El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de Ley de Competencias que reglamenta la reforma al Sistema General de Participaciones y plantea incrementar gradualmente, durante los próximos 12 años, los recursos destinados a departamentos, municipios y territorios indígenas.
El Gobierno Nacional radicó este miércoles ante el Congreso de la República el esperado proyecto de Ley de Competencias, una iniciativa que busca reglamentar la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) y avanzar en la descentralización de los recursos públicos en Colombia. La propuesta establece cómo se distribuirán las funciones y los recursos entre la Nación, los departamentos, los municipios, los distritos y los territorios indígenas durante los próximos años.
El proyecto fue presentado de manera conjunta por los ministerios de Hacienda y del Interior y cumple con un compromiso pendiente desde 2024, cuando el Congreso aprobó la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Ahora será el Legislativo el encargado de debatir una iniciativa que define el futuro de la financiación territorial en el país.
¿Qué busca la Ley de Competencias?
La iniciativa desarrolla la reforma al Sistema General de Participaciones, mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere recursos a las entidades territoriales para financiar sectores esenciales como educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
El proyecto, compuesto por 356 páginas y 176 artículos, busca establecer de manera clara cuáles serán las competencias de cada nivel de gobierno y cómo se distribuirán los recursos públicos para garantizar una mayor autonomía territorial.
Uno de los principales objetivos es fortalecer la descentralización administrativa y financiera, permitiendo que departamentos, municipios y territorios indígenas tengan una mayor participación en los ingresos corrientes de la Nación.
Más recursos para las regiones durante los próximos 12 años
El punto central del proyecto establece que el Sistema General de Participaciones deberá pasar del 29,5 % actual al 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación.
Este incremento no se realizará de manera inmediata, sino gradualmente durante un periodo de 12 años, distribuyendo en partes iguales los diez puntos porcentuales adicionales que contempla la reforma.
Además, el texto prevé una revisión especial en 2027, cuando el Ministerio de Hacienda deberá ajustar los cálculos una vez se conozca el recaudo efectivo de los ingresos corrientes correspondientes a 2026.
Con esta medida, el Gobierno busca garantizar que las entidades territoriales cuenten progresivamente con mayores recursos para atender sus responsabilidades.
Así se distribuirían los recursos
El proyecto también define la forma en que se repartirán los recursos del Sistema General de Participaciones entre los diferentes sectores.
Del denominado SGP primario, el 96 % se distribuiría de la siguiente manera:
- 58,5 % para educación.
- 24,5 % para salud.
- 11,6 % para propósito general.
- 5,4 % para agua potable y saneamiento básico.
El 4 % restante correspondería a asignaciones especiales con destinaciones específicas:
- 2,9 % para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
- 0,52 % para resguardos indígenas legalmente constituidos.
- 0,5 % para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en municipios y distritos.
- 0,08 % para municipios con jurisdicción sobre el río Grande de la Magdalena, distribuidos según la extensión de su ribera.
¿Cómo se distribuirá el incremento anual?
La propuesta también establece las reglas para repartir los recursos adicionales que ingresarán al Sistema General de Participaciones conforme aumente el porcentaje de participación de las regiones.
El proyecto señala que, antes de cualquier distribución, se garantizará un 1 % para los resguardos indígenas y un 5 % para un fondo destinado al monitoreo y control del gasto territorial.
Posteriormente, del saldo restante:
- 80 % se destinará a reducir brechas en salud, educación, agua potable y saneamiento básico.
- 20 % será distribuido entre municipios, distritos y programas orientados al desarrollo económico de los departamentos.
Con la radicación de esta iniciativa, el Gobierno abre el debate legislativo sobre uno de los proyectos más importantes para la organización territorial del país. De ser aprobado por el Congreso, Colombia iniciaría un proceso gradual de fortalecimiento financiero para las regiones, con el propósito de otorgar mayores competencias y recursos a los gobiernos locales para atender las necesidades de sus comunidades.
