Política

UNP ordena retirar los esquemas de seguridad de Juliana Guerrero y Beto Coral

La UNP ordenó retirar los esquemas de seguridad asignados a Juliana Guerrero y Beto Coral.

La Unidad Nacional de Protección tomó la decisión sobre los dos esquemas aprobados durante el Gobierno Petro; ambos tienen 10 días para presentar un recurso de revisión.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó retirar los esquemas de seguridad que actualmente tienen Juliana Guerrero y el creador de contenido Beto Coral, ambos cercanos al sector político del Pacto Histórico. La decisión fue conocida este viernes 28 de agosto y puede ser apelada por los afectados dentro de un plazo de 10 días. 

Los esquemas habían sido aprobados durante el Gobierno de Gustavo Petro, cuando Augusto Rodríguez estaba al frente de la UNP. Ahora, con la nueva decisión, la entidad determinó que estas medidas de protección deben ser retiradas.

Juliana Guerrero enfrenta investigaciones de la Fiscalía

La decisión de la UNP se conoce mientras Juliana Guerrero enfrenta un proceso judicial relacionado con presuntas irregularidades en su hoja de vida.

Según Semana, la Fiscalía le imputó cargos por presuntamente presentar títulos falsos de la Universidad San José para ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes.

Guerrero también enfrenta otras denuncias relacionadas con presuntos beneficios económicos derivados de trámites de contratos en entidades estatales durante la anterior administración.

Estos procesos hacen parte del contexto en el que la UNP revisó la situación de su esquema de protección.

Beto Coral también perderá su esquema

El segundo afectado por la decisión es Beto Coral, creador de contenido y youtuber identificado por sus posiciones políticas cercanas al petrismo.

Coral regresó recientemente a Colombia después de haber sido expulsado de Estados Unidos. Su caso generó una fuerte controversia política y fue mencionado por el Gobierno estadounidense en relación con el uso de las normas de asilo de ese país.

El creador de contenido había recibido protección de la UNP durante el Gobierno Petro y ahora también tendrá que afrontar el retiro de las medidas asignadas.

Los dos tienen 10 días para apelar

La decisión de la Unidad Nacional de Protección todavía no es definitiva.

Tanto Juliana Guerrero como Beto Coral cuentan con un plazo de 10 días para presentar un recurso de revisión y controvertir la determinación de la entidad.

Esto significa que durante los próximos días podría presentarse una nueva discusión sobre la continuidad o no de las medidas de protección.

La UNP deberá analizar los argumentos que eventualmente presenten los dos afectados antes de que quede en firme la decisión.

Una decisión que genera debate político

El retiro de los esquemas se produce en medio de un escenario político marcado por el cambio de Gobierno y la revisión de decisiones adoptadas durante la administración anterior.

La protección de personas por parte de la UNP ha sido objeto de debate en Colombia debido al costo de los esquemas, los criterios utilizados para determinar los niveles de riesgo y la necesidad de garantizar seguridad a quienes realmente enfrentan amenazas.

En el caso de Guerrero y Coral, la decisión también adquiere una dimensión política debido a sus vínculos con sectores cercanos al Gobierno Petro.

La discusión podría aumentar si los afectados deciden apelar y presentar nuevos argumentos para demostrar que requieren protección.

¿Qué sigue para Juliana Guerrero y Beto Coral?

Por ahora, ambos tienen la posibilidad de impugnar la decisión de la UNP dentro de los próximos 10 días.

Mientras se resuelve el recurso, la situación de sus esquemas de seguridad quedará sujeta al procedimiento administrativo correspondiente.

El caso de Guerrero se desarrolla además paralelamente a las investigaciones de la Fiscalía por las presuntas irregularidades en sus títulos y otras denuncias relacionadas con contratos estatales. Beto Coral, por su parte, continúa siendo una figura polémica dentro del debate político colombiano por sus posiciones y publicaciones en redes sociales.

La determinación de la UNP abre así un nuevo capítulo en la discusión sobre quiénes deben contar con protección estatal y bajo qué criterios deben mantenerse estos esquemas.

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