El Gobierno puso fin a la designación de sus representantes ante el ELN y el Clan del Golfo, marcando distancia de la estrategia de “paz total” implementada durante el gobierno anterior.
El presidente Abelardo de la Espriella puso fin a la designación de los representantes del Gobierno que participaban en los diálogos con el ELN y el Clan del Golfo. La decisión marca un nuevo capítulo en la política de paz y seguridad de Colombia.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tomó una decisión que modifica de manera importante la estrategia de negociación con grupos armados ilegales que había sido impulsada durante la administración anterior.
El mandatario revocó la designación de los negociadores oficiales del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, de acuerdo con reportes de medios nacionales, también puso fin a la designación de los representantes que participaban en acercamientos con el denominado Clan del Golfo.
La medida se conoce en un momento en el que el nuevo Gobierno viene desmontando diferentes componentes de la política de “paz total” implementada durante la administración de Gustavo Petro.
La decisión genera interrogantes sobre el futuro de los diálogos con las estructuras armadas y sobre la estrategia que adoptará el Ejecutivo frente a los grupos ilegales que mantienen presencia en diferentes regiones del país.
5 CLAVES de la decisión de De la Espriella
1. Revocan a los negociadores con el ELN
Uno de los puntos centrales de la decisión es la revocatoria de la designación de los negociadores del Gobierno ante el ELN.
Los representantes oficiales habían sido encargados de participar en los diferentes espacios establecidos para intentar avanzar hacia un eventual acuerdo de paz con esta organización armada.
Con la nueva decisión, el Gobierno de De la Espriella pone fin a esas designaciones y abre un escenario diferente para la relación con el grupo guerrillero.
2. También termina la designación con el Clan del Golfo
La medida no se limita al ELN.
El Gobierno también revocó la designación de los representantes que participaban en los acercamientos con el Clan del Golfo, estructura que también ha sido denominada Ejército Gaitanista de Colombia.
Esto significa que la decisión tiene un alcance mayor y afecta dos procesos de diálogo que habían sido considerados dentro de la estrategia de negociación del gobierno anterior.
3. El Gobierno marca distancia de la “paz total”
La decisión representa uno de los movimientos más claros del nuevo Gobierno para modificar la política de “paz total”.
Durante el mandato de Gustavo Petro se impulsaron conversaciones simultáneas con diferentes organizaciones armadas, con la intención de reducir la violencia mediante negociaciones.
El Gobierno actual viene adoptando un enfoque diferente, con mayor énfasis en seguridad, combate al narcotráfico y fortalecimiento de la capacidad operacional del Estado.
El cambio también ocurre después de que De la Espriella ordenara el cierre anticipado de una zona de ubicación temporal en Valle del Guamuez, Putumayo, donde permanecían integrantes de los Comandos de Frontera que habían iniciado un proceso de desarme.
4. El presidente cuestionó el costo de los diálogos
Otro elemento que ha llamado la atención es la crítica del mandatario frente a los recursos destinados a quienes participaron en los procesos de negociación.
De la Espriella afirmó que a los negociadores del Gobierno se les habían pagado aproximadamente $7.000 millones y cuestionó el destino de esos recursos.
El señalamiento se convierte en uno de los argumentos políticos utilizados por el mandatario para justificar el cambio de rumbo.
5. Colombia entra en una nueva etapa de seguridad
La decisión ocurre mientras el Gobierno busca fortalecer su cooperación internacional en materia de seguridad.
En los últimos días, De la Espriella ha profundizado la relación con Estados Unidos, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.
Durante la visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, ambos gobiernos anunciaron una mayor cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico. Colombia también ha solicitado apoyo en materia de drones, radares y otras herramientas para combatir estas estructuras.
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¿Qué significa la decisión para el ELN?
La revocatoria de los negociadores representa un cambio significativo frente al proceso que se había desarrollado con el ELN.
Durante los últimos años se habían instalado diferentes mesas y escenarios de conversación con el objetivo de alcanzar acuerdos relacionados con el cese de hostilidades, participación de comunidades y transformación territorial.
Sin embargo, el proceso enfrentó múltiples dificultades y períodos de suspensión.
El Gobierno de De la Espriella ahora deberá definir si existe algún mecanismo alternativo para abordar la situación del ELN o si la prioridad será exclusivamente la acción de la Fuerza Pública.
La decisión también puede tener repercusiones en regiones donde la presencia de esta organización armada continúa generando desplazamientos, amenazas y enfrentamientos.
¿Qué pasa con el Clan del Golfo?
El Clan del Golfo también queda fuera del esquema de negociadores que había sido establecido durante el Gobierno Petro.
La organización ha sido señalada por las autoridades como una de las principales estructuras criminales del país y tiene presencia en diferentes departamentos.
Los acercamientos con esta organización habían generado debate político debido a la naturaleza criminal de parte de sus actividades y a las dificultades para establecer un proceso de negociación.
Con la revocatoria, el Gobierno actual deberá definir qué estrategia implementará frente a esta estructura.
El Gobierno cambia el enfoque de la política de paz
El giro no ocurre de manera aislada.
Desde su llegada a la Presidencia, De la Espriella ha mostrado una postura más enfocada en seguridad, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento militar.
La administración también ha buscado profundizar la cooperación con Estados Unidos.
Precisamente, Reuters reportó recientemente que Colombia solicitó a Washington apoyo con drones, radares y herramientas antinarcóticos, dentro de una estrategia de cooperación reforzada entre ambos países.
Este enfoque contrasta con la estrategia de Petro, que buscó avanzar simultáneamente en negociaciones con diferentes grupos armados.
¿Se acabarán los diálogos de paz?
La revocatoria de los negociadores no significa necesariamente que cualquier posibilidad futura de diálogo esté cerrada de manera permanente.
Lo que cambia es la estructura y las personas designadas para representar al Gobierno en los procesos existentes.
El Ejecutivo tendrá que establecer si posteriormente designará nuevos representantes, si modificará las condiciones de una eventual negociación o si optará por una estrategia centrada en operaciones de seguridad.
Por ahora, la decisión marca una ruptura con el esquema de negociación que venía desarrollándose.
El antecedente de Putumayo
Otro de los movimientos recientes del Gobierno ayuda a entender el nuevo rumbo.
El Ejecutivo ordenó el cierre anticipado de la Zona de Ubicación Temporal de Valle del Guamuez, donde se encontraban integrantes de los Comandos de Frontera que habían entregado sus armas y estaban en proceso de reincorporación.
La zona estaba inicialmente prevista hasta diciembre, pero el Gobierno decidió finalizarla antes de esa fecha. La medida generó preocupación entre organizaciones que acompañaban el proceso por los posibles riesgos para los excombatientes.
Una política de seguridad con mayor protagonismo internacional
El cambio de estrategia también coincide con una relación más estrecha entre Colombia y Estados Unidos.
La visita de Marco Rubio a Colombia estuvo acompañada de anuncios sobre cooperación en seguridad, lucha contra las drogas y estabilidad regional.
El Gobierno colombiano busca posicionarse como un aliado estratégico de Washington en la lucha contra los carteles y las organizaciones criminales.
Este nuevo escenario puede tener influencia directa en la manera como Colombia enfrenta al ELN, al Clan del Golfo y a otras estructuras armadas.
¿Qué viene para Colombia?
El principal interrogante ahora es cuál será la estrategia definitiva del Gobierno frente a los grupos armados.
La revocatoria de los negociadores deja en suspenso los mecanismos que se habían construido durante la administración anterior y obliga al Ejecutivo a definir nuevos caminos.
El Gobierno deberá combinar su estrategia de seguridad con las obligaciones constitucionales y legales relacionadas con la búsqueda de la paz.
Mientras tanto, las regiones afectadas por la presencia de grupos armados esperan resultados concretos en materia de seguridad, reducción de desplazamientos y recuperación del control territorial.
La decisión de De la Espriella marca, en definitiva, un giro contundente en la política de paz de Colombia y abre una nueva etapa en la relación del Estado con las organizaciones armadas ilegales.
