La decisión cobija a 46 integrantes de tres estructuras armadas y se conoce después del fin de varias mesas de diálogo y de una ola de ataques contra la Fuerza Pública.
46 órdenes de captura fueron reactivadas por la Fiscalía contra integrantes de diferentes estructuras armadas ilegales, entre ellos Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, en una decisión que se conoce después de la terminación de varias mesas de diálogo y en medio de una reciente ola de ataques contra integrantes de la Fuerza Pública.
La medida fue adoptada mediante la Resolución 00263 del 1 de septiembre de 2026, expedida por la Fiscalía General de la Nación a solicitud de la Presidencia. De acuerdo con el documento citado por El Colombiano, la decisión cobija a integrantes de tres estructuras armadas que habían tenido representantes en procesos de negociación con el anterior Gobierno.
Entre los principales nombres aparecen alias “Calarcá”, máximo líder del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), además de Diana Rey Rodríguez, alias “Érika Castro”; Javier Veloza García, alias “Jhon Mechas”; Carlos García Téllez, alias “Andrey Avendaño”, y Farby Parra Parra, alias “Richard”.
¿Quiénes están incluidos en las órdenes de captura?
Según la información publicada, de los 46 integrantes afectados por la decisión, 27 pertenecen al Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF).
Otros 13 hacen parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), estructura vinculada anteriormente con la Segunda Marquetalia. Entre los nombres mencionados aparecen José Vicente Lesmes, alias “Walter Mendoza”; Geovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, y Allende Perilla Sandoval, alias “Allende”.
Los seis restantes corresponden a integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como “Los Pachenca”. Entre ellos figura José Pérez Villanueva, alias “Cholo”.
La reactivación de estas órdenes significa que los beneficios judiciales relacionados con la suspensión de las órdenes de captura dejan de estar vigentes para los integrantes cobijados por la resolución, después de la terminación de las respectivas mesas de diálogo.
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La decisión ocurre tras varios ataques
La medida de la Fiscalía se conoce en un contexto de siete ataques contra instalaciones de la Policía y el Ejército registrados durante las primeras semanas del actual Gobierno, según el reporte de El Colombiano.
Los hechos han ocurrido en departamentos como Norte de Santander, Cauca, Bolívar y Cesar y han dejado víctimas entre civiles, policías y militares.
Uno de los episodios más recientes ocurrió el 31 de agosto en Los Patios, Norte de Santander, donde un carrobomba explotó frente a una estación de Policía. El ataque dejó un ciudadano muerto y varios heridos, entre ellos dos policías.
También se registraron ataques con drones y explosivos contra instalaciones de la Fuerza Pública en municipios como Pailitas, El Tambo, Norosí y Convención.
En este último caso, ocurrido el 13 de agosto, el Ejército informó sobre el lanzamiento de 43 artefactos explosivos desde drones contra una base militar en Convención, Norte de Santander, hecho que dejó dos militares heridos.
¿Qué pasa ahora con alias “Calarcá”?
Con la reactivación de las órdenes de captura, alias “Calarcá” vuelve a estar formalmente requerido por las autoridades, en medio de los procesos judiciales que ya se venían adelantando en su contra.
La Fiscalía había anunciado previamente su intención de avanzar en una imputación relacionada con graves delitos atribuidos al cabecilla de las disidencias, entre ellos conductas que podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El nuevo escenario también se produce después de que el Gobierno diera por terminadas las mesas de diálogo con varias de estas estructuras y revocara la designación de sus representantes.
Gobierno anuncia una nueva ofensiva contra grupos armados
El presidente Abelardo de la Espriella ha defendido una estrategia de mayor presión militar contra las organizaciones armadas ilegales.
Tras el ataque ocurrido en Los Patios, el mandatario aseguró que el Estado responderá a quienes atenten contra la población y la Fuerza Pública.
El Gobierno considera que algunos de los recientes ataques pueden estar relacionados con la ofensiva militar que se viene desarrollando contra las estructuras armadas y con la suspensión de los procesos de negociación.
La reactivación de las 46 órdenes de captura abre así una nueva etapa en la persecución judicial de varios de los principales cabecillas de estas organizaciones, mientras las autoridades mantienen operaciones militares en diferentes regiones del país.
