Juliana Guerrero aceptó responsabilidad por fraude procesal y acordó una pena de tres años, pero el juez deberá aprobar el preacuerdo y definir si puede cumplir la sanción en libertad.
La investigación contra Juliana Guerrero por el caso de los títulos universitarios falsos dio un giro este miércoles 9 de septiembre. La joven llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal y recibiría una pena de tres años de prisión.
Sin embargo, aunque la pena acordada es de 36 meses, Guerrero no necesariamente tendría que ingresar a una cárcel. El acuerdo contempla la posibilidad de una suspensión de la ejecución de la pena, decisión que deberá ser revisada y avalada por un juez de la República.
El acuerdo se conoció durante la audiencia virtual de formulación de acusación que se desarrolló este miércoles. La Fiscalía explicó que, como parte de la negociación, modificó el grado de participación atribuido a Guerrero de autora a cómplice, lo que permitió establecer una pena de tres años.
5 claves del caso de Juliana Guerrero
1. Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad
Durante la audiencia, la Fiscalía informó que Guerrero aceptó los términos del preacuerdo y reconoció responsabilidad por fraude procesal.
La investigación está relacionada con la presentación de documentos académicos que acreditaban estudios que, según las pruebas recopiladas por la Fiscalía, no habría realizado en las condiciones requeridas.
Los documentos fueron utilizados para acreditar su formación académica y acceder a cargos dentro del Gobierno de Gustavo Petro.
Posteriormente, Guerrero también ofreció disculpas públicamente y manifestó que asumiría las consecuencias de sus actuaciones.
2. La pena acordada sería de tres años
Uno de los puntos centrales del preacuerdo es la pena pactada.
Según la información conocida por El Colombiano, Guerrero sería condenada a tres años de prisión, equivalentes a 36 meses.
No obstante, la condena todavía depende de la decisión del juez que deberá analizar el contenido del acuerdo y determinar si cumple con los requisitos legales.
Por eso, el preacuerdo no equivale todavía a una sentencia definitiva.
3. ¿Por qué no iría a la cárcel?
La posibilidad de que Guerrero no termine en un establecimiento penitenciario está relacionada con la suspensión de la ejecución de la pena.
Esta figura permite que una persona condenada pueda cumplir la sanción en libertad cuando se cumplen las condiciones establecidas por la legislación y por el juez.
En este caso, la Fiscalía y la defensa contemplaron esta posibilidad dentro de la negociación. Sin embargo, será el juez quien tenga la última palabra sobre la aprobación del acuerdo y las condiciones que correspondan.
4. Los títulos fueron utilizados para llegar a cargos públicos
El origen del escándalo está relacionado con dos documentos académicos atribuidos a la Fundación Universitaria San José.
Se trata de un título como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro como profesional en Contaduría Pública. Según la investigación, ambos documentos fueron utilizados para acreditar la formación académica de Guerrero.
La Fiscalía sostiene que Guerrero cargó los documentos al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) y los presentó ante el Ministerio de la Igualdad con el propósito de cumplir los requisitos para acceder al cargo de viceministra de las Juventudes.
5. Otro funcionario de la Fundación San José ya fue condenado
El caso también involucra a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñó como secretario general de la Fundación de Educación Superior San José.
Gutiérrez llegó previamente a un acuerdo con la Fiscalía y fue condenado a tres años de prisión por su participación en la expedición de los documentos académicos cuestionados.
Al igual que en el caso de Guerrero, recibió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por lo que no tuvo que permanecer en prisión mientras cumpla las condiciones establecidas por la justicia.
¿Qué pasó con los títulos de Juliana Guerrero?
La investigación estableció que los documentos correspondían a estudios que Guerrero no habría completado bajo las condiciones académicas exigidas.
Según la información divulgada durante el proceso, la joven no habría presentado las pruebas requeridas ni cumplido con las actividades académicas necesarias para obtener los títulos.
La Fundación San José posteriormente anuló las acreditaciones luego de que el caso saliera a la luz.
La Fiscalía sostiene que los diplomas fueron expedidos pese a que no se habían cumplido los requisitos necesarios para obtenerlos.
¿Cómo llegaron los documentos al Gobierno?
Uno de los elementos centrales de la investigación está relacionado con el SIGEP II, plataforma utilizada para registrar información de los servidores públicos y aspirantes a determinados cargos.
Según la Fiscalía, Guerrero cargó allí los documentos académicos y posteriormente los presentó ante el Ministerio de la Igualdad.
El objetivo habría sido acreditar la formación necesaria para acceder al cargo de viceministra de las Juventudes.
El caso generó una fuerte controversia debido a que Guerrero había adquirido visibilidad dentro del Gobierno Petro y llegó a ocupar diferentes responsabilidades antes de que se conociera el escándalo.
El papel de la Fundación San José
La investigación no se concentra únicamente en Guerrero.
Uno de los principales involucrados es Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la institución educativa, quien reconoció su participación en la expedición de los documentos.
De acuerdo con la Fiscalía, habría autorizado la expedición de los dos diplomas y las respectivas actas de grado pese a que Guerrero no había cumplido los requisitos académicos.
Su condena constituye uno de los primeros desenlaces judiciales derivados del escándalo.
¿Qué debe decidir ahora el juez?
El siguiente paso está en manos de un juez penal de conocimiento de Bogotá.
La autoridad judicial deberá analizar el preacuerdo alcanzado entre Guerrero y la Fiscalía, verificar que se cumplan las condiciones legales y decidir si lo aprueba.
Solo después de ese procedimiento podrá quedar en firme la decisión judicial correspondiente.
Por eso, aunque se habla de una pena de tres años, todavía debe cumplirse el trámite judicial para determinar sus efectos definitivos.
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Guerrero pidió perdón
Después de reconocer su responsabilidad, Guerrero manifestó públicamente su arrepentimiento.
La joven afirmó que durante el tiempo que duró la investigación decidió guardar silencio por respeto al proceso y a las instituciones.
Ahora, tras aceptar el preacuerdo, deberá asumir las consecuencias jurídicas que determine el juez.
Un caso que puso bajo la lupa los títulos universitarios
El proceso contra Guerrero también abrió una discusión más amplia sobre los mecanismos utilizados para expedir y verificar títulos académicos.
La investigación alrededor de la Fundación San José ha generado cuestionamientos sobre los controles internos de la institución y sobre la forma en que algunos documentos fueron utilizados para acreditar formación profesional.
El caso de Guerrero se convirtió así en uno de los episodios más polémicos relacionados con la selección de funcionarios durante el anterior Gobierno.
¿Qué sigue para Juliana Guerrero?
Por ahora, Guerrero queda a la espera de la decisión del juez.
El preacuerdo establece una pena de 36 meses, pero contempla la posibilidad de que la sanción sea suspendida y cumplida bajo determinadas condiciones.
La decisión final no depende únicamente de la Fiscalía ni de la defensa, pues corresponde al juez evaluar y aprobar o rechazar la negociación.
Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones políticas y judiciales por la manera en que los títulos fueron obtenidos y utilizados para acceder a cargos públicos.
