La propuesta de reducir los recursos de la JEP abrió una nueva discusión sobre el futuro de la justicia transicional en Colombia
La discusión sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027 llegó a uno de los puntos más sensibles del sector justicia: los recursos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Una propuesta presentada por el senador Enrique Gómez plantea reducir en $100.000 millones el presupuesto de funcionamiento de la JEP y trasladar esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura para fortalecer la justicia ordinaria. La iniciativa recibió respaldo público del presidente Abelardo De La Espriella, mientras que el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que una reducción de esta naturaleza podría afectar el cumplimiento de las funciones del tribunal.
La controversia aumentó después de que la senadora María Clara Posada planteara que la reducción debería ser todavía mayor y propusiera llevarla hasta el 50 % del presupuesto de la jurisdicción. Esta última cifra corresponde a una propuesta política adicional y no al monto de la iniciativa inicialmente radicada por Enrique Gómez.
¿Cuánto dinero tiene previsto la JEP para 2027?
Uno de los elementos centrales de la discusión es la diferencia entre los recursos que la JEP solicitó y los que aparecen contemplados en el proyecto de Presupuesto General de la Nación.
Para 2027, la jurisdicción había solicitado aproximadamente $947.642 millones. Sin embargo, el proyecto presupuestal contempla cerca de $821.000 millones, lo que representa una diferencia superior a los $125.000 millones frente a lo solicitado por la entidad.
Sobre esa base se presentó una nueva propuesta para retirar otros $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP y destinarlos al Consejo Superior de la Judicatura.
Si la proposición prosperara, la JEP quedaría con un presupuesto cercano a los $721.803 millones, de acuerdo con las cifras citadas por Semana.
El debate, por tanto, tiene dos niveles diferentes: por un lado, la reducción ya contemplada en el proyecto frente a la solicitud inicial de la JEP; por otro, la proposición adicional que busca retirar $100.000 millones de funcionamiento.
¿Quién propuso quitar $100.000 millones a la JEP?
La iniciativa fue presentada por el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, mediante dos proposiciones dentro de la discusión del presupuesto de 2027.
Según explicó el congresista, el objetivo es trasladar los recursos al Consejo Superior de la Judicatura, con la intención de destinarlos a la creación de nuevos despachos judiciales y a la formalización de cargos dentro de la Rama Judicial.
Gómez ha cuestionado públicamente los resultados de la JEP y ha planteado que los recursos deberían dirigirse a la justicia ordinaria, que enfrenta un volumen considerable de procesos pendientes.
El Consejo Superior de la Judicatura, por su parte, había advertido que sus necesidades presupuestales para 2027 son superiores a los recursos contemplados en el proyecto. Según datos citados por Semana, la corporación solicitó $17,5 billones, mientras que el proyecto contemplaba alrededor de $11,4 billones, una diferencia cercana a $6,1 billones.
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¿Qué dijo Abelardo De La Espriella sobre el recorte?
El presidente Abelardo De La Espriella manifestó públicamente su respaldo a la propuesta de Enrique Gómez.
El mandatario reaccionó a la publicación del senador en redes sociales con la frase “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”, expresión que fue interpretada como un respaldo político a la iniciativa.
El respaldo presidencial se produce en un contexto en el que De La Espriella ha cuestionado en diferentes oportunidades el funcionamiento y los resultados de la JEP.
Sin embargo, es importante precisar que el pronunciamiento presidencial no significa que el recorte ya esté aprobado. La propuesta debe continuar su trámite dentro de la discusión presupuestal y requiere los procedimientos correspondientes para modificar las partidas previstas.
¿Por qué la JEP rechaza la reducción?
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, cuestionó la iniciativa y sostuvo que una reducción de recursos puede afectar las capacidades institucionales del tribunal.
Ramelli señaló que el presupuesto de la JEP no está destinado únicamente al funcionamiento de los magistrados. La estructura incluye la Secretaría Ejecutiva, la Unidad de Investigación y Acusación y equipos encargados de desarrollar investigaciones, procesos judiciales, defensa de comparecientes, atención a víctimas, protección y seguimiento de las decisiones judiciales.
Desde la perspectiva de la jurisdicción, el momento presupuestal también resulta relevante porque la JEP se encuentra avanzando hacia una etapa decisiva de sus procesos.
La entidad fue creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 y comenzó a funcionar en 2017. Su mandato incluye investigar y juzgar los delitos más graves relacionados con el conflicto armado, bajo un modelo de justicia transicional.
Ramelli ha advertido que los recursos son necesarios para cerrar investigaciones y avanzar posteriormente en la etapa de juzgamiento.
¿De dónde sale la propuesta de reducir el 50 %?
La cifra del 50 % surgió de una propuesta diferente a la presentada inicialmente por Enrique Gómez.
La senadora del Centro Democrático María Clara Posada cuestionó que la JEP pueda recibir cerca de $721.803 millones después de un eventual recorte de $100.000 millones y planteó que la reducción debería ser todavía mayor.
Según la información publicada por Semana, Posada propuso reducir al menos la mitad del presupuesto y comparó los gastos de nómina de la JEP con los correspondientes al Ministerio de Justicia.
Por eso, no debe confundirse la propuesta de $100.000 millones con una decisión ya adoptada de reducir el presupuesto de la JEP en 50 %. Se trata de iniciativas y posiciones políticas que forman parte de la discusión presupuestal.
JEP advierte sobre posibles efectos en víctimas y comparecientes
La dirección de la JEP sostiene que una reducción significativa de los recursos podría tener consecuencias sobre las investigaciones, las audiencias, la atención a las víctimas y el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Ramelli pidió además garantías para que la entidad pueda desarrollar sus funciones constitucionales y realizó un llamado a la comunidad internacional frente a lo que calificó como una amenaza para la autonomía e independencia de la jurisdicción.
La JEP anunció que pondría la situación en conocimiento de diferentes organismos internacionales, entre ellos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial.
¿Qué dice la discusión sobre el funcionamiento de la JEP?
La discusión presupuestal también abrió un debate sobre los resultados obtenidos por la jurisdicción desde su creación.
Los promotores del recorte cuestionan el nivel de resultados frente a los recursos utilizados. Enrique Gómez ha señalado que la entidad ha tenido costos elevados y cuestiona el número de decisiones judiciales producidas hasta ahora. Estas afirmaciones corresponden a la valoración política del senador sobre el funcionamiento de la JEP y forman parte de su argumentación para solicitar la modificación presupuestal.
Desde la JEP, en cambio, se sostiene que la dimensión de su presupuesto debe analizarse teniendo en cuenta la amplitud de su mandato y las funciones que cumplen las diferentes dependencias de la institución.
La discusión, por tanto, no se limita al valor de una partida presupuestal, sino que involucra dos visiones sobre la distribución de recursos públicos entre la justicia ordinaria y la justicia transicional.
¿Qué puede pasar ahora con el presupuesto de la JEP?
La propuesta todavía debe avanzar dentro del trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027. El traslado de los $100.000 millones no está aprobado y depende de las decisiones que adopten las instancias correspondientes del Congreso y de los avales requeridos dentro del proceso presupuestal.
Mientras continúa la discusión, la JEP mantiene su solicitud para que se garanticen los recursos que considera necesarios para cumplir su mandato.
El debate ocurre además en un momento en que el Presupuesto General de la Nación para 2027 fue aprobado por un monto global de aproximadamente $634,9 billones, pero ahora el Gobierno y el Congreso deben definir cómo se distribuyen y ajustan las diferentes partidas.
¿El recorte de $100.000 millones ya está aprobado?
No. Se trata de una propuesta presentada dentro de la discusión presupuestal y todavía debe surtir el trámite correspondiente.
¿La JEP perdería el 50 % de su presupuesto?
No existe actualmente una decisión aprobada que establezca una reducción del 50 %. Esa cifra corresponde a una propuesta planteada por la senadora María Clara Posada. La iniciativa inicialmente divulgada por Enrique Gómez plantea retirar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento.
¿A dónde irían los $100.000 millones?
La propuesta plantea trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura, con el propósito de fortalecer la Rama Judicial mediante nuevos despachos y la formalización de cargos.
¿Por qué la JEP considera importante mantener sus recursos?
La jurisdicción sostiene que necesita financiación para desarrollar sus investigaciones, procesos judiciales, atención a víctimas, defensa de comparecientes y seguimiento al cumplimiento de sus decisiones.
¿Qué está en juego en la discusión?
El debate enfrenta dos prioridades presupuestales: la propuesta de destinar más recursos a la justicia ordinaria y la posición de la JEP de mantener las capacidades necesarias para cumplir su mandato de justicia transicional.
