La decisión deja sin efectos la resolución que suspendió esta práctica desde 2015, pero la fumigación no podrá comenzar de inmediato porque aún deben cumplirse requisitos ambientales y de consulta previa.
El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella tomó una decisión que reabre uno de los debates más polémicos de la política antidrogas en Colombia: mediante una nueva resolución, el Ejecutivo dejó sin efectos la norma de 2015 que suspendía el uso del glifosato mediante aspersión aérea para erradicar cultivos ilícitos.
La decisión significa un cambio frente a la política adoptada hace más de una década y está relacionada con la promesa de campaña de De la Espriella de fortalecer las estrategias de erradicación de los cultivos de coca.
Sin embargo, la derogatoria no significa que las fumigaciones aéreas puedan comenzar inmediatamente. El propio Gobierno estableció que antes de reactivar el programa deberá cumplir una serie de condiciones ambientales y sociales fijadas por la Corte Constitucional.
Gobierno dejó sin efectos la resolución de 2015
La norma que fue derogada corresponde a la Resolución 6 de 2015, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, mediante la cual se ordenó suspender el uso del glifosato en operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea.
Esta decisión fue adoptada durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, en un contexto marcado por el proceso de paz con las entonces Farc.
Ahora, más de diez años después, la administración de De la Espriella decidió retirar esa prohibición del marco normativo, con el objetivo de abrir nuevamente la posibilidad de utilizar esta herramienta dentro de la lucha contra el narcotráfico.
La aspersión no comenzará automáticamente
Uno de los puntos más importantes de la nueva decisión es que derogar la resolución de 2015 no autoriza automáticamente la fumigación aérea.
El Gobierno deberá cumplir previamente con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, que determinó que el uso del glifosato no está prohibido de manera absoluta, pero sí está sujeto a condiciones específicas para proteger la salud, el ambiente y los derechos de las comunidades.
Por esta razón, la nueva resolución señala expresamente que su derogatoria no implica la reanudación automática del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea ni autoriza por sí misma operaciones desde aeronaves tripuladas.
ANLA deberá cumplir un requisito ambiental
Uno de los principales requisitos está relacionado con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Antes de poner en marcha nuevamente el programa, deberá existir un Plan de Manejo Ambiental General vigente para la actividad de aspersión aérea, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Corte Constitucional.
Este requisito busca establecer las medidas de prevención, manejo y seguimiento necesarias frente a los posibles impactos ambientales que pueda generar la utilización de herbicidas en las zonas donde se desarrollen las operaciones.
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También deberán consultar a comunidades étnicas
Otro de los requisitos establecidos está relacionado con las comunidades étnicas que puedan encontrarse en las zonas seleccionadas para desarrollar eventuales operaciones.
El Gobierno deberá agotar los procesos de consulta previa correspondientes, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y con los parámetros definidos por la Corte Constitucional.
Esto significa que la eventual reactivación del programa deberá avanzar por una ruta institucional que incluye aspectos ambientales, jurídicos y de participación de las comunidades.
Una promesa central de De la Espriella
La decisión se conecta directamente con la política de seguridad y lucha contra el narcotráfico que el presidente planteó durante su campaña.
De la Espriella había anunciado su intención de recuperar estrategias de fumigación para enfrentar los cultivos ilícitos. Después de asumir la Presidencia, reiteró que buscaría reactivar la erradicación mediante aspersión, pero respetando los parámetros establecidos por la Corte Constitucional.
El debate también ha incluido la posibilidad de utilizar otros herbicidas diferentes al glifosato. El Espectador reportó recientemente que dentro de las alternativas analizadas aparece el glufosinato de amonio, aunque su utilización también genera interrogantes sobre efectividad, impacto ambiental y protección de las comunidades.
El debate sobre la fumigación vuelve al país
La decisión del Gobierno vuelve a poner sobre la mesa una discusión que durante años ha dividido a autoridades, expertos, comunidades y organizaciones sociales.
Mientras sus defensores consideran que la aspersión puede ser una herramienta para reducir rápidamente los cultivos ilícitos, sus críticos han advertido sobre los posibles efectos ambientales y sociales de este mecanismo.
Por ahora, el Gobierno no puede iniciar automáticamente las fumigaciones aéreas. Primero deberá cumplir los requisitos ambientales y de consulta previa establecidos por la Corte Constitucional.
La derogatoria de la resolución de 2015 representa, por tanto, el primer paso normativo para cambiar nuevamente la política de erradicación, pero la eventual reactivación del programa dependerá del cumplimiento de las condiciones exigidas por las autoridades judiciales y ambientales.
