El Gobierno Nacional ordenó revisar el funcionamiento y la legalidad de los sistemas de fotodetección. Las cámaras sin justificación técnica podrían salir de operación.
El sistema de fotomultas en Colombia vuelve a estar en el centro del debate nacional. El Gobierno anunció una revisión integral de los dispositivos de fotodetección que funcionan en diferentes ciudades y carreteras del país, con el objetivo de determinar si cumplen realmente una función de seguridad vial o si algunos sistemas estarían operando principalmente como mecanismos de recaudo.
La decisión fue respaldada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien pidió revisar la legalidad y el funcionamiento de las cámaras instaladas en el territorio nacional.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, aseguró que los dispositivos que no tengan una justificación técnica relacionada con la seguridad vial podrían ser retirados.
¿Por qué el Gobierno revisará las fotomultas?
La discusión comenzó después de una controversia relacionada con el corredor Barranquilla-Cartagena, donde fueron autorizados tres nuevos puntos de fotodetección.
Con estas instalaciones, el corredor pasaría de cuatro a siete cámaras. Los nuevos puntos están ubicados en sectores como Playa Mendoza, el Sombrero Vueltiao y el Volcán del Totumo.
La ministra de Transporte consideró que la cantidad de dispositivos instalados en este tramo podría ser excesiva y solicitó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial suspender la entrada en operación de las nuevas cámaras.
El caso terminó generando una discusión de alcance nacional sobre la utilización de estos sistemas.
Fotomultas deberán cumplir una función de seguridad vial
El Gobierno sostiene que las cámaras de fotodetección deben tener como principal propósito prevenir accidentes y proteger la vida de los conductores, motociclistas, pasajeros y peatones.
La ministra Elsa Noguera señaló que la detección electrónica no debería convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos.
Por esta razón, el Ministerio de Transporte adelantará una revisión de las condiciones técnicas y legales bajo las cuales funcionan los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de infracciones.
La revisión deberá establecer si las cámaras cuentan con las autorizaciones correspondientes y si existe una justificación técnica para su ubicación.
¿Podrían retirar cámaras de fotomultas?
Sí. El Gobierno abrió la posibilidad de retirar las cámaras que no tengan una justificación técnica de seguridad vial o que incumplan los requisitos establecidos.
La ministra de Transporte explicó que aquellos dispositivos que no cumplan las condiciones exigidas podrán ser objeto de medidas administrativas.
Esto no significa que todas las cámaras del país vayan a ser desmontadas.
La revisión busca determinar cuáles cumplen las normas y cuáles presentan posibles irregularidades.
Por eso, los conductores deberán esperar las decisiones que adopten las autoridades luego del análisis individual de cada sistema.
Millones de fotomultas ya estaban bajo investigación
La nueva revisión se suma a una investigación que el Gobierno Nacional había iniciado meses atrás contra 37 organismos de tránsito.
Según información del Ministerio de Transporte, más de 7,5 millones de comparendos fueron identificados dentro de los sistemas investigados. De ellos, 5.832.906 comparendos pendientes de pago quedarían sin validez y deberían ser revocados de oficio si se confirman los incumplimientos detectados.
La investigación también identificó 1.582.398 comparendos que ya habían sido pagados, con un recaudo superior a $1,05 billones.
Esto abrió otro interrogante: qué ocurriría con los recursos que ya fueron pagados por los conductores en caso de que las autoridades determinen que las fotomultas correspondientes no cumplían los requisitos legales.
Medellín, Bogotá y Cali aparecen entre los casos bajo la lupa
La investigación adelantada por las autoridades involucra organismos de tránsito de diferentes ciudades y municipios.
Entre las ciudades con mayor cantidad de comparendos identificados aparecen Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla.
Cali concentra alrededor de 2,7 millones de comparendos, mientras que Medellín registra más de 717.000. Bogotá aparece con cerca de 294.000 y Barranquilla con más de 131.000, según las cifras entregadas por el Gobierno.
La situación también generó preocupación en Antioquia. En mayo se calculó que Medellín, Itagüí, Bello y Sabaneta podrían enfrentar consecuencias económicas relacionadas con la investigación de los sistemas de fotodetección.
¿Qué pasará con las fotomultas que ya fueron impuestas?
Este es uno de los principales interrogantes para los conductores.
La revisión anunciada actualmente no significa que todas las fotomultas del país queden automáticamente anuladas.
Los procesos dependerán de los resultados de las investigaciones y de las condiciones particulares de cada organismo de tránsito.
En el caso de los comparendos que ya fueron identificados dentro de investigaciones anteriores, las autoridades establecieron mecanismos para revocar de oficio aquellos que no cumplan los requisitos determinados por la normativa.
Para quienes ya pagaron, también se deberá establecer el procedimiento correspondiente si finalmente se determina que hubo cobros que no tenían validez.
El debate sobre el recaudo
Uno de los principales puntos de discusión es el destino de los recursos obtenidos mediante las multas.
El Gobierno quiere establecer que las cámaras estén ubicadas en lugares donde realmente exista un riesgo para la seguridad vial y donde la fotodetección pueda contribuir a reducir comportamientos peligrosos.
La discusión no significa que las infracciones de tránsito vayan a desaparecer.
El objetivo anunciado es diferenciar entre una cámara que ayuda a reducir la velocidad y prevenir siniestros y un dispositivo que pueda terminar utilizándose principalmente para generar ingresos.
Bogotá defiende el uso de sus cámaras
Mientras el Gobierno nacional anuncia la revisión, algunas administraciones locales han defendido la utilidad de estos sistemas.
La Alcaldía de Bogotá, por ejemplo, sostiene que las cámaras han contribuido a reducir los siniestros viales y que disminuir la velocidad tiene un efecto directo en la protección de la vida.
La Secretaría de Movilidad de la capital señaló que las cámaras pueden evitar hasta 42 muertes y alrededor de 1.700 lesiones cada año, según sus estimaciones.
Esto muestra que el debate no se limita al recaudo.
También existe una discusión sobre cuál es la manera más efectiva de utilizar la tecnología para prevenir accidentes.
¿Qué deben saber los conductores?
Por ahora, los conductores no deben asumir que todas las fotomultas en Colombia quedaron eliminadas.
Las autoridades continuarán revisando la legalidad, los requisitos técnicos y la justificación de los diferentes sistemas de fotodetección.
Mientras se conocen nuevas decisiones, las obligaciones de tránsito continúan vigentes para los dispositivos que operan legalmente.
La revisión nacional, sin embargo, podría generar cambios importantes en el funcionamiento de las cámaras y en la manera en que se aplican los comparendos.
El Gobierno deberá determinar cuáles dispositivos cumplen su propósito de seguridad vial, cuáles requieren ajustes y cuáles podrían ser retirados.
