El máximo jefe de la banda criminal Los Costeños envió una carta de seis páginas en la que solicita evaluar un eventual sometimiento, destaca presuntos aportes a la reducción de la violencia y pide garantías institucionales.
El máximo cabecilla de la estructura criminal Los Costeños, Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido con el alias de Castor, solicitó formalmente al presidente electo Abelardo De La Espriella y al ministro de Justicia designado, Iván Cancino, que estudien la posibilidad de instalar una mesa de diálogo orientada a su sometimiento a la justicia.
La petición fue presentada mediante una carta de seis páginas, firmada y con huella dactilar, en la que el jefe de la organización criminal asegura haber cumplido compromisos encaminados a reducir la violencia en la región Caribe y plantea que esos antecedentes sean tenidos en cuenta dentro de un eventual proceso judicial.
Carta fue enviada tras suspensión de la paz urbana en Barranquilla
La comunicación se conoce pocos días después de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro suspendiera la instalación del Espacio de Conversación Socio Jurídico (ECSJ) previsto para Barranquilla y su área metropolitana.
Ese mecanismo hacía parte de la estrategia de paz urbana impulsada por la administración saliente y buscaba abrir canales de diálogo con estructuras criminales para promover procesos de sometimiento y desmantelamiento.
Con la suspensión de esa iniciativa, las posibilidades de avanzar por esa vía quedaron en pausa, motivo por el cual alias Castor decidió dirigir su solicitud directamente al gobierno entrante.
Castor asegura haber contribuido a disminuir la violencia
En la misiva, el cabecilla de Los Costeños sostiene que durante los últimos años ha cumplido compromisos relacionados con la reducción de enfrentamientos entre organizaciones criminales que operan en la región Caribe.
Además, afirma haber entregado información que contribuiría al esclarecimiento de diversos hechos de violencia registrados en varios departamentos del país, así como aportes relacionados con la entrega de armamento y acciones orientadas a disminuir la confrontación entre estructuras ilegales.
Según Castor, estos hechos demostrarían su voluntad de acogerse a la justicia dentro del marco legal vigente.
En la carta también solicita que esos antecedentes sean evaluados para avanzar hacia la instalación de una Mesa de Diálogo y Sometimiento a la Justicia, bajo las condiciones establecidas por la legislación colombiana.
Solicita garantías para un eventual sometimiento
Alias Castor pidió al presidente electo que su caso sea analizado con criterios institucionales y que, en caso de prosperar la iniciativa, se otorguen las garantías necesarias para desarrollar un proceso de sometimiento.
En el documento sostiene que su propósito es avanzar hacia el desmantelamiento definitivo de estructuras criminales de alto impacto y reiteró que está dispuesto a cumplir los requisitos que establezca la ley.
La solicitud coincide con recientes pronunciamientos de Abelardo De La Espriella, quien anunció que durante su gobierno no continuará con el modelo de negociación impulsado por la denominada Paz Total, pero sí abrirá la puerta a procesos de sometimiento a la justicia para aquellas organizaciones ilegales que demuestren una voluntad real de abandonar las actividades criminales.
Gobierno entrante definirá el futuro de estos procesos
Hasta el momento, ni el presidente electo Abelardo De La Espriella ni el ministro de Justicia designado se han pronunciado oficialmente sobre la carta enviada por alias Castor.
Sin embargo, el nuevo mandatario ha manifestado en varias oportunidades que las organizaciones criminales tendrán un plazo para demostrar su intención de someterse a la justicia y que cualquier proceso estará condicionado al cumplimiento estricto de la ley, la reparación de las víctimas y el desmantelamiento efectivo de las estructuras ilegales.
La solicitud del jefe de Los Costeños abre un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro de los mecanismos de sometimiento en Colombia, en momentos en que el nuevo Gobierno define su política de seguridad y justicia para enfrentar a las organizaciones criminales.
