La Fiscalía pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara evaluar posibles responsabilidades del expresidente Gustavo Petro por homicidio culposo y presunta violación agravada de datos personales.
La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años que padecía hemofilia, volvió a generar controversia nacional luego de que la Fiscalía General de la Nación compulsara copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para determinar si existen méritos para abrir una investigación contra el expresidente Gustavo Petro.
La decisión está relacionada con dos posibles líneas de investigación: homicidio culposo en calidad de garante y presunta violación agravada de datos personales, esta última relacionada con la divulgación de información contenida en la historia clínica del menor.
Sin embargo, es importante precisar que Petro no está formalmente investigado por estos hechos. Por ahora, corresponde a la Comisión de Acusación estudiar la información remitida por la Fiscalía y establecer si existen elementos suficientes para abrir una investigación.
El caso tiene como antecedente la muerte de Kevin, ocurrida el 13 de febrero de 2026, después de que el menor permaneciera cerca de dos meses sin recibir oportunamente el medicamento Emicizumab, utilizado para el tratamiento de su hemofilia.
¿Por qué la Fiscalía pidió revisar el caso de Petro?
La Fiscalía busca establecer si el entonces presidente Gustavo Petro podría tener algún tipo de responsabilidad jurídica por las circunstancias relacionadas con la atención que recibió Kevin Acosta.
La primera hipótesis corresponde al homicidio culposo por posición de garante.
Esta posibilidad implica determinar si Petro tenía un deber jurídico concreto de intervenir para evitar el desenlace y, además, si una eventual omisión tuvo relación directa con la muerte del menor.
Expertos consultados por El Colombiano advierten que esta línea jurídica sería especialmente compleja, debido a que no basta con establecer una responsabilidad política o jerárquica sobre el sistema de salud.
La Fiscalía tendría que demostrar que existía una obligación jurídica específica y que su incumplimiento tuvo incidencia causal en el fallecimiento de Kevin.
La falta del medicamento fue clave en el caso
La situación médica del menor también ha sido objeto de investigaciones de diferentes organismos.
En marzo de 2026, la Procuraduría General de la Nación concluyó que la falta de suministro oportuno de Emicizumab, un medicamento indispensable para el tratamiento de la hemofilia, incidió en el deterioro de la salud de Kevin y pudo contribuir a su fallecimiento.
Según el organismo de control, el niño estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento debido a dificultades relacionadas con los pagos de la Nueva EPS a las instituciones encargadas de atenderlo.
La Procuraduría explicó que Medicarte había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes debido a la falta de pago de la Nueva EPS.
Posteriormente, otra institución debía asumir la atención, pero tampoco pudo hacerlo porque no estaba recibiendo los recursos correspondientes.
Cuando Kevin falleció, además, no estaba asignado a una institución prestadora de servicios de salud.
Cuatro funcionarios de la Nueva EPS serán imputados
Mientras se analiza si existen méritos para investigar a Petro, la Fiscalía ya avanzó contra funcionarios relacionados directamente con la administración de la Nueva EPS.
La entidad citó para el próximo 24 de agosto a audiencia de imputación por homicidio culposo a cuatro personas vinculadas con la administración de la EPS durante el periodo investigado.
Entre ellas se encuentran Luis Óscar Galves Mateus, quien se desempeñaba como interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.
La investigación busca establecer las responsabilidades individuales de quienes tenían funciones relacionadas con la administración y prestación de los servicios que requería el menor.
También investigan la divulgación de la historia clínica
La segunda línea que podría involucrar a Petro está relacionada con la información médica de Kevin Acosta.
Durante las primeras semanas posteriores a la muerte del menor, el entonces presidente hizo declaraciones públicas sobre las circunstancias del fallecimiento y mencionó información relacionada con su estado de salud.
La Fiscalía busca determinar si en ese proceso se produjo una vulneración de datos personales protegidos por la legislación colombiana.
Para los investigadores, esta hipótesis tendría características diferentes a la relacionada con el homicidio culposo, pues no sería necesario demostrar que la divulgación de la información causó la muerte del menor.
La discusión estaría enfocada en determinar quién tuvo acceso a la historia clínica, cómo obtuvo la información y bajo qué circunstancias fue divulgada.
Petro tiene fuero constitucional
Otro elemento fundamental en este caso es la condición de expresidente de Colombia de Gustavo Petro y el trámite especial que corresponde a los altos funcionarios que ejercieron la Presidencia.
Por esta razón, la Fiscalía no puede adelantar directamente una investigación penal ordinaria contra Petro por hechos relacionados con su ejercicio presidencial.
La documentación fue enviada a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que deberá estudiar el caso y determinar si existen fundamentos para iniciar una actuación formal.
Si la Comisión encuentra elementos suficientes, el proceso podría avanzar por los procedimientos establecidos para funcionarios con fuero.
Esto significa que la eventual investigación tendría un camino diferente al que enfrentan los funcionarios de la Nueva EPS que ya fueron citados a imputación.
¿Petro ya está investigado por la muerte de Kevin?
Por ahora, no.
Este punto es fundamental para entender el alcance de la decisión de la Fiscalía.
Lo que existe actualmente es una compulsa de copias para que la Comisión de Acusación determine si existen méritos para abrir una investigación formal contra el expresidente.
Por lo tanto, no puede afirmarse que Petro haya sido acusado formalmente ni que exista una decisión judicial que determine su responsabilidad por la muerte del menor.
La investigación, en caso de abrirse, deberá establecer si existió una conducta u omisión atribuible al entonces mandatario y si esta tuvo relación jurídica y causal con el desenlace.
La posición de garante será determinante
Uno de los conceptos jurídicos centrales en este caso será el de posición de garante.
Para que una eventual hipótesis de homicidio culposo contra Petro pueda avanzar, tendría que demostrarse que el expresidente tenía una obligación jurídica concreta de actuar para evitar el resultado.
Los expertos consultados por El Colombiano señalan que no sería suficiente demostrar que el Gobierno tenía responsabilidad general sobre el sistema de salud o que la Nueva EPS estaba intervenida por el Estado.
La investigación tendría que establecer una conexión concreta entre las funciones de Petro, una eventual omisión y la muerte de Kevin.
También tendría que analizarse si el resultado era previsible y si una actuación diferente habría podido evitarlo.
El caso de Kevin abrió un debate sobre el sistema de salud
La muerte del menor también generó un debate sobre las dificultades que enfrentan pacientes con enfermedades que requieren medicamentos de alto costo y atención especializada.
El informe de la Procuraduría señaló que otros aproximadamente 2.000 pacientes adscritos a las instituciones involucradas podían encontrarse en una situación de riesgo por problemas de atención.
El organismo de control anunció además una investigación disciplinaria contra el interventor de la Nueva EPS y trasladó información a la Fiscalía para que se determinaran las responsabilidades correspondientes.
De esta manera, el caso de Kevin pasó de ser una denuncia familiar sobre dificultades para recibir medicamentos a convertirse en una investigación con diferentes frentes institucionales.
Un proceso que apenas comienza
La eventual investigación contra Gustavo Petro se encuentra todavía en una etapa preliminar.
La Comisión de Acusación deberá estudiar la información enviada por la Fiscalía y determinar si existen elementos que justifiquen una investigación formal.
Paralelamente, la Fiscalía continuará con el proceso contra los funcionarios de la Nueva EPS citados a imputación y con las investigaciones relacionadas con la historia clínica del menor.
El caso también mantiene abierta la discusión sobre las responsabilidades que pudieron existir en la cadena de atención de Kevin y sobre las dificultades que enfrentó para recibir el medicamento necesario para tratar su enfermedad.
Por ahora, la conclusión establecida por la Procuraduría es que la falta oportuna del medicamento incidió en el deterioro de la condición clínica del niño. La responsabilidad penal individual, sin embargo, deberá ser determinada por las autoridades competentes dentro de los respectivos procesos.
