El exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014 fue imputado por presunto fraude procesal y enriquecimiento ilícito. La investigación gira alrededor de un contrato por un millón de dólares que, según la Fiscalía, habría beneficiado la reelección presidencial.
José Roberto Prieto Uribe, quien estuvo al frente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, enfrenta un nuevo proceso judicial relacionado con el escándalo de Odebrecht y la financiación de la campaña de reelección de 2014.
Durante una audiencia realizada el miércoles 11 de noviembre de 2026, la jueza tercera de control de garantías de Bogotá avaló la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.
Tras conocer los cargos, Prieto no los aceptó y manifestó que no comprendía con claridad cuáles eran las conductas que, según el ente acusador, habría cometido. La decisión judicial dejó en firme la imputación, por lo que el proceso continúa su curso.
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¿De qué se trata la investigación contra Roberto Prieto?
El caso se concentra en un contrato por un millón de dólares relacionado con servicios de investigación, estudios y seguimiento a la candidatura presidencial de Juan Manuel Santos durante la campaña de 2014.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la multinacional brasileña Odebrecht habría financiado esos servicios mediante Paddington Ventures, empresa vinculada a la agencia Sancho BBDO que manejaba cuentas en el exterior.
Para el ente investigador, el aporte habría representado una financiación que debía ser reportada ante las autoridades electorales y que, presuntamente, fue omitida en los informes financieros de la campaña.
La Fiscalía sostiene que esta situación habría permitido que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobara los reportes de ingresos y gastos de la campaña y reconociera recursos por concepto de reposición de votos.
El documento financiero presentado por Prieto registró gastos por $13.503 millones y no reportó donaciones, según la información expuesta durante la audiencia.
El papel de la reposición de votos en el proceso
Uno de los puntos centrales de la investigación tiene que ver con los $576 millones que fueron reconocidos por concepto de reposición de votos correspondiente a la primera vuelta presidencial de 2014.
Según la Fiscalía, la presunta omisión del aporte de Odebrecht habría inducido a error a los magistrados del CNE y a un funcionario de la Registraduría, quienes intervinieron en los trámites administrativos que permitieron reconocer esos recursos.
La hipótesis del ente acusador es que el presunto enriquecimiento ilícito estaría relacionado con los recursos recibidos por el Partido Social de Unidad Nacional, como consecuencia de la reposición de votos que se habría obtenido a partir de información financiera incompleta.
La investigación busca establecer si Prieto tenía conocimiento del contrato, cuál fue su participación en la operación y por qué los gastos relacionados con esos servicios no habrían quedado registrados en los informes electorales.
Estas son acusaciones de la Fiscalía que deberán ser debatidas y probadas durante las siguientes etapas del proceso.
Roberto Prieto cuestionó la imputación
Durante la audiencia, Prieto manifestó que no entendía cuáles eran los hechos concretos que lo vinculaban con los delitos investigados.
Su abogado, Jesús Albeiro Yepes, también cuestionó la formulación de los cargos y pidió que no se avalara la imputación. La defensa sostuvo que la Fiscalía no habría explicado suficientemente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la presunta participación de su representado.
Entre sus argumentos, señaló que no estaba claro cómo se habría acordado el aporte, de qué manera habría participado Prieto, quién recibió los recursos ni cuáles serían las acciones que demostrarían su conocimiento y voluntad.
La Fiscalía respondió que la imputación sí identificaba el comportamiento investigado. Según la fiscal del caso, el núcleo de la presunta conducta no era únicamente la realización de reuniones con representantes de Odebrecht, sino la supuesta omisión de reportar ante el CNE los gastos y la donación asociados al contrato de Paddington Ventures.
La representante del ente investigador indicó que las reuniones entre Prieto, Luis Alberto Peña y directivos de Odebrecht habrían ocurrido en enero de 2014. También explicó que la ejecución del contrato y los pagos se habrían producido durante el periodo en el que Prieto ejercía como gerente de la campaña.
La jueza consideró que la Fiscalía había expuesto de manera suficiente los hechos jurídicamente relevantes, identificado los delitos y comunicado la información necesaria para que el investigado conociera el alcance de la imputación.
Por esa razón, rechazó la solicitud de la defensa y declaró legalmente formulados los cargos.
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Fiscalía archivó otra investigación relacionada con Odebrecht
En medio de este nuevo proceso, hay un antecedente que también resulta relevante para entender el alcance de las investigaciones.
La Fiscalía archivó una investigación relacionada con otro contrato firmado en 2015 entre Sancho BBDO y Odebrecht, por aproximadamente $2.500 millones, destinado a servicios de publicidad.
En ese caso, el ente investigador concluyó que los trabajos contratados sí se realizaron y que los pagos estaban justificados.
Sin embargo, esa decisión corresponde a un contrato diferente y no significa que haya terminado la investigación por el aporte de un millón de dólares relacionado con la campaña presidencial de 2014.
Este último asunto continúa abierto y es el que dio lugar a la nueva imputación contra Prieto.
¿Qué sigue en el proceso contra Roberto Prieto?
Después de que la jueza avalara la imputación, el proceso judicial continúa con las actuaciones correspondientes. La Fiscalía deberá sustentar su investigación y presentar los elementos probatorios que respalden las acusaciones.
Por su parte, la defensa podrá controvertir las pruebas y ejercer los mecanismos legales para demostrar su posición.
Es importante recordar que Roberto Prieto no aceptó los cargos y que la decisión de avalar la imputación no constituye una declaración de culpabilidad. Será durante las siguientes etapas judiciales donde se determinará si las acusaciones tienen sustento suficiente para llegar a una condena.
El caso vuelve a poner bajo análisis la financiación de la campaña presidencial de 2014 y el papel que habría tenido Odebrecht en la contratación de servicios relacionados con la candidatura de Juan Manuel Santos.
La pregunta ahora es qué pruebas presentará la Fiscalía para demostrar la presunta financiación irregular y cuál será la respuesta de la defensa durante el desarrollo del proceso.
