La Defensoría del Pueblo alertó sobre el recrudecimiento de la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Antioquia registró 11 asesinatos entre enero y junio de 2026 y también figura entre los departamentos con más masacres del país.
La violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos continúa siendo una de las principales preocupaciones en Colombia. La Defensoría del Pueblo reveló que durante el primer semestre de 2026 fueron asesinados 78 líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, una cifra que refleja la persistencia de los riesgos que enfrentan quienes desarrollan labores sociales, comunitarias y de defensa de los derechos fundamentales en diferentes regiones del país.
El balance, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, evidencia que la violencia sigue concentrándose en territorios donde existe una fuerte presencia de grupos armados ilegales, economías ilícitas y disputas por el control territorial.
Antioquia, entre los departamentos más golpeados
De acuerdo con el informe, Antioquia ocupó el segundo lugar a nivel nacional en asesinatos de líderes sociales, con 11 casos, solo superado por el departamento del Cauca, que registró 19 homicidios. En tercer lugar aparece Norte de Santander con siete casos.
Para la Defensoría, esta situación confirma que departamentos históricamente afectados por el conflicto armado siguen siendo escenarios de alto riesgo para quienes ejercen liderazgo comunitario, ambiental, indígena, campesino o de derechos humanos.
En Antioquia, varias subregiones como el Bajo Cauca, Nordeste, Norte y Occidente continúan siendo escenario de confrontaciones entre grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, lo que incrementa las amenazas contra líderes sociales y organizaciones comunitarias.
¿Quiénes fueron las víctimas?
El reporte señala que de los 78 líderes asesinados, 61 eran hombres y 17 mujeres, reflejando que la violencia afecta tanto a hombres como a mujeres que desarrollan labores de liderazgo en sus comunidades.
Abril fue el mes más violento del semestre, con 18 asesinatos, seguido por mayo con 14 casos. Enero registró 13 homicidios; febrero y junio contabilizaron 12 cada uno, mientras que marzo cerró con nueve víctimas.
La Defensoría recordó que desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2026 ha documentado 1.741 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos, una cifra que evidencia la persistencia de este fenómeno durante la última década.
También fueron asesinados firmantes del Acuerdo de Paz
El informe también advierte que la violencia continúa afectando a quienes firmaron el Acuerdo de Paz con las antiguas Farc.
Durante el primer semestre de 2026 fueron asesinados cuatro firmantes del acuerdo. Dos de los casos ocurrieron en febrero en el departamento del Caquetá, mientras que los otros dos se registraron en marzo y junio en Cauca y Huila, respectivamente.
La Defensoría reiteró la importancia de fortalecer los mecanismos de protección para esta población, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por el Estado colombiano dentro del proceso de paz.
Las masacres tampoco disminuyen
El panorama de violencia también quedó reflejado en las cifras sobre masacres.
Entre enero y junio de este año, la Defensoría documentó 68 masacres, que dejaron 272 víctimas en diferentes regiones del país.
Marzo fue el mes con mayor número de hechos, con 14 masacres, seguido por enero y abril con 13 casos cada uno.
Nuevamente, Cauca encabezó la lista con 10 masacres, mientras que Antioquia apareció en segundo lugar con nueve casos, seguido por Norte de Santander con ocho.
Estas cifras muestran que el departamento continúa siendo uno de los territorios más afectados por la violencia derivada del conflicto armado y las disputas entre organizaciones criminales.
Defensoría insiste en fortalecer la protección
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a las autoridades nacionales para reforzar las estrategias de prevención y protección dirigidas a líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades vulnerables.
La entidad señaló que resulta indispensable fortalecer la presencia institucional en las regiones con mayores niveles de violencia, garantizar investigaciones oportunas que permitan judicializar a los responsables y adoptar medidas efectivas para prevenir nuevos ataques.
Asimismo, insistió en que proteger a quienes ejercen liderazgo comunitario es fundamental para garantizar la participación ciudadana, la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz en los territorios más afectados por el conflicto armado.
