Luis Carlos Gutiérrez Martínez firmó un preacuerdo con la Fiscalía y reconoció su responsabilidad como cómplice en la falsedad ideológica en documento público.
El caso de los títulos académicos falsos de Juliana Guerrero tuvo un nuevo capítulo judicial este jueves 20 de agosto de 2026. Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, aceptó ante la Fiscalía General de la Nación su participación en la expedición irregular de los documentos académicos.
Gutiérrez Martínez llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, mediante el cual reconoció su responsabilidad como cómplice del delito de falsedad ideológica en documento público. El acuerdo contempla una pena de 36 meses de prisión, equivalente a tres años.
La nueva decisión representa un avance dentro de la investigación que se originó por los títulos que habrían sido expedidos a nombre de Juliana Andrea Guerrero Jiménez en julio de 2025 y que posteriormente generaron un escándalo político y judicial.
¿Qué reconoció el exsecretario de la Fundación San José?
Durante la audiencia en la que se presentó el preacuerdo, la Fiscalía explicó que Luis Carlos Gutiérrez Martínez reconoció haber abusado de las funciones que tenía dentro de la institución educativa.
Según la Fiscalía, el entonces secretario general habría ingresado de manera ilícita al sistema de la Fundación Universitaria San José para autorizar la expedición de dos diplomas académicos y las correspondientes actas de grado.
Los documentos estaban relacionados con los títulos de profesional en Contaduría Pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria a nombre de Juliana Guerrero.
La Fiscalía sostiene que los documentos fueron expedidos con fecha del 1 de julio de 2025, pese a que Guerrero no habría cumplido con todos los requisitos académicos y legales necesarios para obtener esos títulos.
¿Cuál fue el acuerdo con la Fiscalía?
Uno de los puntos centrales del preacuerdo es que Gutiérrez Martínez pasó de ser considerado inicialmente coautor a aceptar su participación como cómplice.
Como consecuencia de la negociación judicial, se estableció una pena de 36 meses de prisión.
La Fiscalía explicó durante la audiencia los términos del acuerdo y la aceptación de responsabilidad del exfuncionario de la institución universitaria.
El exsecretario también habría manifestado su arrepentimiento por las actuaciones realizadas.
El acuerdo deberá continuar el trámite correspondiente ante la autoridad judicial para determinar su aprobación dentro del proceso.
¿Qué títulos habría recibido Juliana Guerrero?
La investigación está relacionada con dos documentos académicos que habrían sido expedidos irregularmente.
Se trata de un título de Contaduría Pública y otro de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.
De acuerdo con la Fiscalía, mediante los documentos se hizo constar que Juliana Guerrero había cumplido con los requisitos académicos y legales para obtener las titulaciones, cuando las circunstancias reales no correspondían con esa información.
La expedición de estos documentos terminó convirtiéndose en uno de los principales escándalos relacionados con la entonces aspiración de Guerrero a ocupar un cargo en el Gobierno nacional.
El escándalo frenó su llegada al Viceministerio de Juventudes
El caso tomó relevancia política después de que el nombre de Juliana Guerrero apareciera como aspirante al cargo de viceministra de las Juventudes.
El Departamento Administrativo de la Presidencia publicó su nombre como candidata para ocupar esa posición, pero posteriormente surgieron cuestionamientos sobre sus títulos académicos.
Las denuncias y las investigaciones relacionadas con los documentos llevaron a que el nombramiento finalmente no se concretara.
La controversia también generó cuestionamientos sobre los antecedentes académicos de Guerrero y sobre el procedimiento mediante el cual fueron expedidos los documentos.
¿Qué pasó con Luis Carlos Gutiérrez?
Después de que estallara el escándalo, la dirección de la Fundación Universitaria San José tomó medidas frente a la situación.
El 22 de septiembre de 2025, la institución ordenó la destitución inmediata de Luis Carlos Gutiérrez Martínez de su cargo como secretario general.
Ahora, con el preacuerdo firmado con la Fiscalía, el exfuncionario reconoce judicialmente su participación en la expedición de los documentos cuestionados.
La negociación representa uno de los avances más importantes dentro del proceso porque permite establecer, desde la perspectiva de la Fiscalía, cómo habría sido posible la expedición de los títulos.
¿Qué papel tuvo el sistema de la universidad?
Uno de los elementos relevantes de la investigación es el supuesto acceso irregular al sistema de la institución.
Según la Fiscalía, Gutiérrez Martínez habría utilizado sus funciones para ingresar al sistema de la Fundación Universitaria San José y autorizar la elaboración de los documentos académicos.
Este elemento es clave porque la investigación busca establecer cómo se produjo la expedición de los títulos y quiénes pudieron intervenir en el procedimiento.
La declaración aceptada dentro del preacuerdo podría convertirse en una pieza relevante para determinar si otras personas tuvieron participación en la elaboración o autorización de los documentos.
¿Qué pasará con Juliana Guerrero?
El proceso judicial contra Juliana Guerrero continúa por separado.
Este mismo jueves estaba prevista una audiencia relacionada con la acusación en su contra por el caso de los títulos, pero la diligencia tuvo una novedad: su defensa solicitó el aplazamiento.
La joven no asistió a la audiencia y el juez informó sobre la solicitud presentada por su defensa.
Por ahora, la aceptación de responsabilidad de Gutiérrez Martínez no significa automáticamente que Guerrero sea responsable de los hechos investigados. Su situación deberá resolverse dentro de su propio proceso judicial y con respeto a las garantías procesales.
Un nuevo capítulo en el caso de los títulos falsos
El preacuerdo del exsecretario general de la Fundación Universitaria San José agrega un nuevo elemento al caso que desde 2025 ha generado controversia política y judicial.
La Fiscalía logró que uno de los involucrados reconociera su participación en la expedición irregular de los documentos y aceptara una pena de tres años de prisión.
Ahora la atención se concentra en el trámite judicial del preacuerdo y en las actuaciones que continúen contra los demás involucrados.
Mientras tanto, el caso de Juliana Guerrero continúa abierto y su defensa deberá enfrentar las siguientes etapas del proceso relacionado con los títulos académicos cuestionados.
La confesión del exsecretario podría aportar nuevos elementos para esclarecer cómo se expidieron los documentos y qué personas participaron en el procedimiento.
