BTG Pactual estima que el país necesitaría recursos equivalentes al 1% del PIB para iniciar la atención de la emergencia y la reconstrucción. El terremoto también pondría a prueba las finanzas del nuevo Gobierno.
El devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto no solo deja un alto costo humano y graves afectaciones en infraestructura, sino también un enorme desafío para las finanzas públicas del país. Una primera estimación realizada por BTG Pactual calcula que Colombia requerirá cerca de $20 billones (US$6.350 millones) para iniciar la atención de la emergencia y las primeras obras de reconstrucción, una cifra equivalente a aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Aunque el cálculo todavía no representa el costo definitivo de los daños, sí ofrece una primera dimensión del esfuerzo económico que deberá asumir el Gobierno Nacional para responder a una de las mayores tragedias naturales registradas en el país en los últimos años.
La emergencia se produjo apenas tres días después de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella, quien ya decretó el desastre nacional y puso en marcha los mecanismos de respuesta para atender a las regiones más afectadas.
Una reconstrucción que costaría cerca del 1% del PIB
De acuerdo con Munir Jalil, economista jefe para la región Andina de BTG Pactual, aún es prematuro calcular el costo total del desastre, ya que continúan las evaluaciones de daños en viviendas, hospitales, carreteras, puentes y redes de servicios públicos.
Sin embargo, el analista considera que el país necesitará inicialmente recursos cercanos al 1% del PIB, equivalentes a unos $20 billones, para financiar la atención humanitaria, la recuperación de infraestructura crítica y las primeras obras de reconstrucción.
«Sin lugar a dudas no hay plata», señaló Jalil, al advertir que la capacidad fiscal del Estado ya enfrentaba importantes limitaciones antes del terremoto.
El terremoto obligaría a replantear el ajuste fiscal
Antes de la emergencia, el Gobierno había anunciado un recorte presupuestal de $20 billones como parte de su estrategia para reducir el déficit fiscal y estabilizar las finanzas públicas.
Paradójicamente, esa misma cifra es la que ahora podría requerirse para atender los efectos del terremoto.
Según BTG Pactual, el ajuste fiscal no necesariamente desaparecería, pero sí podría aplazarse mientras se destinan mayores recursos para la atención de la emergencia.
La firma también recordó que Colombia ya enfrenta una brecha presupuestal cercana a $30 billones, por lo que la tragedia aumenta la presión sobre unas cuentas públicas que ya mostraban un deterioro significativo.
Déficit y deuda limitan el margen del Gobierno
Las cifras presentadas por BTG Pactual muestran un panorama complejo para las finanzas nacionales.
El análisis señala que el déficit fiscal habría cerrado 2025 en 6,36% del PIB, mientras que el déficit primario alcanzó 3,55%.
A esto se suma que los ingresos tributarios permanecen por debajo del 17% del PIB, mientras el gasto público continúa alrededor del 23%, lo que reduce considerablemente la capacidad del Estado para asumir nuevos compromisos sin recurrir a mayores fuentes de financiación.
Emergencia económica, una opción sobre la mesa
Ante este escenario, uno de los mecanismos que podría estudiar el Gobierno sería la declaratoria de una emergencia económica, figura constitucional que permitiría adoptar medidas extraordinarias para movilizar recursos de manera más rápida.
Aunque hasta el momento no existe una decisión oficial en ese sentido, BTG Pactual considera que esta alternativa podría facilitar la financiación de los programas de reconstrucción y atención a los damnificados.
El principal reto será encontrar recursos sin comprometer aún más la estabilidad fiscal del país.
Presupuesto de 2027 tendría que modificarse
El terremoto también tendría consecuencias sobre el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, presentado antes de la llegada del nuevo Gobierno.
La propuesta contempla un presupuesto cercano a $575 billones, cifra que incluía el ajuste fiscal anunciado previamente.
Ahora, expertos consideran que será necesario incorporar nuevas partidas destinadas exclusivamente a la reconstrucción de las zonas afectadas, lo que obligaría a replantear la distribución de los recursos públicos.
Según Jalil, el Congreso deberá revisar el proyecto para incluir inversiones que inicialmente no estaban contempladas.
El pago de intereses seguirá aumentando
La presión sobre las finanzas públicas también proviene del crecimiento del servicio de la deuda.
BTG Pactual estima que en 2027 el Estado destinaría cerca de $118 billones al pago de intereses y amortizaciones, un incremento del 29% frente al año anterior.
Ese monto incluso superaría la inversión pública proyectada, estimada en aproximadamente $89 billones, reduciendo aún más el margen para financiar nuevas obras sin incrementar el endeudamiento.
La reforma tributaria cobra mayor relevancia
En este contexto, el proyecto de reforma tributaria estructural que el Gobierno prevé presentar en septiembre adquiere una importancia aún mayor.
La iniciativa buscaría fortalecer el recaudo, mejorar el equilibrio de las finanzas públicas y generar recursos adicionales que permitan atender las necesidades derivadas del terremoto sin deteriorar aún más el déficit fiscal.
Los analistas advierten que buena parte del gasto del Estado es inflexible, por lo que aumentar los ingresos será una pieza clave para sostener el proceso de reconstrucción.
La ayuda internacional ya comenzó a llegar
Mientras el Gobierno define el costo definitivo de la reconstrucción, la cooperación internacional empezó a movilizar recursos para apoyar la emergencia.
Hasta ahora se han anunciado más de $3.800 millones en ayudas no reembolsables destinadas a la evaluación de daños y a la atención humanitaria.
Entre los aportes confirmados se encuentran:
- Banco Mundial: US$200.000 para evaluación de daños, además de recursos adicionales para asistencia técnica y apoyo a la Cruz Roja.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID): US$500.000 en cooperación técnica no reembolsable.
- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF): US$500.000 para fortalecer la respuesta humanitaria.
Estos recursos representan el inicio del apoyo internacional, aunque las autoridades estiman que las necesidades de financiación serán mucho mayores a medida que avance el diagnóstico de las afectaciones.
