El organismo de control encontró presuntas irregularidades en la ejecución de recursos destinados a la política de paz total, con hallazgos fiscales por más de $11.220 millones solo en 2025.
La Contraloría General de la República presentó el Décimo Informe de Seguimiento al Acuerdo Final de Paz, en el que revisó la inversión realizada durante la última década para la implementación del acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las extintas Farc. En el documento, el organismo también evaluó los recursos destinados a la política de paz total impulsada por el gobierno del expresidente Gustavo Petro y encontró presuntas irregularidades en su ejecución.
Según el informe, aunque la administración anterior destinó billonarios recursos para programas asociados a la paz, parte del dinero entregado no habría sido ejecutado de manera eficiente, lo que derivó en múltiples hallazgos con posible incidencia fiscal.
La ejecución superó los recursos inicialmente previstos
De acuerdo con la Contraloría, el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 contempló una asignación de 52,40 billones de pesos para la política de paz total.
Sin embargo, al revisar la ejecución presupuestal, el organismo de control encontró que entre 2023 y 2025 ya se habían ejecutado 64,04 billones de pesos, una cifra superior a la meta inicialmente establecida para todo el cuatrienio.
El informe señala que este incremento obligó a revisar con mayor detalle la destinación y ejecución de los recursos para establecer si los programas financiados cumplieron los objetivos planteados.
Hallazgos en el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total
Uno de los programas revisados fue Caminos Comunitarios de la Paz Total, desarrollado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), cuyo propósito era mejorar, mantener y rehabilitar vías terciarias en zonas rurales para fortalecer la conectividad y promover el desarrollo regional.
La Contraloría indicó que durante el cuatrienio se destinaron cerca de 1,004 billones de pesos para esta estrategia.
No obstante, el organismo encontró varias inconsistencias durante la auditoría. Entre ellas, advirtió que en 2025 el programa no contó con apropiación presupuestal, situación que obligó a buscar otras fuentes de financiación para evitar la suspensión de las obras.
Ese mismo año se reportó la intervención de 2.240,7 kilómetros de vías, de los cuales 2.123,83 kilómetros correspondieron a obras de mejoramiento y 116,83 kilómetros a actividades de mantenimiento.
Pese a esos avances, la auditoría identificó 48 hallazgos con presunta incidencia fiscal por 1.513 millones de pesos.
Las observaciones están relacionadas con deficiencias en la planeación de convenios solidarios, fallas en la calidad de las obras ejecutadas y ausencia de soportes suficientes para demostrar la correcta ejecución de los recursos públicos.
Infraestructura para la paz también presentó inconsistencias
El informe también analizó el proyecto Infraestructura Social y Hábitat para la Paz Total, orientado a desarrollar obras en comunidades vulnerables y territorios priorizados.
Para 2025, esta iniciativa recibió una asignación de 134.931 millones de pesos.
De ese total, las entidades comprometieron 115.389 millones, pero la Contraloría encontró que únicamente se habían desembolsado efectivamente 32.687 millones de pesos, lo que refleja una ejecución parcial de los recursos disponibles.
El organismo de control indicó que continuará revisando el comportamiento financiero de este programa para establecer el destino final de los recursos comprometidos.
2025 fue el año con más hallazgos fiscales
Aunque el informe revisa inversiones realizadas durante los últimos diez años en la implementación del Acuerdo de Paz, la Contraloría concluyó que 2025 fue el periodo con mayor número de observaciones fiscales.
Durante ese año fueron identificados 59 hallazgos con presunta incidencia fiscal, cuyo valor supera los 11.220 millones de pesos.
El organismo señaló que estos resultados reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control sobre los recursos públicos destinados a programas relacionados con la construcción de paz.
Contraloría continuará el seguimiento
La Contraloría General anunció que mantendrá el seguimiento permanente a la ejecución de los recursos destinados tanto al Acuerdo Final de Paz como a los diferentes programas creados para fortalecer la presencia institucional en los territorios.
El propósito, según explicó el ente de control, es garantizar que los recursos públicos lleguen efectivamente a las comunidades beneficiarias y que los proyectos financiados se ejecuten con criterios de transparencia, eficiencia y responsabilidad fiscal.
