La Operación Amón fue ejecutada el 27 de agosto en zona rural de El Retorno. El Gobierno reportó 10 integrantes muertos, un capturado y un menor recuperado; Medicina Legal confirmó que tres fallecidos tenían entre 15 y 16 años.
La Operación Amón, ejecutada el pasado 27 de agosto por las Fuerzas Militares contra estructuras de las disidencias de alias Calarcá en zona rural de El Retorno, Guaviare, vuelve a generar controversia nacional luego de que las autoridades confirmaran que tres menores de edad murieron durante el operativo.
La operación había sido presentada inicialmente por el Gobierno como un golpe contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño, pertenecientes a la facción de Calarcá. El primer balance entregado por el presidente Abelardo De la Espriella reportó ocho integrantes de la estructura dados de baja, además de la incautación de armamento.
Sin embargo, con el avance de las labores de identificación de los cuerpos, Medicina Legal confirmó que tres de los diez fallecidos eran menores de edad, de 15, 15 y 16 años.
¿Cómo fue el bombardeo contra las disidencias?
La operación se desarrolló durante la madrugada del 27 de agosto en una zona rural de El Retorno, en inmediaciones del río Inírida.
Según el reporte oficial, las Fuerzas Militares realizaron un bombardeo de precisión contra campamentos utilizados por integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño y posteriormente desplegaron comandos para ingresar a la zona y asegurar el área.
El presidente De la Espriella confirmó la operación y aseguró que se trataba de una acción ofensiva contra las estructuras armadas asociadas a alias Calarcá.
El mandatario informó inicialmente que ocho integrantes habían muerto y que habían sido incautados 11 fusiles, cinco ametralladoras y abundante material de intendencia.
Posteriormente, el balance oficial fue actualizado a 10 integrantes muertos y una persona capturada, además de un menor de edad recuperado durante la operación.
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Alias Urías Perdomo estaría entre los muertos
Uno de los nombres que apareció entre las víctimas del operativo fue el de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias ‘Urías Perdomo’, señalado como uno de los hombres de confianza de Calarcá.
Según información conocida por Semana, Urías Perdomo había tenido un papel dentro de las estructuras de Calarcá y había sido detenido en 2024 durante un polémico desplazamiento de integrantes de esa organización en Antioquia.
Posteriormente quedó en libertad y volvió a las filas de la estructura armada.
La Fiscalía confirmó que las autoridades investigaban su posible muerte durante la operación, mientras avanzaba la identificación de los cuerpos.
La estructura había sido señalada por la muerte de militares
El operativo también está relacionado con una estructura que, según fuentes militares citadas por Semana, habría participado en una emboscada contra militares ocurrida en abril de 2025 en Guaviare.
En ese ataque murieron seis uniformados. La investigación de inteligencia relacionó el hecho con integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Isaías Pardo, cuyo cabecilla señalado era Edwuar Cardona Marín, alias Giovanni Hernández.
Las autoridades estimaban que esta estructura tendría alrededor de 150 hombres armados y que mantenía una confrontación con otras facciones de las disidencias de las Farc.
Por esta razón, la operación fue presentada por el Gobierno como una acción para afectar una estructura considerada prioritaria dentro de la ofensiva contra los grupos armados ilegales.
Confirman la muerte de tres menores
La revelación que cambió el alcance de la controversia fue la confirmación de que tres de los diez fallecidos eran menores de edad.
Medicina Legal estableció que dos tenían 15 años y uno tenía 16. Además, el Ministerio de Defensa informó que durante el operativo fue recuperado otro menor, cuyos derechos fueron restablecidos.
El Gobierno sostuvo que los menores estaban vinculados a la estructura armada y que se encontraban en función continua de combate.
El Ministerio de Defensa calificó el reclutamiento y utilización de menores por parte de grupos armados como un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.
Gobierno defiende la legalidad de la operación
Ante las críticas surgidas tras conocerse la muerte de los menores, el Ministerio de Defensa aseguró que la operación fue planeada y ejecutada teniendo en cuenta los estándares legales aplicables a este tipo de acciones militares.
La cartera también rechazó el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de organizaciones armadas ilegales y anunció que se trabaja en una estrategia para fortalecer la persecución contra quienes participan en estas prácticas.
El Gobierno ha insistido en que la responsabilidad por la presencia de menores en estructuras armadas corresponde a los grupos que los reclutan y utilizan.
¿Qué armamento fue incautado?
El balance actualizado del Ministerio de Defensa da cuenta de un importante arsenal encontrado durante la operación.
Entre los elementos incautados aparecen:
- 19 fusiles
- 7 ametralladoras
- 15 armas cortas
- 184 minas antipersonales
- 20 granadas para dron
- 22 granadas para mortero
- 8 granadas de 40 milímetros
- Más de 29.000 municiones
- Un mortero de 60 milímetros y otros elementos de guerra.
Estos elementos serán incorporados a las investigaciones para establecer las capacidades y actividades de la estructura atacada.
Segundo bombardeo del Gobierno de De la Espriella
La Operación Amón constituye uno de los primeros grandes golpes militares del Gobierno de Abelardo De la Espriella y el segundo bombardeo ordenado durante sus primeras semanas en el poder.
El Ejecutivo ha anunciado una política de ofensiva directa contra las estructuras armadas ilegales, especialmente aquellas dedicadas al narcotráfico, extorsión, secuestro y control territorial.
La operación en Guaviare, sin embargo, también abrió una discusión sobre los límites de este tipo de acciones cuando existe la posibilidad de que haya menores dentro de los campamentos.
Mientras las autoridades defienden la legalidad del operativo y responsabilizan a los grupos armados por el reclutamiento de menores, organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido que se revisen las circunstancias en las que fue ejecutado el bombardeo y las medidas adoptadas para prevenir afectaciones a menores.
La investigación continúa para establecer plenamente la identidad de las víctimas, las circunstancias de su muerte y las responsabilidades que correspondan.
