La entidad encargada de coordinar la atención de desastres enfrenta la emergencia sísmica mientras persisten cuestionamientos por contratos, sobrecostos y problemas administrativos heredados de años anteriores.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) enfrenta uno de sus mayores desafíos operativos en medio de la emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. La entidad tiene la responsabilidad de coordinar buena parte de la respuesta institucional ante la tragedia, pero al mismo tiempo continúa cargando con las consecuencias de los cuestionamientos que surgieron por su manejo durante años anteriores.
La situación vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de la UNGRD para atender emergencias, especialmente en momentos en los que varias regiones necesitan asistencia humanitaria, evaluación de daños y recursos para iniciar la recuperación.
El terremoto ha obligado a desplegar organismos de socorro y autoridades en diferentes departamentos. Sin embargo, la respuesta ocurre mientras la entidad intenta superar los problemas administrativos y financieros derivados del escándalo de contratación que la golpeó durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La UNGRD quedó en el centro de un escándalo
Uno de los casos que puso a la entidad en el centro de la controversia fue el contrato para adquirir 40 carrotanques destinados a transportar agua potable en La Guajira.
Según información citada por Semana a partir de actuaciones de la Contraloría General, el negocio habría generado un detrimento calculado en aproximadamente 16.000 millones de pesos, relacionado con diferencias entre los valores reportados y los costos establecidos para los vehículos.
El caso se convirtió en uno de los principales símbolos del escándalo que afectó a la entidad y abrió investigaciones sobre la forma como fueron administrados recursos destinados originalmente a atender necesidades de comunidades vulnerables.
La controversia no se limitó a los vehículos. También fueron revisados contratos y convenios relacionados con programas de alimentación, obras para mitigar inundaciones y proyectos destinados a atender emergencias en diferentes departamentos.
Contratos y sobrecostos quedaron bajo la lupa
Los informes de los organismos de control también señalaron posibles irregularidades en diferentes procesos de contratación.
Entre los territorios mencionados aparecen La Guajira, Córdoba, Bolívar, Santander y Boyacá, donde se identificaron operaciones que fueron objeto de revisión fiscal.
En el caso de Santander, la Contraloría reportó irregularidades que, de acuerdo con la información publicada por Semana, alcanzaron cifras de hasta un billón de pesos, aunque el proceso de revisión podía generar nuevos hallazgos.
La magnitud de estos cuestionamientos generó preocupación porque los recursos administrados por la UNGRD tienen como finalidad responder ante situaciones que pueden poner en riesgo la vida y el patrimonio de miles de ciudadanos.
El terremoto pone a prueba nuevamente a la entidad
Ahora, la emergencia sísmica obliga a la UNGRD a responder con rapidez.
Las necesidades van desde la atención inmediata de las personas damnificadas hasta la evaluación de viviendas, infraestructura pública, hospitales, vías y establecimientos educativos.
La emergencia también exige coordinación entre el Gobierno nacional, gobernaciones, alcaldías, organismos de socorro y comunidades afectadas.
En este escenario, cualquier limitación financiera, administrativa o logística puede convertirse en un obstáculo para acelerar la entrega de ayudas y avanzar posteriormente hacia la reconstrucción.
La propia información publicada por Semana recoge declaraciones según las cuales la entidad enfrenta dificultades de recursos, endeudamiento y disponibilidad de personal.
Los recursos serán clave para la reconstrucción
Después de la atención inicial llegará una segunda etapa todavía más compleja: la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
Esta fase requerirá inversiones importantes para reparar o reconstruir viviendas, infraestructura educativa, centros de salud, vías y otros espacios esenciales para las comunidades.
Por eso, la capacidad financiera y administrativa de la UNGRD será determinante.
La entidad deberá demostrar que puede administrar los recursos con transparencia y garantizar que las ayudas lleguen efectivamente a las poblaciones afectadas.
El desafío no será únicamente conseguir dinero, sino establecer mecanismos de contratación y seguimiento que permitan evitar nuevos cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.
El antecedente de los carrotanques sigue presente
El caso de los carrotanques de La Guajira continúa siendo uno de los principales referentes cuando se habla de los problemas que enfrentó la entidad.
Además de los cuestionamientos económicos, Semana señala que los vehículos presentaron problemas técnicos y dificultades para cumplir adecuadamente con la misión para la que fueron adquiridos.
El episodio dejó una pregunta de fondo sobre la administración de los recursos destinados a la gestión del riesgo: ¿cómo garantizar que el dinero destinado a atender emergencias termine efectivamente beneficiando a las comunidades?
Esa pregunta adquiere mayor relevancia ahora que Colombia enfrenta una emergencia de gran magnitud.
Una nueva prueba para la gestión del riesgo
La tragedia sísmica representa una prueba para todo el sistema nacional de gestión del riesgo.
La UNGRD deberá coordinar una respuesta que combine atención humanitaria, recuperación de infraestructura y planificación de la reconstrucción, mientras busca recuperar la confianza institucional después de los escándalos que marcaron su pasado reciente.
El reto será especialmente complejo porque las necesidades de las comunidades aumentarán durante las próximas semanas y meses.
La emergencia, además, obliga a garantizar que cada peso destinado a la recuperación sea utilizado de manera eficiente, transparente y verificable.
Para las autoridades, la prioridad inmediata continúa siendo atender a las víctimas y responder a las necesidades más urgentes. Pero paralelamente, la crisis vuelve a poner sobre la mesa la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de manejar los recursos para enfrentar desastres.
La UNGRD enfrenta así una doble tarea: responder a una de las emergencias más graves de los últimos años y demostrar que las lecciones dejadas por los escándalos de contratación pueden traducirse en controles más efectivos y una administración transparente de los recursos públicos.
