Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, acusó a la senadora María Clara Posada de violar la reserva de una diligencia judicial. La congresista, por su parte, cuestionó el contenido de la audiencia y pidió mayor transparencia sobre el funcionamiento de la JEP.
La controversia alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sumó un nuevo capítulo luego de que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko durante su comandancia en las extintas Farc-EP, cuestionara públicamente a la senadora María Clara Posada por divulgar fragmentos de una diligencia judicial que permanecía bajo reserva.
El enfrentamiento se originó después de que la congresista del Centro Democrático publicara en redes sociales fragmentos de una declaración entregada por Londoño ante la JEP en 2019. Posada aseguró que recibió el material de una fuente anónima y cuestionó que este tipo de diligencias no sean conocidas públicamente.
La publicación generó una nueva discusión sobre la reserva de las actuaciones de la justicia transicional, el trato recibido por las víctimas del conflicto y las responsabilidades de quienes participaron en la antigua guerrilla.
Timochenko acusa a la senadora de violar la reserva
Rodrigo Londoño reaccionó a la divulgación del material y acusó directamente a Posada de haber vulnerado la reserva de un proceso judicial.
Según la declaración publicada por Semana, el excomandante de las Farc sostuvo que la congresista había cometido un delito al revelar el contenido de la diligencia. También afirmó que la publicación podría afectar la verdad judicial, el proceso restaurativo y los derechos de las víctimas y de los comparecientes ante la jurisdicción.
La discusión, por tanto, no se limita al contenido de las declaraciones de Londoño. También involucra una pregunta jurídica sobre qué información puede hacerse pública cuando forma parte de una actuación reservada de la JEP.
Hasta ahora, la acusación formulada por Londoño contra Posada debe entenderse como su posición frente a la divulgación del material y no como una conclusión judicial sobre la existencia de un delito.
¿Qué divulgó María Clara Posada?
La senadora difundió fragmentos de una versión rendida por Rodrigo Londoño el 14 de febrero de 2019, durante una diligencia relacionada con el Caso 01 de la JEP, que investiga los secuestros cometidos por las antiguas Farc-EP.
La audiencia fue presidida por la magistrada Julieta Lemaitre.
En uno de los apartes divulgados, Londoño habló sobre las instrucciones que, según su relato, existían dentro de la organización para garantizar un supuesto “buen trato” a las personas secuestradas.
De acuerdo con el fragmento publicado, afirmó que existían criterios relacionados con la alimentación y el trato de los cautivos y negó que se hubiera permitido la tortura.
Las declaraciones provocaron una fuerte reacción de Posada, quien cuestionó la distancia entre ese relato y los hechos investigados por la justicia transicional.
La congresista también difundió otros fragmentos relacionados con las discusiones que tuvieron lugar durante las negociaciones de paz y las posibles sanciones que enfrentarían los integrantes de las Farc después de la firma del acuerdo.
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La JEP ha dado otra explicación sobre el “buen trato”
La discusión sobre las declaraciones de Londoño no quedó únicamente entre el excomandante y la senadora.
La propia JEP respondió a los cuestionamientos y recordó que, dentro del Caso 01, la Sala de Reconocimiento encontró que sí existía una directriz interna relacionada con el “buen trato” de los secuestrados.
Sin embargo, la jurisdicción señaló que esa directriz no se cumplió en la práctica.
Según la JEP, las personas secuestradas quedaron sometidas a las condiciones impuestas por los integrantes encargados de su vigilancia y fueron víctimas de diferentes hechos de violencia y otros vejámenes durante el cautiverio.
La entidad también recordó que dentro del Caso 01 fueron imputados 63 exintegrantes de las Farc-EP, entre ellos los integrantes del antiguo Secretariado, por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con los secuestros.
Entre las conductas señaladas por la jurisdicción aparecen tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual.
La polémica también gira alrededor de las sanciones
Otro de los elementos que Posada puso sobre la mesa fueron las sanciones que deben cumplir los antiguos integrantes de las Farc sometidos a la justicia transicional.
La senadora cuestionó públicamente que las sanciones propias de la JEP no impliquen necesariamente penas de prisión para quienes reconocen verdad y responsabilidad dentro del sistema.
En sus mensajes, la congresista ha sostenido que el modelo de justicia transicional favoreció a los antiguos integrantes de la guerrilla y ha criticado el tratamiento que reciben quienes fueron responsables de delitos durante el conflicto.
Estas afirmaciones corresponden a la posición política de Posada y forman parte de su cuestionamiento al funcionamiento de la jurisdicción.
El caso también reabrió la discusión sobre las audiencias reservadas
La divulgación de la grabación puso nuevamente sobre la mesa el alcance de la reserva en los procesos de la JEP.
Posada ha argumentado que las víctimas y la sociedad deberían conocer lo ocurrido durante determinadas diligencias, especialmente cuando se trata de hechos relacionados con graves violaciones cometidas durante el conflicto armado.
La senadora sostuvo que las audiencias que conoció a través de una fuente anónima no deberían permanecer bajo reserva y cuestionó la forma en que se desarrolló la diligencia de Londoño.
Su crítica también estuvo acompañada de cuestionamientos más amplios sobre el funcionamiento y el presupuesto de la JEP. La congresista ha mencionado, además, posibles irregularidades relacionadas con contratación, infraestructura y otros gastos de la entidad.
La JEP enfrenta cuestionamientos políticos
La controversia ocurre en un momento en el que la Jurisdicción Especial para la Paz atraviesa una fuerte discusión política.
En las últimas semanas, sectores del Congreso han cuestionado el presupuesto de la entidad y su funcionamiento, mientras se han presentado propuestas para modificar algunas de sus competencias.
Según reportes recientes, incluso se ha planteado un recorte de recursos para la jurisdicción dentro de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.
La JEP, por su parte, ha defendido su gestión. En septiembre señaló que las revisiones realizadas por organismos de control no habían encontrado irregularidades en su administración de recursos, en respuesta a denuncias de corrupción que circulaban públicamente.
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¿Qué está en discusión ahora?
El enfrentamiento entre Timochenko y María Clara Posada refleja dos discusiones diferentes que terminaron cruzándose.
Por un lado, está el debate sobre la reserva de las actuaciones judiciales y las consecuencias de divulgar material obtenido de una diligencia reservada.
Por otro, está la discusión sobre cómo la JEP ha abordado los crímenes cometidos durante el conflicto, particularmente los secuestros, las responsabilidades de los antiguos comandantes y las sanciones impuestas a quienes reconocieron verdad y responsabilidad.
A esto se suma una tercera discusión: la forma en que la sociedad puede conocer y evaluar el funcionamiento de una jurisdicción creada precisamente para esclarecer hechos del conflicto armado y garantizar los derechos de las víctimas.
La JEP ha insistido en que sus investigaciones han establecido responsabilidades por graves crímenes cometidos durante el secuestro. Al mismo tiempo, la divulgación de fragmentos de una diligencia reservada abrió un debate sobre los límites que deben tener quienes acceden a información judicial protegida.
Por ahora, la acusación de Londoño contra Posada por una supuesta violación de la reserva permanece como un señalamiento público. La controversia continuará mientras se discute qué información debe permanecer bajo reserva, qué puede ser conocido por las víctimas y la sociedad y cuáles son las reglas que deben cumplir quienes divulgan material proveniente de actuaciones judiciales.
