Édgar Echeverri Toro y Sonía Rocío Romero Hernández llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía por su participación en hechos relacionados con el polémico contrato para adquirir 40 carrotanques destinados a La Guajira.
El escándalo por la compra de 40 carrotanques destinados a atender las necesidades de agua potable en La Guajira suma un nuevo capítulo judicial. El exrepresentante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro, y la excontratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sonía Rocío Romero Hernández, llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptaron su responsabilidad en hechos relacionados con el polémico contrato.
Según la información, ambos se enfrentan a una pena acordada de siete años y cuatro meses de prisión, aunque los términos del preacuerdo todavía deberán ser revisados y avalados por un juez. La audiencia en la que se conocerá si los parámetros de la negociación son aprobados está prevista para el 4 de noviembre de 2026.
El contrato de los 40 carrotanques que desató el escándalo
La compra de los vehículos se convirtió en uno de los principales casos de presunta corrupción relacionados con la UNGRD durante el Gobierno de Gustavo Petro.
El contrato estuvo destinado a adquirir 40 carrotanques para transportar agua hacia comunidades de La Guajira, pero posteriormente las autoridades encontraron presuntas irregularidades en su estructuración y ejecución.
De acuerdo con la información de SEMANA, el contrato estuvo relacionado con recursos cercanos a $83.000 millones y habría presentado sobrecostos, además de cuestionamientos sobre la utilidad que tuvieron los vehículos para cumplir con el objetivo inicialmente planteado.
Echeverri y Romero aceptaron su participación
El preacuerdo alcanzado con la Fiscalía contempla que Édgar Echeverri Toro y Sonía Rocío Romero Hernández reconocen su participación en hechos relacionados con el contrato.
Los dos aceptaron responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, en seis escenarios relacionados con la celebración y ejecución del negocio jurídico.
El reconocimiento de responsabilidad hace parte de la negociación que busca cerrar judicialmente la participación de ambos en este episodio del escándalo de la UNGRD.
Sin embargo, el acuerdo todavía no constituye una sentencia definitiva, pues debe ser sometido a consideración de un juez.
La Fiscalía busca cerrar otro capítulo del escándalo
El caso de los carrotanques fue el punto de partida de una investigación mucho más amplia sobre presuntas irregularidades dentro de la UNGRD.
La Fiscalía ha alcanzado anteriormente acuerdos con otros implicados que han entregado información sobre el funcionamiento de la estructura investigada. Entre ellos se encuentra el exasesor jurídico de la entidad Pedro Rodríguez Melo, quien llegó a un preacuerdo y aceptó cargos por varios delitos relacionados con la contratación irregular.
También han sido vinculados al proceso otros exfuncionarios y contratistas, mientras las autoridades continúan investigando el destino de los recursos y las posibles responsabilidades de diferentes personas.
Los sobrecostos estuvieron en el centro de la investigación
Uno de los principales cuestionamientos alrededor de los carrotanques fue el valor pagado por los vehículos y las condiciones bajo las cuales se estructuró el contrato.
El caso generó cuestionamientos desde que se conocieron las características de la contratación y posteriormente se convirtió en una investigación penal de gran alcance.
La Fiscalía ha señalado que los recursos involucrados en este contrato terminaron relacionados con una estructura de presunta corrupción que habría operado mediante diferentes contratos y acuerdos.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
El próximo paso será la audiencia prevista para el 4 de noviembre, cuando un juez deberá determinar si avala los términos del preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía, Édgar Echeverri Toro y Sonía Rocío Romero Hernández.
Si el acuerdo es aprobado, los dos procesados recibirían la condena pactada de siete años y cuatro meses de prisión, de acuerdo con los términos divulgados por SEMANA.
Mientras tanto, el proceso general por el escándalo de la UNGRD continúa avanzando y las autoridades mantienen abiertas investigaciones contra otros funcionarios, contratistas y particulares que podrían estar relacionados con las presuntas irregularidades.
