El exsubdirector de la UNGRD asegura que ha recibido amenazas por colaborar con la justicia y advierte sobre los riesgos que, según él, enfrenta en su nuevo lugar de reclusión.
Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y uno de los principales testigos en el proceso por presunta corrupción en esa entidad, acudió a la Corte Suprema de Justicia para solicitar medidas urgentes que protejan su vida y la de su familia.
La petición fue presentada mediante una carta de nueve páginas dirigida al presidente del alto tribunal, Iván Mauricio Lenis Gómez. En el documento, Pinilla sostiene que ha recibido amenazas relacionadas con su colaboración con las autoridades y advierte que su seguridad podría verse comprometida mientras continúa aportando información a las investigaciones.
La solicitud se conoce después de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ordenara trasladarlo, junto con el exdirector de la UNGRD Olmedo López, desde una guarnición militar en Bogotá hacia la cárcel La Picota. La decisión abrió una controversia entre las autoridades penitenciarias y la defensa de los dos exfuncionarios, quienes han pedido revisar la medida por los riesgos que aseguran enfrentar.
¿Por qué Sneyder Pinilla acudió a la Corte Suprema?
En su comunicación, Pinilla manifestó que necesita garantías para preservar su vida, su integridad física y psicológica, y la seguridad de su núcleo familiar. También señaló que las medidas de protección son necesarias para continuar cumpliendo sus compromisos como testigo colaborador en las investigaciones sobre los hechos de corrupción en la UNGRD.
El exfuncionario argumenta que su participación en estos procesos y la información que ha entregado a las autoridades lo exponen a posibles represalias. Por esa razón, busca que la Corte Suprema intervenga frente a la situación que enfrenta después de su traslado penitenciario.
La solicitud no se limita a su seguridad personal: también plantea la necesidad de contar con condiciones que le permitan seguir colaborando con las investigaciones judiciales.
De acuerdo con la información publicada, Pinilla cuestionó además la resolución 8041 del 6 de octubre de 2026, mediante la cual se ordenó el traslado. En su carta sostiene que la decisión presenta problemas de motivación y desconoce garantías que, a su juicio, debían ser consideradas antes de modificar sus condiciones de reclusión. Estos argumentos corresponden a la posición del exfuncionario y deberán ser evaluados por las autoridades competentes.
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El traslado a La Picota que desató la controversia
Antes de la decisión del INPEC, Pinilla permanecía recluido en una guarnición militar de Bogotá. Según los antecedentes reseñados en los reportes periodísticos, su permanencia en ese lugar había sido relacionada con la necesidad de proteger su vida e integridad.
El 6 de octubre de 2026, el INPEC dispuso su traslado a La Picota, donde también fue enviado Olmedo López, exdirector de la UNGRD. El Gobierno defendió la decisión en el marco de su postura frente a los beneficios y las condiciones especiales de reclusión de algunos internos.
La medida generó una reacción inmediata de la defensa de Pinilla. Su abogado cuestionó el traslado y sostuvo que debían respetarse las decisiones judiciales previas relacionadas con la seguridad de su representado. La defensa también pidió que se dejaran sin efecto las disposiciones administrativas que, en su criterio, podían aumentar el riesgo para el exfuncionario.
El debate gira en torno a dos asuntos: la facultad de las autoridades penitenciarias para disponer traslados y la necesidad de valorar las condiciones particulares de seguridad de personas que colaboran con investigaciones judiciales.
La solicitud presentada ante la Corte Suprema busca que se examine la situación de Pinilla y se adopten las medidas que correspondan. La información consultada no permite afirmar que el alto tribunal ya haya concedido la protección solicitada.
¿Quién es Sneyder Pinilla y cuál es su papel en el caso UNGRD?
Pinilla fue subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, entidad encargada de coordinar acciones de prevención y atención de emergencias en Colombia. Su nombre adquirió relevancia nacional durante el escándalo de presunta corrupción relacionado con la compra de carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira.
En el desarrollo de las investigaciones, el exfuncionario entregó información a las autoridades y se convirtió en uno de los testigos centrales del proceso. Sus declaraciones han sido relevantes para reconstruir posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y las relaciones entre funcionarios y otros actores mencionados en el caso.
En abril de 2025, un juzgado especializado de Bogotá lo condenó a cinco años y ocho meses de prisión, luego de que aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación, según los antecedentes recogidos por Semana.
Su condición de condenado y su papel como colaborador de la justicia son elementos distintos, pero ambos inciden en la discusión actual. Mientras debe cumplir la pena impuesta, también participa como testigo en investigaciones relacionadas con el entramado de corrupción de la UNGRD.
La protección de los testigos, en el centro del debate
El caso vuelve a poner sobre la mesa las garantías de seguridad que deben evaluarse cuando una persona privada de la libertad colabora con las autoridades y afirma estar expuesta a amenazas.
La defensa de Pinilla sostiene que el traslado puede comprometer su integridad y afectar las condiciones en las que continúa aportando información. Por su parte, la decisión penitenciaria se enmarca en las facultades administrativas del INPEC para organizar los lugares de reclusión.
Resolver la controversia requiere examinar las decisiones judiciales previas, la evaluación de riesgo del interno y las razones expuestas por las autoridades para modificar su lugar de reclusión. La solicitud elevada a la Corte Suprema busca que se revisen esas circunstancias y se determine si corresponde adoptar medidas adicionales.
Por ahora, el punto central es la petición de protección presentada por Pinilla y su advertencia sobre los riesgos que asegura enfrentar. La respuesta de las autoridades será clave para establecer qué garantías se adoptarán y bajo qué condiciones continuará cumpliendo su condena y colaborando con las investigaciones del caso UNGRD.
