La Unidad Nacional de Protección recurrió a una contratación directa para evitar que más de 1.200 beneficiarios quedaran sin esquema de seguridad mientras permanece suspendida una millonaria licitación.
La UNP tuvo que recurrir a una contratación directa por más de $20.900 millones para garantizar la continuidad de los esquemas de seguridad de más de 1.200 beneficiarios, luego de que el principal proceso de contratación de escoltas quedara suspendido por una decisión judicial.
La medida fue adoptada bajo la figura de urgencia manifiesta, en medio de una situación administrativa y judicial que se originó durante la anterior administración y que terminó siendo asumida por el gobierno de Abelardo de la Espriella.
El problema comenzó con una licitación que inicialmente contemplaba un presupuesto de $825.687 millones para atender los servicios de protección en diez regiones del país. Sin embargo, la falta de recursos obligó a modificar el proceso y reducir considerablemente su alcance.
5 claves del nuevo contrato de la UNP
1. El contrato supera los $20.900 millones
La Unidad Nacional de Protección adjudicó directamente un contrato por $20.901 millones a la Unión Temporal Andinos-040.
La decisión tuvo como principal objetivo evitar que más de 1.200 personas beneficiarias de esquemas de protección quedaran sin escoltas mientras se resuelve la situación jurídica de la licitación principal.
La contratación permitirá mantener la operación en Bogotá, Cundinamarca, Cauca y Norte de Santander, donde la unión temporal ya contaba con personal e infraestructura para prestar el servicio.
2. La licitación original era de $825.687 millones
El proceso que terminó suspendido había sido estructurado durante las últimas semanas del gobierno de Gustavo Petro.
La iniciativa contemplaba inicialmente una inversión de $825.687 millones para contratar los servicios de protección en diez regiones del país. Sin embargo, el presupuesto disponible terminó siendo mucho menor.
La UNP explicó que el Ministerio de Hacienda no asignó la totalidad de los recursos solicitados, por lo que tuvo que rediseñar la convocatoria.
Finalmente, el proceso quedó limitado a las zonas 1 y 2, con un presupuesto cercano a $78.000 millones y una ejecución prevista hasta septiembre de 2026 o hasta que se agotaran los recursos.
3. Más de 70 tutelas frenaron el proceso
La situación se complicó cuando fueron presentadas más de 70 acciones de tutela contra la licitación.
Una de ellas produjo una medida provisional que terminó suspendiendo el proceso de contratación.
El 17 de julio, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira ordenó detener inmediatamente las actuaciones relacionadas con la adjudicación.
El despacho judicial encontró cuestionamientos relacionados con la división territorial del contrato y advirtió sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales como el trabajo y el mínimo vital de los demandantes.
4. El contrato anterior ya había llegado al límite legal
Otro elemento que presionó a la UNP fue el agotamiento de los recursos del contrato que mantenía la operación en la denominada Zona 1.
Ese contrato había sido firmado en mayo de 2026 con la Unión Temporal Andinos-040, y posteriormente recibió varias prórrogas y adiciones presupuestales.
El acuerdo pasó de un valor inicial de $48.474 millones a $72.711 millones.
Con esa modificación alcanzó el máximo permitido por la Ley 80 de 1993, que establece que las adiciones no pueden superar el 50 % del valor original del contrato.
5. La UNP declaró la urgencia manifiesta
Ante la suspensión de la nueva licitación y la imposibilidad de continuar ampliando el contrato vigente, la UNP declaró una urgencia manifiesta.
Con esta figura pudo realizar una contratación directa para garantizar la continuidad de los esquemas de protección.
La medida buscó evitar un escenario en el que más de 1.200 beneficiarios pudieran quedarse sin los servicios de seguridad asignados.
¿Por qué se necesitaba contratar de manera urgente?
La principal preocupación de la UNP era que la suspensión judicial de la licitación dejara sin una solución inmediata a los beneficiarios de los esquemas de protección.
Mientras el proceso judicial continúa, la entidad necesitaba mantener funcionando los servicios de escolta.
La contratación directa permitió cubrir temporalmente esa necesidad y evitar una interrupción de los esquemas de seguridad.
La decisión, por tanto, se presenta como una medida excepcional mientras se define el futuro de la licitación suspendida.
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¿Qué pasó con la licitación de escoltas?
El proceso comenzó durante el gobierno anterior y tenía un alcance mucho mayor al que finalmente pudo ejecutarse.
El plan inicial contemplaba diez regiones y recursos por $825.687 millones, pero la disponibilidad presupuestal obligó a reducirlo a las zonas 1 y 2.
La UNP justificó parte de las modificaciones por el aumento de los costos asociados con el deterioro de las condiciones de seguridad en varias regiones, especialmente en el Catatumbo, además del fortalecimiento de los esquemas de protección para candidatos durante las elecciones.
El proceso recibió además 184 observaciones de 34 empresas y uniones temporales interesadas.
Sin embargo, las acciones judiciales terminaron frenando la adjudicación.
¿Quién recibió el contrato de $20.901 millones?
La contratación directa fue adjudicada a la Unión Temporal Andinos-040, organización que ya contaba con personal e infraestructura para continuar con la operación en las regiones incluidas en el nuevo contrato.
La entidad recurrió a esta alternativa debido a la necesidad de garantizar la continuidad de la protección mientras permanece suspendido el proceso de contratación principal.
Un nuevo contrato en medio de cuestionamientos
La contratación también generó atención debido a que, según la información revisada por Cambio y citada por El Colombiano, el mismo día de la declaratoria de urgencia manifiesta la unión temporal modificó su acuerdo interno para ampliar su objeto y poder participar en futuros contratos con la UNP, sin importar la modalidad de contratación.
No obstante, la propia publicación advierte que la coincidencia de las fechas no constituye por sí sola una irregularidad.
La contratación tuvo como finalidad mantener los esquemas de seguridad mientras se define el futuro de la licitación suspendida judicialmente.
El reto de la UNP durante la transición de gobierno
La situación pone de manifiesto las dificultades administrativas que enfrenta la UNP para garantizar la continuidad de los esquemas de seguridad.
La entidad debe responder a una demanda creciente de protección en diferentes regiones del país, al mismo tiempo que enfrenta procesos de contratación sometidos a restricciones presupuestales y decisiones judiciales.
En este caso, la suspensión de la licitación y el límite alcanzado por el contrato vigente dejaron a la entidad con pocas alternativas para evitar una interrupción del servicio.
¿Qué sigue para la contratación de escoltas?
El contrato de $20.901 millones funciona como una salida temporal ante la suspensión del proceso principal.
La UNP deberá esperar la evolución del proceso judicial que mantiene detenida la licitación y determinar cómo continuará la contratación de los servicios de protección.
Mientras tanto, la prioridad es garantizar que los beneficiarios de los esquemas de seguridad no queden desprotegidos.
