La Fundación para la Libertad de Prensa pidió revisar una orden judicial que permitiría examinar correos, documentos y comunicaciones del medio. La organización advierte que la diligencia podría comprometer el secreto profesional de los periodistas.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó la orden de inspección judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación contra el medio de comunicación Casa Macondo y solicitó una revisión inmediata de la actuación. La organización considera que el procedimiento podría poner en riesgo la reserva de las fuentes periodísticas y afectar las garantías constitucionales que protegen el ejercicio del periodismo en Colombia.
El pronunciamiento, divulgado el 9 de noviembre de 2026, se conoció después de que Casa Macondo denunciara públicamente que la Fiscalía pretende revisar documentos, correos electrónicos, comunicaciones y otros materiales relacionados con su trabajo de reportería.
La controversia gira alrededor de los límites que tienen las autoridades judiciales para acceder a los archivos de un medio de comunicación, especialmente cuando esos elementos pueden revelar la identidad de personas que entregan información a los periodistas bajo condiciones de confidencialidad.
¿Por qué la FLIP rechazó la inspección a Casa Macondo?
La FLIP manifestó que el alcance de la diligencia ordenada por la Fiscalía podría comprometer información protegida por el secreto profesional periodístico.
Según la organización, aunque la orden señala que no se exigirá identificar directamente a las fuentes protegidas, la revisión de correos, documentos y circunstancias en las que fueron recibidos los materiales puede permitir establecer quién suministró determinada información.
Para la fundación, la protección de las fuentes no consiste únicamente en evitar que las autoridades pregunten por sus nombres. También implica impedir que, mediante el acceso a los archivos y registros de reportería, se pueda reconstruir su identidad.
La organización considera que esta situación representa un riesgo para el trabajo de investigación periodística, pues las personas que entregan información de interés público podrían dejar de hacerlo si sienten que su identidad puede quedar expuesta.
Por esa razón, la FLIP solicitó a la Fiscalía revisar inmediatamente la orden y dejar sin efecto los requerimientos que puedan comprometer información protegida por el secreto profesional.
¿Qué busca la Fiscalía con la inspección judicial?
De acuerdo con la información divulgada por Casa Macondo, la actuación está relacionada con una investigación por presuntas calumnias contra el abogado Francisco Bernate.
El medio señaló que la diligencia pretende verificar la existencia de documentos que respalden información periodística, así como revisar correos electrónicos, comunicaciones y fechas de recepción de determinados materiales.
La orden de Policía Judicial habría sido firmada el 28 de agosto de 2026 por Laura Milena Fuentes Cerquera, funcionaria de la Fiscalía 315 Local de Bogotá.
Sin embargo, Casa Macondo cuestionó el fundamento de la actuación y aseguró que Francisco Bernate no ha sido mencionado en sus publicaciones.
El medio también manifestó preocupación porque la revisión de sus archivos podría permitir identificar indirectamente a las personas que entregaron información a sus periodistas.
Hasta el momento de los reportes publicados el 10 de noviembre, la discusión se centraba en el alcance de la orden y en las garantías que deben respetarse durante la investigación.
La Directiva 003 de 2023, en el centro de la controversia
Uno de los principales argumentos de la FLIP está relacionado con la Directiva 003 de 2023 de la Fiscalía General de la Nación.
Esta disposición establece lineamientos para que los funcionarios de la entidad protejan el secreto profesional de los periodistas y se abstengan de ordenar actuaciones investigativas que puedan poner en peligro la confidencialidad de las fuentes.
Según la FLIP, esos lineamientos incluyen evitar inspecciones a medios de comunicación cuando puedan comprometer materiales relacionados con el trabajo periodístico.
Por eso, la organización considera necesario que la Fiscalía revise si la diligencia ordenada contra Casa Macondo se ajusta a las garantías establecidas por la propia institución.
La fundación también pidió una respuesta de fondo a la solicitud que presentó ante la entidad y que se garantice al periodista Juan Pablo Barrientos y a su defensa el acceso a la información necesaria para conocer el alcance de la actuación y ejercer sus derechos.
Juan Pablo Barrientos enfrenta 13 denuncias penales activas
La FLIP también expresó preocupación por el contexto judicial que rodea al periodista Juan Pablo Barrientos, director de Casa Macondo.
De acuerdo con la organización, Barrientos enfrenta actualmente 13 denuncias penales activas. La fundación pidió analizar el efecto acumulado de estos procesos sobre su capacidad para continuar desarrollando investigaciones y publicando información de interés público.
La atención de múltiples actuaciones judiciales puede representar una carga de tiempo, recursos y asistencia legal para un periodista y su equipo.
Para la FLIP, es necesario examinar si ese contexto puede terminar restringiendo el ejercicio de la libertad de expresión y generar presiones que afecten la continuidad de las investigaciones periodísticas.
La organización también manifestó que Barrientos desconoce quién presentó la denuncia relacionada con la actuación que motivó la inspección. Según la información conocida por la fundación, Francisco Bernate sería el abogado de la persona que promovió el proceso, pero no necesariamente quien presentó directamente la denuncia.
El Veinte también cuestionó la actuación de la Fiscalía
La controversia también recibió un pronunciamiento de la organización El Veinte, que trabaja en asuntos relacionados con la libertad de expresión y la violencia digital contra periodistas.
La organización cuestionó que la Fiscalía pretenda acceder a correos, documentos de respaldo y comunicaciones del medio, incluso cuando la orden señala que no se solicitará directamente la identidad de las fuentes protegidas.
El Veinte advirtió que la reserva periodística no se protege únicamente evitando preguntar por el nombre de una fuente, sino impidiendo que los archivos de reportería permitan descubrir quién entregó la información.
Además, sostuvo que las publicaciones periodísticas deben controvertirse mediante mecanismos como la réplica, la rectificación y el debate público, y no mediante actuaciones que puedan comprometer los archivos internos de un medio.
Su pronunciamiento se sumó al llamado de la FLIP para que la Fiscalía revise la diligencia y garantice las condiciones necesarias para el ejercicio independiente del periodismo.
¿Qué pide la FLIP a la Fiscalía?
La Fundación para la Libertad de Prensa planteó varias solicitudes frente al caso de Casa Macondo:
- Revisar de manera inmediata la orden de inspección judicial.
- Emitir una respuesta de fondo a la solicitud presentada por la organización.
- Dejar sin efecto los requerimientos que puedan comprometer información protegida por el secreto profesional.
- Garantizar al periodista Juan Pablo Barrientos y a su defensa el acceso a la información necesaria para ejercer sus derechos.
La organización considera que las garantías de libertad de prensa deben aplicarse en las decisiones cotidianas de fiscales y funcionarios de Policía Judicial, especialmente cuando una actuación puede afectar la confidencialidad de las fuentes.
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¿Por qué este caso genera preocupación sobre la libertad de prensa en Colombia?
El caso de Casa Macondo reabre la discusión sobre la protección constitucional de la reserva de las fuentes periodísticas y la relación entre las investigaciones penales y el trabajo de los medios de comunicación.
La confidencialidad es una garantía fundamental para el periodismo de investigación, porque permite que ciudadanos, funcionarios y otras personas entreguen información de interés público sin exponerse automáticamente a represalias.
Si los archivos de reportería pueden ser examinados de manera que permitan identificar a las fuentes, existe el riesgo de que algunas personas decidan no colaborar con investigaciones periodísticas.
Por eso, la controversia no se limita a una diligencia contra un medio de comunicación. También plantea preguntas sobre cómo deben actuar las autoridades cuando investigan posibles delitos relacionados con publicaciones periodísticas y qué límites deben respetar para no comprometer derechos fundamentales.
Por ahora, la FLIP mantiene su solicitud de revisión ante la Fiscalía. El desarrollo de esta actuación permitirá conocer si la entidad modifica, aclara o mantiene los requerimientos dirigidos a Casa Macondo.
