Gabriela Muñoz, sus familiares y varios funcionarios son señalados de influir en nombramientos, contratación y decisiones estratégicas dentro de la Aeronáutica Civil. Las denuncias ya son objeto de investigación por parte de las autoridades.
La Aeronáutica Civil quedó en el centro de un nuevo escándalo a pocos días del cambio de Gobierno, luego de que salieran a la luz denuncias sobre una presunta red de poder que habría controlado nombramientos, contratos y decisiones internas de la entidad. Según reveló la revista Semana y tras las declaraciones realizadas por Angie Rodríguez, gerente saliente del Fondo Adaptación, la activista Gabriela Muñoz y varios integrantes de su familia habrían ejercido una fuerte influencia dentro de la Aerocivil durante los últimos meses del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Las acusaciones apuntan a una estructura familiar que, presuntamente, logró ubicar a varios de sus integrantes en cargos estratégicos y participar en procesos relacionados con millonarios contratos públicos, una situación que actualmente es revisada por organismos de control.
Denuncias señalan una red familiar dentro de la Aerocivil
El caso tomó fuerza después de que Angie Rodríguez asegurara públicamente que Gabriela Muñoz «manejó a su antojo la Aeronáutica Civil», afirmación que abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre el funcionamiento interno de la entidad.
Según la investigación periodística, Gabriela Muñoz ingresó a la Aerocivil el 30 de mayo de 2025 como auxiliar grado uno, el mismo día en que también fue vinculado su hermano Santiago Muñoz, quien fue asignado al grupo de vuelos.
De acuerdo con testimonios recopilados por Semana, ambos habrían adquirido una influencia considerable dentro de la entidad tras la llegada de Luis Alfonso Martínez Chimenty a la Dirección General de la Aerocivil.
Varios funcionarios consultados por ese medio aseguraron que Gabriela participaba en decisiones relacionadas con nombramientos, traslados y despidos, mientras que su hermano Santiago tendría incidencia en procesos contractuales de alto valor económico.
La influencia de la familia Muñoz
La investigación también menciona a Liliana de las Mercedes Olaya, madre de Gabriela y Santiago Muñoz, quien reconoció públicamente haber gestionado el ingreso de sus hijos y otros familiares a la Aerocivil.
Según las versiones recopiladas por Semana, Olaya habría fortalecido su cercanía con el Gobierno tras desempeñarse en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), donde llegó a ocupar funciones relacionadas con la coordinación de análisis de la Dirección de Contrainteligencia.
Fuentes consultadas por ese medio sostienen que esa cercanía habría facilitado la llegada de sus familiares a la Aerocivil.
Además de los hermanos Muñoz, también aparecen mencionados otros presuntos familiares como Silvana María Muñoz, Samuel Muñoz y Daniel Felipe Arias, quienes igualmente habrían sido vinculados a la entidad.
Contratos millonarios bajo la lupa
Uno de los aspectos más delicados del caso corresponde a los procesos contractuales.
Según la investigación, varios funcionarios señalaron que existía un círculo de confianza conformado por Gabriela Muñoz, Santiago Muñoz y Daniel Felipe Suárez Estrada, entonces secretario de Servicios Aeroportuarios.
Ese grupo, presuntamente, habría participado en decisiones relacionadas con contratos de gran cuantía, entre ellos uno cercano a los 78.000 millones de pesos para vigilancia aeroportuaria y otro por aproximadamente 20.000 millones de pesos destinado a servicios de cafetería y transporte.
Ambos procesos recibieron centenares de observaciones y finalmente no fueron adjudicados.
Igualmente, se conocieron documentos internos que advierten presuntas irregularidades en varios proyectos relacionados con infraestructura aeroportuaria, seguros institucionales, gestión documental, transporte y obras civiles, donde abogados de la entidad habrían alertado sobre riesgos jurídicos, posibles gastos sin respaldo presupuestal y deficiencias en la planeación contractual.
Exfuncionarios denunciaron presiones internas
La publicación también revela la existencia de cartas de renuncia, conceptos jurídicos y comunicaciones oficiales en las que algunos funcionarios manifestaron sentirse presionados para firmar documentos o aprobar procesos con los que no estaban de acuerdo.
Entre los casos expuestos aparece el de una exasesora jurídica que advirtió presuntas irregularidades en un proceso de contratación directa relacionado con el sistema de gestión documental de la entidad.
Asimismo, otro informe elaborado por una contratista jurídica habría identificado inconsistencias en proyectos que, en conjunto, representarían aproximadamente 36.000 millones de pesos entre adiciones presupuestales, modificaciones contractuales y posibles riesgos fiscales.
Las autoridades ya investigan el caso
De acuerdo con la información publicada, la Procuraduría General de la Nación adelantaría al menos cinco investigaciones disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en participación política, nombramientos, convenios y modificaciones presupuestales dentro de la Aerocivil.
Por su parte, también se investigan posibles extralimitaciones de funciones, contratación y manejo de recursos públicos durante los últimos meses del Gobierno Petro.
Hasta el cierre de la publicación de Semana, Gabriela Muñoz, Daniel Felipe Suárez Estrada y otros funcionarios mencionados no habían emitido una respuesta pública frente a las acusaciones.
Las investigaciones continúan en manos de los organismos competentes, que deberán establecer si existieron responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales derivadas de los hechos denunciados.
