadora.
Otras víctimas acreditadas también han presentado relatos sobre posibles hechos de reclutamiento y violencia sexual. Algunas solicitaron mantener bajo reserva sus nombres y datos personales.
Más de 11.000 víctimas participan en el Caso 07
La dimensión de la investigación se refleja en las cifras entregadas por la JEP. Según la información citada por SEMANA, dentro del Caso 07 hay 11.277 personas acreditadas como víctimas.
De ese total, 2.250 corresponden a víctimas individuales y 9.027 participan de manera colectiva, mediante la acreditación de cinco pueblos indígenas y un consejo comunitario afrocolombiano.
Además, 26 antiguos integrantes de las Farc, tanto del nivel nacional como territorial, han sido llamados a reconocer su máxima responsabilidad en el marco de esta investigación.
La JEP también ha adelantado actuaciones contra antiguos integrantes del Secretariado de las Farc por su presunta responsabilidad en el reclutamiento y la utilización de menores durante el conflicto armado.
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¿La JEP aceptó cambiar la audiencia de Sandra Ramírez?
Por ahora, la solicitud de la defensa no significa que la audiencia haya sido modificada.
La decisión está en manos de la magistratura, que deberá establecer si acepta reemplazar la diligencia presencial por un cuestionario escrito y conceder el plazo solicitado.
El resultado será relevante para el avance de la investigación, pues la versión de Ramírez deberá ser contrastada con los testimonios de las víctimas y los demás elementos recopilados por la jurisdicción.
La pregunta central es si la JEP permitirá que la exsenadora entregue sus respuestas por escrito o si mantendrá la diligencia presencial prevista para el 4 de noviembre.
Mientras se conoce la decisión, el proceso continúa dentro de uno de los expedientes más sensibles de la justicia transicional: el esclarecimiento del reclutamiento de menores y de las violencias que sufrieron durante el conflicto armado colombiano.
