La Jurisdicción Especial para la Paz también imputó al general retirado José Leonardo Gallego Castrillón. La investigación señala una presunta alianza entre integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares que habría facilitado homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y torturas entre 2001 y 2004.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formalizó la imputación de cargos contra el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con las operaciones militares desarrolladas en la Comuna 13 de Medellín y sectores cercanos.
La decisión, anunciada el viernes 30 de octubre de 2026, también cobija al general retirado José Leonardo Gallego Castrillón, quien estuvo al frente de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
De acuerdo con la investigación de la JEP, los hechos ocurrieron entre 2001 y 2004 y estarían relacionados con una presunta articulación entre integrantes de la Fuerza Pública y el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La investigación incluye hechos relacionados con la Operación Orión, desarrollada en octubre de 2002, y con las desapariciones forzadas que han sido investigadas en la Comuna 13 y lugares como La Escombrera, donde se adelantan labores de búsqueda de personas desaparecidas.
La imputación representa un avance judicial en el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto armado en Medellín. Sin embargo, se trata de una atribución de responsabilidad dentro del proceso de justicia transicional y no de una sentencia condenatoria.
¿Por qué la JEP imputó cargos al general Mario Montoya?
La JEP determinó que existieron elementos probatorios y testimonios que apuntarían a una alianza entre integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares para ejercer control territorial en la Comuna 13.
Según el magistrado Óscar Parra, la investigación identificó dos patrones que habrían articulado los hechos criminales:
- La estigmatización de habitantes y líderes comunitarios, a quienes se señalaba de pertenecer o colaborar con las milicias guerrilleras.
- La presunta existencia de acuerdos de no agresión y colaboración entre integrantes de la Fuerza Pública y grupos paramilitares.
La investigación sostiene que estos mecanismos facilitaron la identificación de personas señaladas como supuestos colaboradores de la insurgencia y las convirtieron en posibles objetivos de homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados.
La JEP también señaló que las operaciones militares y policiales desarrolladas durante ese periodo deben analizarse en el contexto de la actuación de las estructuras paramilitares que buscaban consolidar su dominio territorial, social y económico en la zona.
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¿Qué relación tiene Mario Montoya con la Operación Orión?
La Operación Orión fue una intervención militar y policial realizada en octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
El operativo tuvo como objetivo recuperar el control territorial de sectores donde operaban estructuras guerrilleras. Sin embargo, las investigaciones judiciales y los testimonios de víctimas han documentado graves violaciones a los derechos humanos durante ese periodo.
En ese momento, Mario Montoya se desempeñaba como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, unidad militar que participó en las operaciones desarrolladas en Medellín y municipios cercanos.
La JEP investiga la posible responsabilidad de mandos militares y policiales por hechos que habrían ocurrido durante diferentes intervenciones, entre ellas las operaciones Mariscal y Orión.
En el caso de Montoya, la imputación se relaciona con presuntas omisiones en el cumplimiento de sus responsabilidades de mando y con el contexto de colaboración entre integrantes de la Fuerza Pública y organizaciones paramilitares.
La investigación busca establecer cómo se desarrollaron esas relaciones, qué información fue compartida y de qué manera pudieron facilitar la comisión de crímenes contra la población civil.
¿Qué pasó con las desapariciones en La Escombrera?
La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín, se convirtió en uno de los lugares más importantes para la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado urbano.
Durante años, familiares de víctimas y organizaciones sociales denunciaron que este terreno habría sido utilizado para ocultar cuerpos de personas desaparecidas en medio de la violencia que afectó a la zona.
Las investigaciones de la JEP han relacionado las desapariciones con el control territorial ejercido por estructuras paramilitares y con hechos ocurridos durante las operaciones militares y policiales de comienzos de los años 2000.
Las excavaciones realizadas en el lugar han permitido recuperar restos humanos y avanzar en los procesos de identificación, mientras las familias continúan buscando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
La investigación sobre la Comuna 13 también busca establecer las responsabilidades de quienes habrían participado, permitido o facilitado las desapariciones forzadas.
Es importante precisar que las labores de búsqueda en La Escombrera constituyen una línea de trabajo humanitario y judicial que continúa avanzando, y que no todas las desapariciones investigadas pueden atribuirse automáticamente a una misma operación militar.
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¿Qué otros militares fueron vinculados a la imputación?
Además de Mario Montoya, la JEP imputó cargos al general retirado José Leonardo Gallego Castrillón, quien fue comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá entre 2000 y 2003.
La investigación también comprende a otros comparecientes de la Fuerza Pública. En total, la Jurisdicción imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 integrantes de la institución por hechos ocurridos entre 2001 y 2004 en la Comuna 13 y sectores aledaños.
Entre las unidades y estructuras mencionadas durante la investigación aparecen:
- La Cuarta Brigada del Ejército Nacional.
- Unidades tácticas adscritas a la Cuarta Brigada.
